Bajar el costo de las tarifas de energía en el país, en especial en la región Caribe, ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno de Gustavo Petro. Para lograrlo ha implementado una serie de medidas y ha anunciado otras a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, viene recorriendo el país en las jornadas de socialización del borrador del proyecto de ley de tarifas de energía eléctrica para luego ser radicado ante el Congreso de la República para su aprobación.
De acuerdo con la cartera ministerial, el objetivo del proyecto es establecer mecanismos en relación con el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica y adoptar otras disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios.
Esta “maratónica” socialización comenzó en la ciudad de Valledupar a finales del mes de junio y en días pasados estuvo en Santa Marta y Medellín.
En total, son cinco regiones que visitará para dar a conocer los alcances de este borrador que no solo pretende transformar el sistema tarifario, sino que contempla focalizar la entrega de los subsidios —que actualmente se dan a los estratos 1, 2 y 3— y garantizar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.
En el caso del cambio en el sistema tarifario, Palma explicó que independizarán el cobro de la energía de otros servicios, exceptuando aquellos municipios donde se cobran conjuntamente aseo, saneamiento básico o alcantarillado.
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En ese sentido, de acuerdo con el borrador del proyecto, establecen en uno de los párrafos que “en la factura del servicio domiciliario de energía no podrán cobrarse tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio, determinado por el consumo como hecho generador del tributo”.
Otra de las propuestas es que la deuda de la opción tarifaria, que se adquirió durante la pandemia, de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de todo el país la asuman los estratos 4, 5, 6 y no residenciales.
En cuanto a los subsidios focalizados, el Gobierno busca que se beneficien los usuarios que realmente lo necesitan. En este punto, se advierte que cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia “se deberá reasignar el estrato a uno sujeto de contribuciones”.
Como novedad, este borrador propone incluir en la Creg a un representante de la academia, de los usuarios y uno más de los sindicatos.
Aunque el proyecto busca aliviar a los usuarios de los estratos más bajos, en la región Caribe muchos sectores han alzado la voz y afirman que dicho objetivo no se va a lograr y que, por el contrario, algunos de ellos se verán afectados.
Los líderes que representan a los usuarios en cada región del país aseguran que en una casa de estrato subsidiado pueden vivir 10, 11 o hasta 12 personas. Por lo cual no se puede “descontextualizar, clasificar ni recategorizar de forma arbitraria”.
Advierten además que imponer una focalización limitada y excluyente de los subsidios afectará en gran manera a los hogares más vulnerables.
En ese sentido, Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, durante su intervención en la socialización del proyecto en la ciudad de Medellín, dijo que la focalización de los subsidios por el nivel de consumo es como “talar un bosque para buscar un solo nido. No se puede justificar la eliminación de un subsidio solo por el nivel de consumo de los hogares que hoy residen en estratos 1, 2 y 3”.
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Para el líder de los usuarios, este borrador plantea dos puntos que a su parecer son “graves”; el primero es que si el consumo mensual de un hogar de estos estratos supera el promedio de consumo de los usuarios de estratos no subsidiados, se le mantiene el subsidio.
Sin embargo, si supera el doble del consumo básico, no solo se le retira el subsidio, sino que, además, se le reclasifica como contribuyente, lo que es “inaceptable”. Es decir, lo tratarán como usuario de estrato 5 o 6, lo cual es “insólito e injustificado”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en la exposición de motivos se reconoce que entre el 40 % y el 60 % de los hogares que hoy reciben subsidio —de los 18 millones y medio de hogares en Colombia, de los cuales 14 millones pertenecen a estratos 1, 2 y 3— lo perderán. Es decir, se eliminará el subsidio a más de 7 millones de colombianos.
“Eso sería, sin exagerar, la masacre social más grande de este siglo. Y así lo dice la exposición de motivos: entre el 40 % y el 60 % de las familias que hoy reciben subsidio quedarían por fuera”, le cuestionó Gaviria al minminas en medio de la socialización.
Afectaciones en el Caribe
De acuerdo con los líderes gremiales y de usuarios, en la región Caribe esta medida los afectaría mucho más que en el resto del país, teniendo en cuenta que, debido a las altas temperaturas, el consumo es mucho mayor por los aires acondicionados que, como en reiteradas ocasiones lo han expresado, es casi una necesidad básica y no un lujo.
En ese sentido, esto perjudicaría de manera desproporcional a los estratos subsidiados de la Costa, porque aumentarían sus facturas a pesar de que la deuda de opción tarifaria sea asumida por otros.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Caribe, hizo un llamado al Gobierno para que desista del proyecto porque, según él, va en contra de los usuarios.
“Es un mecanismo para hacer que los estratos 4, 5 y 6 paguen la opción tarifaria y para cubrir los casi 3 billones de pesos que se deben todavía. Cuando Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumirlo”, recordó.
Además, sostuvo Alarcón, pretenden que con los ahorros que se generen con este proyecto, es decir, con los subsidios que se dejarán de otorgar, fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios. “Esto es para que el Gobierno no tenga que poner plata, como le ha tocado en estos 30 años desde la Ley 142”.
Cabe recordar que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos se financia con excedentes de la Superservicios, la Creg y la CRA, así como con multas impuestas por la entidad, entre otros ingresos.
Estos recursos se destinan a financiar la operación de empresas en toma de posesión, cubrir obligaciones laborales y garantizar la prestación continua de los servicios públicos a cargo de las empresas intervenidas.
Puso de presente que, de acuerdo con la exposición de motivos, el Gobierno se podría ahorrar por subsidios con el proyecto a través de la empresa Air-e cerca de $624.000 millones anuales.
Actualmente, Air-e tiene a 1.025.477 usuarios subsidiados, pero solo merecen este beneficio, según el proyecto, 564.500 usuarios.
Explicó que cerca de 215.000 familias podrían pasar al estrato 4 y 245.000 familias serían estratos 5 y 6 —que pagarían contribución o sobretasa del 20 % sobre el consumo total.
“Según estas cifras, en la Costa perderían el subsidio 460.000 familias y solo el 65 % deberían recibir subsidio, generándole un ahorro de 41.000 millones de pesos al Gobierno. Dejarían de recibir subsidios el 45 % de las familias que hoy lo reciben”, sostuvo el líder de los usuarios.
Reacciones
En medio del desarrollo del pasado congreso de Andesco, varios de los alcaldes que asistieron a este encuentro expresaron que se sienten frustrados porque, según ellos, hay una desconexión entre el Estado y las regiones; no hay un apoyo por parte del Gobierno nacional en materia de servicios públicos, afirmaron.
Así lo expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien aseguró que su ciudad no ha contado con un respaldo sólido y constante.
“He alzado la voz en múltiples espacios porque la distancia institucional es preocupante… Cuando se trata de lo básico, como energía, agua o gas, nos han dejado solos. Eso tiene que cambiar”, indicó el mandatario.
Por su parte, Luis Alberto Fernández, alcalde de Ciénaga, Magdalena, dijo que viajar a Bogotá para hablar con los representantes del Gobierno es perder el tiempo: “Ya no vale la pena viajar a Bogotá porque vamos a perder el tiempo. Encuentras que te cambiaron el ministro y que al que está ahora no le gusta lo que dijo el anterior, entonces todos los procesos se vuelven más lentos”.
Por su parte, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro, en su intervención, manifestó su preocupación por el déficit del Fondo Empresarial de la Superintendencia.
“Hoy no hay recursos. Entonces, intervenir una empresa sin recursos para desmejorarla no tiene sentido, es decir: ‘Como estábamos peor, estábamos mejor’. Y esa es precisamente nuestra preocupación: esas cifras que se están manejando, esa situación financiera tan precaria, nos debe poner en alerta”, comentó.
A su turno, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, reiteró la advertencia del riesgo de un apagón y los problemas de infraestructura. Además, puso sobre la mesa nuevamente el tema de las dificultades financieras para los agentes del sector por las deudas que las comercializadoras tienen con los generadores de energía. En el caso de Air-e, a la fecha le adeuda más de $1,5 billones, lo que pone en riesgo la prestación del servicio a los usuarios.
El líder gremial dijo que la mejor manera de avanzar es seguir trabajando arduamente con los mandatarios locales del país con el fin de construir una estrategia “y no caer en una patria boba en este último año de gobierno. Me parece importante que dejemos de lado la política de discursos y pasemos a las ejecuciones”.
“Lo que realmente necesitamos son resultados, no más palabras. Y para lograrlo, es fundamental que nuestros alcaldes y gobernadores trabajen de la mano con los empresarios, tanto del sector privado como público. Solo así podremos obtener mejores precios, mejores servicios y verdaderas soluciones para cada rincón de nuestro país”, concluyó.
