La parálisis de las obras en el canal del Dique debido a la solicitud de una licencia ambiental ha generado un sinnúmero de alertas. Desde la Contraloría General de la República se hizo un nuevo llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para evitar una terminación anticipada del contrato de concesión.
Cabe recordar que, desde noviembre del año anterior, la Contraloría ha puesto la lupa ante la posible materialización de una serie de riesgos y afectaciones a los intereses públicos ante dicha medida.
A través de una misiva firmada por Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de Infraestructura, se expone que este “ambicioso proyecto” de recuperación ambiental y ecológica fue declarado de importancia estratégica para la Nación y “que va mucho más allá de la descontaminación de la bahía de Cartagena”.
En ese sentido, la Contraloría expuso que el impacto del desarrollo de este proyecto se extiende a 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre, “produciendo grandes beneficios sociales y económicos a los más de 1.5 millones de personas ubicadas a lo largo de los 116 kilómetros de longitud del canal del Dique”.
Según los cálculos del ente de control, una liquidación anticipada implicaría que la Nación tendría que pagarle alrededor de $350 mil millones al concesionario por el desarrollo de obras menores de dragado y mejoramientos de vías.
En diferentes escenarios, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ha sido enfático al decir que se deben adoptar acciones en el menor tiempo posible para evitar afectaciones a la ciudadanía asentada en esta zona del país.
“Aunque estos riesgos fueron oportunamente alertados y advertidos por la Contraloría, creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos con pleno apego a la ley y al contrato vigente, de forma que se evite su materialización y no se conviertan en una presunta causal para generar o decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión que hace parte de una declaratoria de importancia estratégica para la Nación y que generará grandes beneficios al país”, recalcó.
Posible cobro de valorización
En la misiva, el contralor delegado también se refiere a un “eventual cobro de la contribución por valorización” por la ejecución del proyecto. Si bien manifestó que respeta las decisiones del Ejecutivo frente a dicho tema, es necesario que –de materializarse el cobro– se debe cumplir con lo estipulado en la Ley 1819 de 2016, el decreto 1618 y demás leyes y normas vigentes que sean aplicables.
