La investigación interna reveló que el funcionario estaba cobrando a los solicitantes por servicios que debían ser tramitados exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad.
La Corporación ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Procuraduría tomó la decisión en primera instancia alegando que el funcionario hizo nombramientos irregulares en la entidad y exigió dinero para una 'finalidad distinta a las establecidas en la ley'.
Además de Oneida Pinto, la Procuraduría también confirmó la sanción de inhabilidad de nueve años contra la exsecretaria de Educación Bely Gneco y el exfuncionario Gerardo Cujia.
La Procuraduría inhabilitó por ocho años al funcionario para ejercer cargos públicos.