Trabajadores del sector salud en Sucre solicitan apoyo del Ministerio
El gobernador ha anunciado la creación de una gran ESE y le ha pedido a los empleados una tregua para pagarles las deudas y para ello espera la ayuda del Gobierno Nacional.
La crítica situación que afrontan los trabajadores del sector oficial de la salud en Sucre porque no les pagan el trabajo realizado y no tienen seguridad social, además de las intenciones de ‘privatizar’ que tiene, según ellos el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, fueron puestas en conocimiento a la nueva ministra de salud Diana Corcho Mejía.
En una comunicación de 4 páginas que firman representantes de 19 estamentos y comunidades entre ellos el Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) que preside en Sucre Norberto Choperena, además de Sintrasalud, la Asociación de Usuarios de la Salud, Asociación de Enfermeras, Comité de Usuarios Campesinos, Comité de Ética Hospitalario, Comité de Veeduría Departamental en Salud, Asociación Campesina Labrando Esperanza, Asociación de Pescadores del San Jorge, Granjeros del Limón, cabildos Indígena Babilonia y San Antonio de Palmito y Asocomunal de San Marcos, entre otros, exponen el panorama para que el Gobierno Nacional ponga sus ojos sobre este territorio.
Explican que se han unido para hacerle “oposición a la pretensión del señor gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver de entregar la red pública hospitalaria al capital privado”.
Le informan a la Ministra de Salud que las intervenciones de los hospitales de Sincelejo y San Marcos fueron finalizadas y ahora el gobernador designó nuevos “gerentes de su línea política: a través del gobernador encargado Fabián Fernando Pérez Pérez”.
A su vez exponen que “el gobernador también está interesado en liquidar y entregar al capital privado la ESE descentralizada del municipio de Sincé, del cual es oriundo”, e informan que el déficit presupuestal en el Hospital Universitario de Sincelejo es de 150 mil millones de pesos y el 90% de sus trabajadores son contratados por bolsa de empleo.
“Las otras 23 empresas sociales del estado todas están en deterioro físico, a los trabajadores les adeudan salarios entre 7 y 10 meses, además de su respectiva prestación social. A esta deuda laboral también le han sido arrebatados sus derechos laborales como la prima de junio, bienestar social, dotación de uniformes, pago a pensiones y seguridad social, impidiendo esto la posibilidad de pensión para los trabajadores de la salud en el municipio de Sincé”.
Finalmente le hacen saber a la ministra Corcho que “es urgente frenar y buscar alternativas en lo administrativo que sean de carácter social, eficiente y de calidad”.
