Hace tres meses, Ricardo Arango aceptó el desafío de liderar una de las filiales del Grupo EPM en la región Caribe en medio de un retador panorama.
Con el firme propósito de mantener a la empresa a flote y ganarse la confianza de sus 1.8 millones de usuarios, Arango llegó a Afinia, compañía que presta el servicio de energía en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y en 11 municipios del Magdalena.
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En diálogo con EL HERALDO, el gerente general de Afinia se refirió a los retos operativos, sociales y financieros que deben superar, pero también de las millonarias inversiones que se vienen haciendo desde la comercializadora para garantizar el suministro eléctrico.
¿Cuál es el diagnóstico que puede hacer de la situación actual de Afinia?
Afinia ha venido desarrollando inversiones por 3 billones de pesos en los últimos cuatro años. Estas han estado focalizadas en crear nuevos circuitos, renovar otros ya existentes, modernizar subestaciones, construir nuevas y aumentar la capacidad de las actuales. Esto ha permitido, entre otras cosas, mejorar significativamente la calidad del servicio.
Además, la empresa ha trabajado intensamente en normalizar muchos barrios en los cuatro departamentos y once municipios que atiende en el Magdalena. Normalizar significa instalar lo que llamamos una red blindada: una red que cumple con todos los estándares técnicos, ya que muchas de las zonas que atendemos no estaban normalizadas. Parte importante de las inversiones se ha destinado a este objetivo, y eso ha permitido mejorar mucho la calidad del servicio.
Esta mejora en la calidad ha generado un efecto notable: muchas personas tenían una demanda de energía represada, es decir no podían usar ciertos electrodomésticos porque la calidad del servicio no se los permitía. Como ya tienen la calidad, han incrementado su consumo. En consecuencia, también ha crecido la facturación, pero también las pérdidas.
Afinia tiene un recaudo del 78.5 % y unas pérdidas del 28.5 %. Esta situación pone un enorme estrés en la caja de una operadora de red. Aun así, Afinia ha mantenido su compromiso de mejorar la calidad del servicio mediante fuertes inversiones.
Una de las situaciones que han tenido que enfrentar es la conflictividad social como bloqueos en varios puntos de la región. ¿Qué acciones han implementado para un cambio en la mentalidad de la gente?
Nosotros contamos con una Gerencia Social que tiene un brazo operativo: personas que visitan y prácticamente viven en las comunidades. Estas se relacionan con líderes comunitarios, vocales de control y otros actores sociales que ayudan a construir puentes de confianza.
En lo que va del año, hemos participado en más de 384 eventos y tenido contacto directo con más de 1.600 actores comunitarios. Esto nos ha permitido sobrellevar situaciones muy complejas.
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Hay un tema cultural que requiere un trabajo de largo plazo y ese tema está asociado con la falta de credibilidad y confianza. Y ese es un lastre que nosotros cargamos de épocas anteriores.
Hay imaginarios arraigados en la población: que los medidores no están calibrados, que miden mal o que la empresa les está robando porque no ven físicamente el medidor. Combatir estas ideas no es fácil. Sin embargo, contamos con el respaldo del Grupo EPM, una empresa pública con más de 70 años de servicio en varias regiones del país y eso ha generado confianza.
Y esa confianza lo que nos permite identificar a las comunidades y decirle que nos dejen trabajar. Pero infortunadamente hemos tenido experiencias muy complejas que nos han generado bloqueos en las vías.
Lo cierto es que hay mucha desinformación. Creo que ha habido muchas personas que se han valido del contacto con la comunidad para crear unos argumentos falsos como por ejemplo que nosotros racionamos la energía. Eso es falso. Nosotros realizamos mantenimientos programados.
Afinia es un operador de red que nació con el propósito de llevar energía, no de racionar energía. Además, que tenemos una regulación y unas entidades de control que nos vigilan.
¿Qué están haciendo para evitar los casos de corrupción?
Reconocemos que existen problemas de corrupción en algunas brigadas y los combatimos con rigor. Tenemos tolerancia cero. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de nuestra línea ética, canales oficiales o incluso directamente conmigo. El silencio solo perpetúa el problema.
Cuando un usuario le paga a una brigada por debajo de la mesa para evitar un corte, está participando en un acto de corrupción tanto como el funcionario que recibe el dinero. Necesitamos que la comunidad denuncie el robo de energía, porque finalmente eso impacta las tarifas.
Es vital que la comunidad entienda que cuando alguien hurta energía, le está robando a Afinia, y eso se refleja en la tarifa que terminan pagando todos. Si yo permito que mis vecinos roben y yo me quedo callado, quien va a terminar pagando el robo de mis vecinos soy yo, y eso la gente tiene que comenzar a entenderlo.
Con referente al alto consumo, ustedes hicieron un estudio comparativo entre ciudades del interior del país con la misma temperatura de aquí. ¿Qué encontraron?
Hay que diferenciar entre tarifa y valor de la factura. La facturación depende tanto del precio por kilovatio como del consumo. En muchos discursos solo se culpa a la tarifa, pero nadie habla del consumo.
Pongamos un ejemplo claro. La ciudad más caliente de Colombia es Jerusalén, en Cundinamarca. Tiene una temperatura promedio de 38 grados y una humedad del 87 %. Sin embargo, una familia estrato 1 en Jerusalén consume apenas 140 kilovatio/hora al mes. En cambio, en Cartagena ese consumo es de 287 kilovatio/hora, en Riohacha de 356, y en Magangué (también muy calurosa) de 147.
¿Por qué esta diferencia? Porque en Jerusalén las personas tienen conciencia del consumo y hacen un uso racional de la energía. En cambio, en muchas zonas del Caribe colombiano se consume en exceso, sin conciencia de los costos que eso implica.
El subsidio cubre hasta 173 kilovatio/hora. A partir del kilovatio 174, se paga la tarifa plena. Entonces, el problema no es solo la tarifa: es el consumo.
No es que la gente sea irresponsable, es que culturalmente no se ha generado conciencia del ahorro energético.
La ilegalidad, para muchos usuarios, tiene un alto valor percibido, porque piensan: consumo lo que me dé la gana a cero costo. Eso es lo que está en su cabeza, sin contar con los riesgos ocultos.
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Cuando estoy en ilegalidad, estoy cometiendo un delito que da cárcel. La defraudación de fluidos es un delito penalizable. Además, estoy en riesgo de morir. Cuando te “coge la luz”, como se dice popularmente, puede ser letal. Si esa corriente supera los 47 voltios, puede matarte. No son solo los marañeros —los que se suben a los postes— los que están en riesgo. Si yo tengo una conexión en mi casa que no cumple con los estándares técnicos, también estoy en riesgo.
Además, la ilegalidad no garantiza estabilidad. No hay una potencia constante. Entonces, sube y baja el voltaje de forma incontrolada, y eso daña los electrodomésticos. A eso hay que sumarle que se está acumulando una deuda.
Algún día llegará la empresa, detectará la conexión ilegal y cobrará lo correspondiente mediante un proceso llamado recuperación de consumos. Pero como esos costos no se ven, muchos piensan que la ilegalidad es lo más conveniente. Esa es la real competencia que enfrentamos.
¿Cómo funciona el modelo de energía prepago que han implementado? ¿Ha dado resultados?
Nosotros estamos enfrentando la ilegalidad con una nueva opción que estamos buscando masificar, que se llama ‘Energía a tu medida’. No es otra cosa que la energía prepago.
Funciona igual que los celulares prepagos. Más del 80 % de los colombianos usa telefonía prepago: recargan y consumen lo que recargaron. Así funciona también la energía prepago. Por eso queremos masificarlo porque ofrece ventajas reales.
Tienen control. Pueden ver cuánto consumen, decidir cuánto recarga y dormir tranquilos. Ya tenemos cerca de 4.000 usuarios y los estamos masificando fuertemente.
Tenemos una meta de instalar 20.400 medidores antes del 31 de diciembre de este año. Y el año entrante, cerca de 55.000 nuevos. Es un crecimiento exponencial. Y esto soluciona estructuralmente el problema.
Desde su óptica, ¿cuál es la solución a la crisis que se vive en el Caribe frente al suministro de energía?
Cuando los gremios salieron a decir que el pago de subsidios no es la solución definitiva, tienen razón. La energía solar es parte de la solución y la abrazamos. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Minas y Energía. Las dos juntas —solar y prepago— son la solución estructural. Porque con paneles solares me vuelvo autogenerador, consumo lo que produzco, y si tengo prepago, controlo lo que demando de la red.
Como no tengo almacenamiento para la noche, tengo que jalar energía de la red. Pero si tengo prepago, la controlo. Incluso puedo reinyectar a la red y, eventualmente, lograr que mi consumo neto sea cero, o que me quede un saldo a favor. Esa es la solución estructural. Pero necesitamos que todos se suban al proceso.
EPM no puede ser otro más en la lista de operadores en el Caribe. Todos critican a Aire y a Afinia, pero cada mañana miran si el celular cargó. ¿Y gracias a quién cargó? A Aire o a Afinia. Y si no viene nadie más, ¿cómo vamos a vivir?
La gente tiene que comenzar a valorar esto. No es automático. No está dado por sentado. Es fruto de una cadena de trabajo. Pero como se vuelve paisaje, comenzamos a criticar. Como digo yo, le tiramos piedra a la yeguita. Pero esa yeguita es la que hala la carrocita donde todos vamos montados.
Por eso, todos tenemos que entrar a solucionar este reto, juntos. Hemos hablado con la Superintendencia, con el Ministerio de Minas y hay buen ambiente. Estamos retomando mesas técnicas para buscar soluciones como estas.
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EPM es un gestor estratégico del sector energía, que tiene vocación de permanencia, no es un inversionista de portafolio. Esta es una apuesta por el territorio.
El Caribe tiene las mayores posibilidades de energías renovables y será plataforma exportadora. Por eso, EPM quiere ser un actor estructural en esta transformación.
