En más de una ocasión hemos defendido en este espacio editorial el principio de que, en una sociedad democrática, las restricciones de libertades, por nimias que puedan parecer algunas de ellas, solo deben aplicarse en casos extremos, como último recurso, con carácter temporal si su causa es pasajera y, sobre todo, con razones claramente justificadas.
Lo afirmamos, por ejemplo, cuando cuestionamos la ‘Hora calabaza’, que prohíbe a los menores de 18 años estar en la calle o en lugares públicos los fines de semana y festivos después de las 11 de la noche. En este caso, y aun comprendiendo el entusiasmo con que numerosos padres de familia acogieron la medida, entendimos que los argumentos que esgrimió el Distrito para justificar su aprobación, y, más aun, su prórroga, eran endebles.
Hace dos días, el director de la Policía de Tránsito, mayor Edwin Naranjo, reveló que ha solicitado a la Secretaría de Movilidad Distrital la instauración de un pico y placa para particulares, buses y vehículos de carga. El pico y placa constituye una restricción de libertad –la de circular un día a la semana con un vehículo determinado–, por más que, en ciertos casos, sea útil para superar problemas de tráfico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La propuesta del mayor Naranjo, formulada seguramente con la mejor de las intenciones, no tiene, al menos en este momento, plena justificación, salvo que se demuestre que las autoridades han agotado ya todas las alternativas para resolver el problema de movilidad en la ciudad. Y eso no ha sucedido. El propio mayor Naranjo señala que en Barranquilla existe un uso “inadecuado” de las vías, pues los conductores no toman todas las rutas que ofrece la ciudad, sino que se concentran en unas pocas. Y añade que hacen falta agentes de Tránsito (sugiere duplicar el número). ¿Por qué, entonces, no se solucionan estos problemas antes de decidir si es necesario el pico y placa?
Podemos añadir algunos factores más que explican el caos circulatorio actual, como la invasión de las vías públicas por carros estacionados ilegalmente, vendedores ambulantes, vehículos de tracción animal, etc. O la enorme cantidad de taxis ‘gemeleados’ que transitan libremente sin que las autoridades los metan en cintura. O la falta de un transporte público adecuado que invite a los ciudadanos a elegir ese método de transporte.
Estos problemas –algunos generados por la falta de civismo de los ciudadanos, pero todos posibles por la inacción o negligencia de las autoridades– deberían ser resueltos antes de recurrirse a otras alternativas para mejorar el tráfico. Por lo demás, mucha gente, sobre todo la más adinerada, seguramente adquiriría un carro adicional con tal de sortear el pico y placa.
Podrá alegarse que, con todas su limitaciones, el pico y placa contribuye a reducir el número de vehículos circulantes, y que la tendencia de muchas ciudades avanzadas es, justamente, crear la condiciones para reducir al mínimo el uso de automóviles. El hecho es que, en el caso de Barranquilla, el pico y placa no se inscribiría en un plan de reconversión conceptual de la ciudad, sino que se trataría de un recurso fácil y cortoplacista para sortear problemas que hoy existen por la pasividad de las autoridades. Hoy por hoy, no estaría justificado.
