La Fiscalía pide encarcelar al alcalde de Galeras, Sucre
La decisión del juez de garantías se conocerá el martes en la continuación de la audiencia.
Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le solicitó al Juez Promiscuo Municipal de Galeras, con funciones de control de garantías que envíe al alcalde de esa población José Ignacio Hernández Vega, a la cárcel.
Igual pedido hizo para el contratista Arturo Carlos Guzmán Hoyos, representante legal de la fundación Funpader, al tiempo que pidió la prisión domiciliaria para la secretaria de gobierno Dianilis Anaya Armesto.
A los tres los procesan por los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, pero en el caso del contratista y la secretaria de gobierno tienen uno más y es el de falsedad ideológica en documento público.
Los hechos por los que los procesan tienen que ver con la contratación de 2.461 mercados para las personas más vulnerables del municipio y que fueron entregados en el inicio de la pandemia por la covid-19, es decir, hace dos años.
El lío de este alcalde radica en que contrató, sin ningún tipo de motivación que justificara la necesidad, las ayudas con una persona que no era idónea. El valor del contrato 012020 que se ejecutó en 15 días fue por 170 millones 670 mil pesos con la fundación Funpader.
“En la etapa precontractual y contractual se cometieron una serie de irregularidades, como la transparencia, selección objetiva, planeación, economía e idoneidad, entre otros. El alcalde no explicó las razones por las cuales dicha contratación permitía afrontar la emergencia sanitaria. No se contó con información que identificara la fundación, que presuntamente sería beneficiada, como tampoco se hizo mención a la justificación técnica y económica de la contratación”, expresó la Fiscal 22 en la audiencia de imputación.
Lo peor es que no hubo, como en muchos otros casos en el país, estudios de mercados o costos, y por eso la Fiscalía en desarrollo de la investigación detectó sobrecostos.
Los mercados tenían un costo unitario de 85 mil 338 pesos, para la compra inicial de 2 mil, pero lo modificaron estando ya en la plataforma del Secop por la lluvia de críticas por parte de la ciudadanía.
“La Alcaldía alegó que lo que se subió a esa plataforma fue un borrador y no el contrato. Finalmente lo modificó y este pasó de 2 mil mercados a 2.461 por un valor de 69 mil cada uno. Funpader no tuvo dominio en la ejecución del contrato, ni tampoco acreditó la idoneidad y experiencia, que le era exigible para este tipo de contrato. Funpader no tenía la idoneidad para ejecutar ese contrato ni la capacidad financiera”, dijo la Fiscalía.
El aludido contrato lo firmaron el 27 de marzo de 2020 la Alcaldía de Galeras y Funpader.
La encargada de cotizar los mercados con las fundaciones Cooperar y Funpader y con el depósito (Granos los Retoños), fue la secretaria de Gobierno que según el ente investigador-acusador, lo hizo sin ningún sustento o soporte que permitiera establecer la necesidad de los mercados. Se limitó a cotizar 2.461 mercados y al final el contrato terminó en manos de Funpader, que para la Fiscalía no existe, es una empresa de fachada, el contratista tiene como profesión médico veterinario y gerente de subasta.
“Se evidencia una clara violación a los principios de planeación, economía y transparencia”, puntualizó la Fiscalía.
