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El Tribunal Administrativo del Atlántico volvió a fallar a favor de las víctimas en el proceso de Colina Campestre 1 y 2. Esta vez, el juez negó la pretensión del Distrito de Barranquilla de vincular al caso a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y a la oficina de Liquidación de Barranquilla.

De acuerdo con Roberto Tapia, abogado que representa a las familias de estos conjuntos habitacionales, el juez Jorge Eliécer Fandiño Gallo acogió el alegato de la defensa en el sentido de que habían transcurrido 15 años del proceso y los abogados del Distrito no solicitaron la vinculación de estas entidades en el tiempo que correspondía.

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El magistrado entendió que no era necesaria la vinculación porque evidentemente no tenía nada que ver con lo que estaba pasando aquí en Barranquilla. Además porque esta es una construcción hecha por el Distrito de Barranquilla. Al ser negado, termina con cualquier posibilidad por parte del Distrito de Barranquilla y va a quedar ejecutoriada”, dijo.

El abogado sostuvo que una vez quede ejecutoriado el fallo, comienza a cumplirse todas las decisiones proferidas por el magistrado en el sentido que el Distrito cuenta con un mes, inicialmente, para hacer un censo de todos los habitantes de los 345 apartamentos que tiene la 27 torres de los conjuntos residenciales.

“Pienso que el Distrito de Barranquilla está intentando dilatar el cumplimiento de la sentencia y eso es normal porque seguramente en estos momentos ya está terminando el año, no tiene sino para el próximo año, pero las sentencias tienen que cumplirse, las órdenes del magistrado tienen que cumplirse. De ahora en adelante ya se acabaron los recursos, le corresponde simplemente comenzar a cumplir el fallo y a nosotros, a este abogado con su representado, nos toca hacer cumplir las sentencias del tribunal”, expuso Tapia.

El jurista señaló que el fallo también obliga al Distrito, una vez terminado el censo, proceder a la evacuación de todos los habitantes de las 27 torres, pagarles el arriendo en otro sitio y posteriormente demoler los edificios. Se le da 2 años a la Alcaldía de Barranquilla para contratar y terminar la construcción de las 27 torres en otro sitio diferente a ese en igual o mejores condiciones.

Manifestó que hay ciertas preocupaciones entre los residentes respecto al proceso de evacuación y las alternativas que se les ofrecerán, debido a que algunos prefieren que se les compre la vivienda y otros que se construya el proyecto nuevo. Hay mucho arraigo por lo que ha sido su hogar por cerca de 25 años.

“Son 25 años de estar viviendo en el mismo sitio, la gente tiene temor, la mayoría quiere salir de ahí, pero hay un grupo que no quiere y eso se va a decidir, seguramente por votación. La mayoría ganará, quien gane tendrá que decidir. Ahora, hay gente que quiere que le construyan y hay gente que quiere que le compren. Esa es otra cuestión que dependerá del Distrito de Barranquilla y nosotros miraremos en su momento si el Distrito de Barranquilla tiene intención de cumplir la sentencia”, anotó.

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De acuerdo con Tapia, el Distrito tendrá que revisar y decidir qué hacer para cumplir el fallo, en el sentido de que las alternativas que se plantean son de si construye el proyecto de cero o se le compra los apartamentos a las familias.

“Estamos hablando que al Distrito le puede costar cumplir la sentencia entre 200 y 250 mil millones de pesos. Ahora bien, comprándole con los valores estimados podría salir entre 90 y 100 mil millones de pesos. Es una diferencia, así que yo creo que el Distrito tendrá que pensar sobre ese tema y que va a decidir”, contó.

Por último, manifestó que si bien hay temores entre los residentes, precisó que se están llevando a cabo unas jornadas de socialización de la sentencia y sus implicaciones para que las familias puedan entender del proceso y tranquilizarse.

En ese sentido, la situación continúa con la esperanza de que se cumpla con el fallo y atender las necesidades de los afectados.