La Procuraduría imparte la medida sancionatoria por un periodo de 12 años contra el profesor Jairo Molina Soto, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la alma mater.
La investigación interna reveló que el funcionario estaba cobrando a los solicitantes por servicios que debían ser tramitados exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad.
La Corporación ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Procuraduría tomó la decisión en primera instancia alegando que el funcionario hizo nombramientos irregulares en la entidad y exigió dinero para una 'finalidad distinta a las establecidas en la ley'.
Esto por interés indebido en la adjudicación de un contrato para el manejo de basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga.