Irregularidades de toda índole halló la Superintendencia de Subsidio Familiar en la intervención que le realizan a la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre.
Uno de los hallazgos más llamativos fue el exagerado gasto en combustible. En el año 2012 invirtieron $623 millones, lo que equivale a un promedio mensual de $52 millones, cifra que equivale al costo de una vivienda de interés social.
En 2013 el gasto fue de $361 millones, es decir, $29 millones mensuales en promedio. Pero, curiosamente, desde que la entidad está intervenida solo han gastado $3 millones mensuales.
'El parque automotor — no revelaron la cantidad— es el mismo que está en la actualidad. Sin embargo, hay unos conceptos de combustibles que están incluidos dentro de los gastos 2012 y 2013 que no se ha podido establecer realmente si eran en obras o en programas, por lo que están en un proceso de averiguación en la Contraloría', explicó la nueva directora administrativa de Comfasucre, Érika Ahumada Rodríguez.
Este y otros hallazgos fueron revelados tras cumplirse 3 meses de que la Superintendencia de Subsidio Familiar iniciara la intervención en Comfasucre, lo que llevó a que el director administrativo William Martínez Santamaría y otros directivos fueran separados del cargo.
De igual forma pudieron encontrar que no existía planeación ni control en la contratación de la entidad lo que originó que en el 2012 se generaran órdenes de compra por un valor que ascendía los $1.300 millones y para el 2013 de $1.000 millones, sin un proceso de contratación sino que eran órdenes directas que realizaban para las diferentes adquisiciones.
'La elaboración de estas órdenes de compra lo que motiva es que no exista un control adecuado sobre las adquisiciones que haga cualquier entidad por no existir un proceso de contratación ni de planeación', dijo Ahumada.
Un sueldo de lujo. La directora enfatizó en el hallazgo de una tarjeta de crédito por valor de $10 millones a nombre de la Caja de Compensación que era utilizada por la dirección y 'sobre los soportes y las legalizaciones de los mismos no se le hacía un seguimiento ni se requerían soportes lo que podía sumar a los valores de sus promedios de ingresos mensuales que eran de $39 millones, un valor superior a los asignados por el consejo directivo'.
Ahumada, que hasta el 12 de mayo era la agente interventora, dijo que uno de los temas más preocupantes fue el de ola invernal donde suscribieron un convenio con el Banco Agrario para la construcción de las casas y reconstrucción de 1.363 viviendas del proceso ola invernal. A raíz de este convenio se generaron 29 contratos de obra, mano de obra y suministro de materiales para los años 2011, 2012 y 2013, pero las casas no se terminaron.
'En este momento le están ejecutando las pólizas a las personas que lo hicieron por incumplimiento porque no se realizaron a satisfacción, las casas no se terminaron. Estamos en negociaciones ante la Cámara de Comercio y las aseguradoras para recobrar los recursos y poder terminar el proyecto', aclaró.
En la actualidad solo han construido 733 viviendas de las 1.363 desde el 2011. También hay incumplimiento por parte de la firma interventora que le realizaba el seguimiento a este proyecto.
Irregularidades. Se encontró que hubo indebida destinación de los recursos en educación al ser asignadas 138 becas para personas no afiliadas a la Caja y 74 cupos de componentes alimenticios y 64 sin componente alimenticios entregados a no beneficiarios por una cuantía de $370 millones.
En lo que respecta al edificio donde funciona la Caja está en proceso de investigación porque no se ha podido determinar la cuantía ya que se realizaron diversos contratos.
'Para construir el edificio se hicieron créditos por $4.300 millones que deja una deuda para la entidad que tiene que estar soportando con recursos que pueden ser destinados verdaderamente a lo que es nuestro objeto social y nuestra población', dijo.
