El Heraldo
Sucre

IPS envuelta en caso de ‘Enfermos Mentales’ demandó a la gobernación de Sucre

Le entidad busca apropiarse mil millones de pesos de las cuentas maestras del Sistema General de Participación del sector salud.

 

La IPS Nueva Esperanza S.A.S., una de las entidades que ha estado vinculada al cartel de ‘Los Enfermos Mentales’,  que  desangró al sector salud  con el cobro de servicios médicos a una población fantasma, busca apropiarse de  3 mil millones de pesos de las cuentas maestras del Sistema General de Participación (SGP) de la Gobernación de Sucre a través de un embargo.

Esta acción ha generado gran rechazo debido a que las cuentas del sector salud no solo son inembargables, sino que, además, el departamento de Sucre desde el año 2010 está en Ley 550, lo que blinda al ente territorial para este tipo de acciones jurídicas.

Este medio conoció que por cuenta de estos embargos ordenados por el Juzgado Primero Civil del Circuito con funciones laborales de Corozal, a cargo de la juez Clarena Lucía Ordóñez Sierra, están a punto de ser debitados de las cuentas del sector salud de Sucre. La acción no se pudo efectuar el jueves porque la entidad bancaria no contaba con ese monto.

 

La demanda que logró esta pretensión la presentó la IPS Nueva Esperanza S.A.S. y en ese mismo despacho cursa otra instaurada por la Fundación Camino a la Virtud, que son dos de las muchas entidades vinculadas por cobrar dineros por la supuesta prestación de unos servicios que nunca fueron prestados.

Por estos hechos hay en curso procesos penales y fiscales en Fiscalía y Contraloría.

EL HERALDO conoció a través de una fuente de entero crédito de la Rama Judicial de este departamento que en el año 2019 ese mismo juzgado no accedió a las pretensiones del mismo demandante que en apelación recibió la misma respuesta del Tribunal, además el proceso de la Fundación Camino a la Virtud tenía 7 años de estar sin moverse en ese despacho.

Esta situación que ya tiene en riesgo el sistema de salud pública en Sucre porque le han quitado los primeros 3 mil millones de pesos,  también afecta las finanzas del departamento y pone en riesgo la salud de los más pobres en estos momentos de pandemia por la covid-19.

El Departamento de Sucre como ente territorial empezó a ejercer su defensa jurídica por estos hechos y en las últimas horas instauró ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre una queja disciplinaria en contra de la juez Clarena Lucía Ordóñez Sierra, y ante la Fiscalía General de la Nación la denunciaron penalmente por el delito de prevaricato por acción.

En ambas acciones están como pruebas unas certificaciones del Ministerio de Salud que dan cuenta del carácter de inembargable que tienen esas cuentas.

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