No bajar los brazos y seguir en la lucha. Los gremios del Atlántico y Bolívar han concordado en que lo único que al día de hoy mantiene frenado el cobro de valorización entre ambos departamentos son unas medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, las cuales se mantendrán hasta que el Invías adelante los procesos respectivos de socialización con las comunidades de la zona de influencia y entregue un informe final sobre las consideraciones que hay acerca de la contribución.
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Sin embargo, durante estos últimos días el Invías solicitó al Consejo de Estado a través de una tutela revertir las medidas cautelares sobre el cobro, y aunque lo anterior fue negado, el proceso sigue en firme a la espera de que las autoridades tomen una decisión.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, mencionó que espera que el Consejo de Estado se pronuncie pronto de manera definitiva sobre el tema, pero que sin lugar a dudas es una noticia positiva por el momento.
“Estas decisiones como la del Tribunal del Atlántico son positivas y nos dan la razón sobre que este cobro es inconstitucional y además ilegal; esperemos que el Consejo de Estado se pronuncie pronto sobre la tutela del Invías, pero ya tenemos varias demandas admitidas y tenemos optimismo para seguir defendiendo a los habitantes del Atlántico y Bolívar de este atropello del Gobierno nacional”, manifestó el líder gremial.
Además, mencionó que se deben respetar las decisiones judiciales que acaten los entes.
“Lo ha dicho el procurador General de la Nación, hay que respetar las decisiones que se han tomado en este caso, entonces esperamos que el Invías acate este fallo y no busque de pronto una manera de tumbarlo. De todas formas es fundamental que el Consejo de Estado se pronuncie urgente sobre el tema”, agregó Cepeda.
El presidente del Comité Intergremial también se refirió a otros escenarios jurídicos que brindan respaldo a la lucha por frenar el cobro de valorización.
“La Corte decretó la inexequibilidad del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, para modificar la temporalidad del cobro de la contribución por valorización, si bien esta decisión no afecta el cobro, es un respaldo al trabajo que venimos haciendo, y por supuesto hay que seguir en la batalla jurídica. Hay varias demandas admitidas y mientras las medidas cautelares frenan el cobro tenemos que terminar de hundir la contribución por completo con actos administrativos”, agregó Cepeda.
De esta manera, el líder gremial hizo un llamado para trabajar de manera articulada y conjunta no solamente con los gremios del Atlántico y Bolívar, sino también con alcaldes, con los congresistas del departamento del Atlántico, ciudadanos y el sector empresarial en general que se ha venido sumando a esta batalla jurídica.
“Entonces ahí concretamente el llamado que hacemos es no bajar los brazos en esta pelea, debemos continuar, no confiarnos, y seguir dando esa batalla jurídica hasta tanto no recibamos ya ese fallo del Consejo de Estado que sepulte este cobro por parte del Gobierno nacional”, recalcó.
Un posible consenso
En lo que se libra la batalla jurídica para que haya una suspensión definitiva al cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, las medidas cautelares que frenan el proceso permiten que cada vez haya más espacios para un posible consenso entre los gremios, la ciudadanía y el Gobierno nacional para este tema. Así lo resaltó Juan Camilo Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar.
“Valoramos como un avance importante para la ciudadanía y la transparencia institucional la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de otorgar medidas cautelares que suspenden el cobro de la contribución nacional de valorización por la Vía al Mar, mientras se realiza una verdadera socialización del proceso”, dijo.
En ese sentido, resaltó que “esta pausa que hay en este momento es fundamental por dos razones: primero, porque permite abrir los canales de diálogo que hemos venido exigiendo entre el Gobierno nacional, el sector transporte, los gremios y los contribuyentes; y segundo, porque le da al Consejo de Estado el tiempo necesario para pronunciarse de fondo sobre la demanda de nulidad simple que hemos interpuesto contra los actos administrativos que dieron origen a esta contribución nacional”.
Adicionalmente, el líder gremial señaló que actualmente existen tres caminos jurídicos abiertos que se complementan entre sí para defender la eliminación del cobro.
“Tenemos una acción popular por la falta de participación de la comunidad en la implementación de este cobro, la sentencia de la Corte Constitucional que impide cobros retroactivos sobre obras ya construidas y la demanda de nulidad simple que podría anular completamente el acto administrativo del cobro”, argumentó.
Oliveros se refirió a la posibilidad de avanzar hacia consensos que permitan que todas las partes encuentren una solución que contribuya al desarrollo vial del Caribe colombiano.
“Nuestro llamado al Ministerio de Transporte y al Invías es que este es el momento para hacer las cosas bien. Escuchen a la región, construyan consensos y presenten una propuesta clara y justa. Solo así se podrá avanzar una solución que respete los derechos de la ciudadanía y que contribuya verdaderamente al desarrollo vial de la región Caribe, porque no se puede exigir un tributo cuando ni siquiera existe claridad sobre qué obras se ejecutarán con esos recursos ni cómo se verán beneficiadas las comunidades”, sostuvo.
Una lucha de todos
Desde diferentes instituciones y sectores empresariales también mantienen una postura firme en contra de reactivar el cobro de valorización en el Atlántico y Bolívar. El senador Carlos Meisel fue enfático en que no hay que dormirse en los laureles y que lo que hay que defender son las medidas cautelares.
“El fallo de la Corte no afecta en nada el cobro; la verdadera lucha debe ser fortalecer las medidas cautelares proferidas por el Tribunal, el cual surgió de una acción popular que radiqué junto con la ciudadanía y que fue coadyuvada con los gremios, entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer, defender esta posición y evitar que el Gobierno venga al día siguiente y les cobre a los habitantes de Atlántico y Bolívar”, comentó.
De igual manera, el gobernador Eduardo Verano manifestó recientemente que las medidas cautelares y otros fallos judiciales sobre el cobro de valorización liberan el camino para avanzar en el desarrollo de la región Caribe sin cargas adicionales para la comunidad.
“Con este tipo de medidas se fortalecen las condiciones para atraer nuevas inversiones, impulsar el desarrollo y liberar el enorme potencial de esta región. Además, trae confianza a los habitantes locales, quienes ven nuestro territorio como una oportunidad para crecer”, sostuvo el mandatario.
Mientras tanto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que hay que seguir confiando en la justicia colombiana para eliminar este cobro.
“El fallo de la Corte Constitucional que elimina el absurdo cobro por valorización no solo ratifica la confianza que debemos tener en la justicia, sino que también se trata de una decisión equilibrada y justa con la región Caribe. Fue evidente la motivación de las normas, así como la testarudez del Gobierno”, cerró.
Invías debe involucrar a las comunidades y gremios para definir cobro
Las medidas proferidas por el Tribunal del Atlántico que suspendieron el cobro de valorización tienen como objetivo principal que el Invías lleve a cabo un proceso de socialización con audiencias públicas, en el que se involucre a la ciudadanía, organizaciones sociales, gremios y entidades públicas y privadas de los municipios afectados.
El fallo del Tribunal también establece que el proceso debe desarrollarse en un plazo total de tres meses y servir como insumo para que el Invías conozca los criterios y elementos técnicos que definen la distribución y liquidación del cobro de valorización en el Atlántico y Bolívar.
Entre estos elementos se incluyen los estudios socioeconómicos, el método para calcular el beneficio individual, la zona de influencia, la capacidad de pago, la base gravable, así como cualquier otro aspecto relacionado con el cobro del tributo. Posteriormente, cualquier información u observación recibida deberá ser considerada en un informe final elaborado por Invías dentro de los dos meses siguientes al cierre del proceso de socialización.
Por otro lado, el Invías tendrá que divulgar las convocatorias para el proceso de socialización de manera amplia, con la utilización de medios de comunicación nacionales y locales, junto con las páginas oficiales del Instituto y de las poblaciones afectadas.
Cabe resaltar que aunque no se especificó una fecha exacta para la reanudación del cobro, la suspensión permanecerá vigente hasta que se agote el proceso participativo y se emita el informe final. Este procedimiento tiene el potencial de modificar la forma en que se aplicará el gravamen y garantizar que se corrija cualquier irregularidad señalada por las comunidades y las autoridades locales.
Los territorios que tendrán participación en todo este proceso son las ciudades de Cartagena y Barranquilla, y los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará, en Atlántico; y Santa Catalina, en Bolívar.
