"Dos pescadores buscan su sustento diario en un mar que hoy poco les ofrece. Atrás la lucrativa maquinaria de la exportación carbonífera.En la mañana brumosa, desde el popular barrio Nancy Polo, una invasión que hace cerca de 30 años creció en este pueblo del Magdalena a orillas del litoral, las estructuras de la multimillonaria “locomotora minera” carbonífera parecen gigantescos fantasma mar afuera.
Extensas bandas transportadoras, barcazas y grúas enormes con potentes cucharas recolectoras, utilizadas para llenar una fila de buques que diariamente esperan para llevarse el material térmico, principalmente a Europa y EU, son parte de la industria que hoy es señalada de causar graves daños ambientales en los departamento del Cesar y Magdalena, y Ciénaga no escapa a ello.
De la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928, este poblado ha pasado a vivir una nueva tragedia que va de lo social y político hasta lo ambiental.
El progresivo ascenso de las regalías carboníferas por el funcionamiento de los puertos de las multinacionales Drummond y Vale (hoy CNR o Colombian Natural Resources), que entre 1996 y 2010 llegaron a los 236 mil 284 millones 149 mil 504 pesos, generó una rampante corrupción que no ha tenido castigo, mientras que a la población no le resolvieron las necesidades básicas insatisfechas: no se logró la cobertura total de agua potable y alcantarillado, y hay deficiencias en la atención en salud y educación.
Todo apunta a que en Ciénaga la política ha sido “dejar pasar, dejar hacer”. Si bien los irregulares manejos administrativos no son responsabilidad de las carboneras, a estas sí les atribuyen los crecientes problemas ambientales, ecológicos y por enfermedades, en especial las respiratorias.
“El carbón está haciendo un grave daño ambiental, que no es de ahora por el hundimiento de la barcaza. Eso apenas fue una situación más de lo que a diario sucede con nuestro mar, las playas y cultivos. Esto es un desastre”, no duda en afirmar el ecologista Luis Eduardo Rendón.
Se refiere, al igual que lo dicen el alcalde Luis Tete Samper, las comunidades de pescadores y habitantes de la zona costera, a la desaparición paulatina de peces y a la atrofias de frutales.
“Aquí está amenazada la seguridad alimentaria”, enfatiza.
Una auditoría de la Contraloría General, liberada en enero pasado, habla justamente de la “degradación” que se está presentando. “La pérdida de carbón durante el cargue de barcaza a buque genera impactos negativos significativos sobre la columna de agua y los fondos marinos, afectando directamente la fauna y flora presente y las dinámicas ecosistémicas”, se lee en el informe.
En Ciénaga sostiene que tan grave como el silenciosa daño ambiental que sigue creciendo es la permisividad del Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Ambiente y Minas, y de las autoridades departamentales, Corpamag y el Invemar.
Líderes comunitarios sostienen que poco o nada se ha hecho para exigir que la “locomotora minera” no siga causando más estragos, pese a que la Sentencia T-046 de la Corte Constitucional establece que el interés privado está subordinado “al público o social que exige la preservación del ambiente”.
“Esta bendición se acabó”
Cuarenta y dos de sus 66 años de vida los ha pasado en el mar, al que llegó a trabajar porque los jornales como cortador de banano, recolector de algodón, alfarero o ‘asador’ de ladrillos no le alcanzaban para sostener a su mujer y cuatro hijos. Juan De la Hoz, Juancho para los amigos de faena, tiene claro que a pesar de los “malos tiempos” que hoy viven ante la escasez de peces, seguirá con su “porfiadez” de irse horas y horas a mar abierto en busca de alimentos para su familia y de ganarse unos pesos.
“La pesca aquí era una bendición pero se acabó por estas carboneras. Nos desplazaron. Ganábamos bien con nuestro esfuerzo, a punta de canaleta y vela en canoas de madera”, cuenta.
El antes era “aquí cerca”, entre la zona de Papare, desembocaduras de los ríos Toribio y Córdoba, y el área del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, donde abundaban el róbalo, los lebranches, el sábalo, los chivos cabezones, las mojarras plateadas o el chipi chipi y los camarones, entre muchas especies más; el hoy es “allá lejos” en los kilómetros 17, 19 o 20 hasta donde deben llegar invirtiendo unos 100 mil pesos en combustible y comida, pero “sin tener seguro” que traerán una buena pesca que compense esos gastos.
Juancho recuerda que a pesar de que antes eran muchos los pescadores en las faena, en pocas horas todos “ganábamos bien”; hoy a pesar de que son contados los que quedan “es un milagro” coronar una buena pesca y hay que trabajar entre 12 y 14 horas.
“A nosotros solo nos hacen promesas pero nadie resuelve nada. Como siempre ha sido, solitos tenemos que seguir luchando, a diario. Hoy arriesgando mucho más la vida que antes”, lamenta el viejo pescador.
Cobrar el daño ambiental
En medio de las denuncias, de hace un mes, por el vertimiento de carbón para salvar la barcaza que se estaba hundiendo, se conoció que la Drummond había demandado al Estado y le ganó un laudo arbitral en París, Francia, por lo que recibió $60 mil millones.
De inmediato, conocedores de los graves daños que ha sufrido el medio ambiente por la actividad minera se preguntaron: ¿cuánto irá a cobrarle el país a esta multinacional, y a las otras, por lo que ha venido sucediendo en esta materia?
Los cienagueros consideran que así como la multinacional hizo sus estudios para reclamar un incumplimiento de Fenoco con el transporte del carbón, el Gobierno Nacional debe cobrarles, con precisión, el deterioro de ecosistemas marinos y terrestres; el daño de playas que, como dice el alcalde Luis Tete Samper de “blancas pasaron a negras”; el daño progresivo de cultivos y, sobre todo, los crecientes problemas de salud de la población.
Conocedores del negocio del carbón, consultados por EL HERALDO, señalan que las regalías no deben confundirse con la obligación que tiene una compañía de reparar los daños, ambientales o de salud pública, que esté ocasionando.
“Las regalías son el pago por explotar un producto como el carbón, pero eso no significa que las empresas que reciben esa autorización del Estado puedan deteriorar el medio ambiente a su antojo, o dañar la salud de las personas. No. Ellas deben acometer sus labores con el mayor de los cuidados y si producen algún daño tienen que repararlo, independientemente de las regalías”, advierte un experto. Por eso, hay quienes argumentan que si el Estado no reclaman, las comunidades deben demandar ante organismos internacionales.
El estuario destruido para construir un astillero
En su “microclima familiar” como ella lo llama, una modesta casa en la zona de Costa Verde, cerca del mar que cada día es más negro por el polvillo del carbón, rodeada de cocoteros, almendros, trinitarias y otras plantas ornamentales y algunos frutales, a la docente pensionada Ula Joel Bernal, de descendencia alemana, se le nota la felicidad cuando recuerda, junto con el ambientalista Luis Eduardo Rendón, el estuario en la ensenada de Los Alcatraces.
“Era un sitio lleno de vida, de hermosura natural, donde las aves migratorias llegaban a descansar, a aparearse y a reponer sus fuerzas. Allí y en zonas marítimas cercanas encontraban gran cantidad de peces para alimentarse”, dice Joel mientras revisa una caja con cientos de fotos de ese y otros sitios naturales.
Con la llegada de las carboneras unos inversionistas destruyeron dicho estuario: su propósito era construir un astillero para hacerle mantenimiento a las gigantescas barcazas que llevan el mineral hasta los buques. La obra no se hizo por oposición de la comunidad pero el daño sí se consumó.
“Destruyeron un valioso nicho ecológico”, se queja Rendón. Como todo estuario también era un gran criadero de variedades de peces, que desde el mar entraban a desovar. Paralelamente, esa disminución o desaparición de peces ha afectado la presencia, cada vez más escasa, de aves como las gaviotas y los chorlitos, el martín pescador y los patos migratorios de EU y Canadá, etc.
De la zona desaparecieron, igualmente, los cangrejos azules y rojos, y las jaibas. “Lo del estuario es una muestra del grave daño causado por un desarrollo minero sin control”, enfatiza Rendón.
Por José Granados Fernández
Editor de Economía
