El proceso liderado por la SAE enfrenta cuestionamientos por fallas de gestión y reclamos de la iglesia ocupante, en medio de dudas sobre su seguridad jurídica.
El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para aprobar la ley ordinaria que le dará vida real a la nueva justicia rural, sin sacrificar garantías ciudadanas.
No se trata de una sucesión institucional ordinaria, sino de un vacío provocado por una intervención extranjera cuya legalidad ha sido ampliamente cuestionada.
El retiro de Ávila y la fractura institucional con el Emisor amenazan la autonomía de la junta, abren un riesgo de parálisis y debilitan la confianza económica.
Sus tertulias infinitas en el emblemático bar La Cueva servían para reflexionar sobre el arte en todas sus manifestaciones y también de la vida misma.