El robo de agua en el Atlántico exige una respuesta integral de inequívoca autoridad para que los intereses particulares no se sitúen por encima del bien común.
La oportuna actuación del Consejo de Estado para suspender el giro exprés de recursos de las AFP protege el ahorro de sus afiliados y la seguridad jurídica.
Pese a que la JEP le pide cuentas a los exFarc por el reclutamiento de menores en el pasado, esta atrocidad persiste sin que se haga lo suficiente para frenarlo.
Sin recursos para fondear a la intervenida empresa, como es su obligación, ordena un cobro nacional a la tarifa de energía que no soluciona la crisis del sector.
Intervenciones sin sustento técnico, cambios cuestionados y decisiones tardías agravan la crisis de la salud, mientras afiliados quedan en mayor incertidumbre.