El fallo de la Procuraduría General de la Nación es en primera instancia.
Fue destituido e inhabilitado por 10 años debido a pagos irregulares por $3.054 millones a IPS sin contratos.
La Procuraduría imparte la medida sancionatoria por un periodo de 12 años contra el profesor Jairo Molina Soto, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la alma mater.
La investigación interna reveló que el funcionario estaba cobrando a los solicitantes por servicios que debían ser tramitados exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad.
Se trata de Gabriel Antonio Martínez Vélez. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años.