Damnificados de Piojó siguen clamando ayuda del Gobierno
Los habitantes manifestaron que fueron “olvidados” en medio del calvario que viven. Autoridades señalan haber entregado ayuda a afectados por ola invernal.
El transcurso de casi cuatro meses no ha sido suficiente para que las familias damnificadas en el municipio de Piojó disipen el dolor que guardan en sus corazones por la tragedia de aquel 6 de noviembre, cuando las intensas lluvias causaron el desplome total de más de 50 viviendas, así como afectaciones a otras casas ubicadas en los barrios Camino Grande y Cementerio.
Tal nostalgia de la población también se ha evidenciado en la destrucción del cementerio municipal, el cual todavía alberga algunos difuntos en bóvedas destruidas mientras las autoridades locales terminan de ejecutar el proceso de reubicación de cadáveres en otros camposantos del departamento.
Con gran angustia en sus rostros, la comunidad afectada manifestó a EL HERALDO estar defrauda por no tener respuesta inmediata por parte de las autoridades locales y nacionales para atender las necesidades que viven a diario, a sabiendas de que a finales del 2022 el Estado dejó por sentado ciertos compromisos para el bienestar de los piojoneros.
Un apoyo económico de $500 mil, un subsidio de alquiler de viviendas en Piojó, estudios de suelo en los barrios afectados y el acompañamiento psicológico solicitado para los niños y adultos mayores que hacen parte de la población damnificada fueron algunos de “los apoyos que quedaron a media marcha” o en su defecto no han alcanzado a percibir, según lo aseverado por las familias afectadas por la situación.
Alexander Charris, uno de los damnificados, afirmó que no ha existido “voluntad” de las autoridades después de la emergencia y el proceso para la reubicación ha sido “lento y desgastante”.
“El auxilio económico que nos prometió el Estado aún no ha llegado, así como tampoco los subsidios de arriendo del mes febrero por parte de la Gobernación del Atlántico. Queremos que la Alcaldía municipal nos cumpla con los estudios de suelo que acordó hacer”, dijo el morador.
Igualmente, subrayó que el centro de acopio destinado a los damnificados por la ola invernal fue cerrado: “Es preocupante, estamos a la expensas de que las autoridades nos comuniquen qué pasará con nosotros”.
Mientras tanto, Raquel García contó que siente una “profunda tristeza” al observar su alrededor y darse cuenta que no fue una pesadilla.
“No cuento con ningún tipo de recurso para cancelar el arriendo de la vivienda donde resido junto a mis hijos a raíz de la crisis invernal”, apuntó.
Por otro lado, Mirella Alonso, de manera agitada y con la mirada distraída, relató a este medio que se quedó con las manos en la cabeza luego de ver caer su casa poco a poco el día del derrumbe, puesto que fue la primera en desmoronarse por la fuerte corriente de agua que desbordaba del cementerio.
“Mis vecinos y yo recordamos con dolor este calvario y por eso le pedimos al Gobierno que centre su mirada en nuestra situación”, aseveró Alonso.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que la temporada invernal del 2022 dejó un total de 716 damnificados y 275 familias afectadas en el municipio de Piojó.
Con base a ello, la entidad entregó 600 ayudas de asistencia humanitaria de emergencia desde el 20 de agosto del año anterior hasta la fecha.
Además, se ha girado un apoyo monetario de $500 mil a 198 jefes de hogar de esa población.
La Subsecretaria de Prevención y Atención a Desastres del Atlántico sostuvo que para atender la emergencia se dispuso la entrega –de manera inmediata– de kits alimentarios, de aseo y de cocina. Asimismo se hizo la entrega de un subsidio de arriendo por 6 meses a las familias afectadas.
La subsecretaria Candelaria Hernández destacó que a las familias se les venía pagando el arriendo de manera anticipada, pero durante el mes de febrero se pagará tras el vencimiento, teniendo en cuenta los ajustes presupuestales.
Paralelo a ello, la administración puso a disposición maquinaria amarilla en el cementerio con la finalidad de prevenir cualquier alteración de salud pública. Así como también, se prestó el acompañamiento de profesionales a las personas que resultaron psicológicamente afectadas.
No obstante, se solicitó al Servicio Geológico Colombiano y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que se adelante un estudio del terreno del suelo para determinar las causas de la emergencia presentada.
