Un rosario de denuncias sobre corrupción por los malos manejos que en 17 años le han dado a los recursos públicos, en especial de regalías, se escucharon este jueves en una sesión de la Comisión Regional de Moralización que contó con la presencia de un delegado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Ruperto Padilla, veedor, fue enfático en solicitarle a los representantes de los entes de control, de fiscalización, a la Fiscalía y a la Procuraduría que conforman el Comité, que se tramite el congelamiento de los recursos de regalías como mecanismo para frenar la corrupción en este puerto turístico y petrolero y hasta tanto no se dé una explicación de las inversiones
La propuesta no cayó del todo bien en el auditorio, tanto así que una de las presentes se opuso al congelamiento argumentando que con ello se frena el desarrollo de Coveñas, sin embargo, Padilla argumentó su pedido detallando lo que él considera mal uso de los dineros y en especial en un contrato de obra civil de unos pavimentos por más de 4 mil millones de pesos.
Dice que la obra tiene un avance de entrega de recursos por el orden del 70% y su ejecución física llega solo al 20%. Además hay actas de suspensión por una supuesta ola invernal en abril de 2018 y ello no es cierto.
También salió a relucir por parte de este veedor el contrato de 1.400 millones de pesos de patios productivos que hoy tiene tras las rejas a la exalcaldesa interina Olga Carta, al entonces Secretario de Hacienda y al contratista.
Sobre este proyecto adujo que beneficiaría a 1.800 familias campesinas, lo que según él es mentira porque el municipio no tiene toda esa población, 'este contrato se lo robaron en un 95% y eso denota que en Coveñas no hay garantías', ratificó el veedor agregando que de ese contrato no han encontrado ningún reporte.
Manuel Jaraba, otro veedor, pidió a los entes de control que hagan cumplir las pólizas de seguro de los contratos que han sido tachados por corrupción y señaló el del bilingüismo.
'Yo cité a las aseguradoras para que nos respondieran por esto, para que nos digan qué acciones han adelantado sobre los recursos que deben ser devueltos al Municipio, pero no ocurrió nada', anotó.
Denunció que la Casa Día, que es el hogar de los abuelos, está cerrado por un contrato que se firmó en el 2017 y esta población ahora está sin atención.
Jaraba le solicitó a la Procuraduría el acompañamiento porque hay una población flotante de 4 mil electores y eso tiene disparado el censo electoral, 'hemos denunciado eso desde hace varios años. Aquí viene gente de Sincelejo, Tolú, San Antero, Purísima y Momil a votar', puntualizó.
Miguel Arrázola Sáenz, contralor departamental de Sucre y presidente de la Comisión Regional de Moralización, dijo que todos los representantes de los entes presentes asumirán sus competencias de acuerdo a las denuncias que fueron muchas tanto de casos conocidos como nuevos.
Agregó que le llamó la atención el carrusel de la contratación que se registra con una persona que cuando no se gana la realización de la obra entonces ejecuta la interventoría y viceversa.
En la audiencia pública a la que asistieron 250 personas no solo hubo denuncias sobre corrupción en Coveñas, sino también en Tolú, de donde la comunidad solicitó resultados en una denuncia por presunto sobrecosto en un contrato de papelería y aseo realizado por el alcalde Tulio Patrón Parra.
La comunidad una vez más denunció que Ecopetrol no contrata la mano de obra de Coveñas sino que la trae de otras partes, por lo que el Contralor anunció que habrá una mesa de concertación con esta empresa.
También dejaron en claro que les preocupa la ola de inseguridad que azota el Golfo de Morrosquillo.
