La decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que facultaba al Gobierno para el cobro de valorización tras cinco años inicio de operación de las obras ha sido celebrada desde distintos sectores del Caribe colombiano.
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El senador liberal Mauricio Gómez, quien lideró la demanda de inconstitucionalidad, resaltó que esta norma representaba un riesgo para miles de propietarios en distintas regiones del país, especialmente en ciudades como Barranquilla, Puerto Colombia y Cartagena, “ya que abría la puerta a cobros retroactivos sin reglas claras ni advertencia previa”.
Recalcó que presento dicha acción judicial ante la “preocupación” que generaban los efectos de esta medida, ya que el artículo violaba el principio de unidad de materia, al introducir una modificación tributaria que no estaba alineada con los propósitos centrales del Plan Nacional de Desarrollo.
“Esta es una gran noticia para los colombianos. Hoy celebramos un fallo que tumba una norma injusta, que amenazaba con imponerle nuevas cargas a la ciudadanía sin previo aviso”, recalcó.
De acuerdo con el congresista liberal, la valorización como contribución existe desde mucho tiempo atrás y fue regulada por la Ley 1819 de 2016: “Lo que se logró frenar ahora fue un intento de extender el plazo de cobro de manera silenciosa, abriendo la puerta a abusos administrativos”.
Y recalcó que “este es un paso más en nuestra batalla, que no termina aquí. Estamos a la espera de lo que defina el Consejo de Estado y, por eso, seguiremos firmes para que esta victoria no se quede a mitad de camino”.
Al final, Gómez mencionó que “no hacemos política con el bolsillo de la gente. Esta ha sido una lucha jurídica seria, pensada con responsabilidad y en las familias. Seguiremos atentos para evitar que se repitan medidas como esta”.
