En la entidad donde todo debe hacerse apegado a la ley, la Rama Judicial, fueron detectadas unas presuntas irregularidades en la contratación realizada en la vigencia del 2019 y el primer semestre del 2020.
A través de una fuente de entero crédito de esa entidad EL HERALDO conoció los resultados de la auditoría de cumplimiento que la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República le adelantó a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial seccional Sucre que está a cargo de María Claudia Medina Taboada.
Los resultados de esa auditoría dan cuenta que fueron establecidos 5 hallazgos, uno de ellos con alcance fiscal, tres con disciplinario y uno más para traslado a la Gobernación de Sucre.
Adicional a esto la Gerencia de la Contraloría a cargo de José Alejandro Revollo ordenó la apertura de una indagación preliminar y hubo, en beneficio de la Rama Judicial, el reembolso de 5 millones 400 mil pesos por parte de uno de los contratistas.
Entre los contratos que el ente de control tomó como muestra para analizar hay 8 que suman más de 152 millones de pesos y entre esos están dos relacionados con la adquisición de insumos para atender la emergencia sanitaria de la Covid-19. En concreto esta entidad en uno de los contratos de forma directa firmado con Alfa Suppries S.A.S --que representa Juan Fernando Zambrano Salgado-- por la suma de 36 millones 963 mil 400 pesos adquirió 12 mil tapabocas. Cada uno de estos, que fue comprado en el mes de abril, salió por un valor de 2.352 pesos, lo que en criterio de la Contraloría es un sobrecosto.
Para advertir sobre esta presunta irregularidad, la Contraloría realizó un estudio de mercado en varias entidades de Sucre que para la época certificaron que sí tenían esa disponibilidad de tapabocas y que el valor unitario era de 600 pesos. Ante esto dice el ente de control que el sobrecosto por tapaboca fue de 1,752 pesos y sumados los 12 mil es de 21 millones 024 mil pesos.
La Rama Judicial en su defensa por estos hechos indicó que era 'absurdo e ilógico' hacer un análisis de mercado en esos momentos en los que la pandemia afectó todos los valores normales.
Hubo otro contrato, también de tapabocas, por 23 millones 447 mil 937 pesos. En este fue desechada una propuesta en la que el contratista, que ya había participado en otro proceso en esta misma entidad, ofertaba cada tapaboca en 4 mil pesos.
Sobre los contratos con sobrecostos la Contraloría dijo que situaciones de esta índole dejan en evidencia las deficiencias de los mecanismos de control interno y las fallas en los estudios de mercado en cuanto a los precios de los elementos en la etapa precontractual.
También detectó la Contraloría que hubo vulneración del principio de transparencia y publicidad al no hacer públicas en el Secop las ofertas de los adjudicatarios de contratos relacionadas con la etapa de ejecución como lo son las actas de recibo de bienes y/o servicios, los pagos efectuados a los contratistas y los informes de supervisión e interventor.
A la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial seccional Sucre también le detectaron irregularidades porque no solicitan pólizas de garantías en los contratos, por lo que se exponen al posible incumplimiento del objeto contractual y la calidad de los bienes adquiridos.
Como si lo anterior no fuera reprochable, en la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial seccional Sucre no le hacen los descuentos en los pagos correspondientes a los contratistas de las tarifas de las estampillas por electrificación rural y Universidad de Sucre Tercer Milenio.
José Mauricio Cuestas Gómez, director ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura, en entrevista con EL HERALDO dijo estar enterado de la situación y reveló que en la unidad de investigación disciplinaria que recién fue puesta en funcionamiento en el departamento de Sucre cursa una investigación sobre estos hechos para tomar decisiones.
'En estos momentos esa unidad está realizando todas las investigaciones, incluso ya han recolectado informaciones y están revisando todo, para tomar decisiones', puntualizó.
