Reanudan audiencias contra ‘La Roca’ en Sincelejo
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía para con estas seis personas continuará el lunes de forma virtual.
El Juzgado Primero Penal Municipal de Montería, con funciones de control de garantías, reanudó las audiencias en contra de los seis ciudadanos sindicados de hacer parte de la banda delictiva denominada ‘La Roca’ dedicada a la explotación ilegal de piedra caliza.
Temberto Rafael Hernández Contreras, Rosa María Benavides Márquez, Hugo Octavio Gutiérrez Bobadilla, Héctor Fidel Betín Hernández, Jorenis del Carmen Romero Olivero y Martín Eduardo Zuluaga Benavides completaron un mes en detención en la Estación de Policía de Sincelejo esperando que la Corte Suprema de Justicia resolviera el lío de competencia territorial de la jurisdicción ordinaria porque sus defensores alegaban que el juez competente debía ser del Distrito Judicial de Sincelejo y no de Montería.
Además pretendieron, pero no se cristalizó, que fuera la justicia indígena la que los procesara porque ellos hacen parte de esa etnia en el cabildo de La Piche, en Toluviejo, donde su capitana dijo que pertenecían al Resguardo de San Andrés de Sotavento, pero la cacica la desmintió.
La Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro resolvió que la justicia ordinaria, es decir, el juzgado antes mencionado y la Fiscalía Especializada 11 Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente que tiene sede en la ciudad de Barranquilla continuaran con el proceso.
La Corte resolvió: “Declarar que la competencia para adelantar las audiencias preliminares de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento dentro de la presente actuación, corresponde al Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Montería”, por lo que al inicio de la tarde de ayer se inició la audiencia de imputación de cargos por los delitos de daño en los recursos naturales, concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y privado de las fuerzas armadas.
De otra parte, en este proceso los jueces de Sucre y Montería ya han resuelto dos Habeas Corpus que les han sido negados a sus peticionarios. El primero a Temberto Rafael Hernández Contreras y el más reciente a Rosa María Benavides Márquez y Martín Eduardo Zuluaga Benavides. A estos últimos se los negaron por improcedente.
Esta investigación surgió por una denuncia de la empresa PENTA por usurpación de sus títulos mineros, pero la Fiscalía, desde el año 2011 trabajaba en el tema con base en la denuncia que presentó Jorge Enrique Meza Contreras, en calidad de secretario de la Asociación de Mineros de La Piche, quien terminó siendo imputado en un proceso similar de minería ilegal.
