Mario Félix Monsalve, contralor de Cartagena.Un hallazgo fiscal por 571 millones de pesos encontró la Contraloría Distrital de Cartagena a un contrato de mejoramiento de vivienda celebrado entre Corvivienda y la Fundación para el desarrollo Social de Colombia (Funcoldes).
Según el ente investigador, la entidad encargada de la política de vivienda de interés social de Cartagena firmó un convenio con dicha fundación para el mejoramiento de 104 casas por ese valor, sin embargo, tras una visita técnica y una queja de la misma comunidad de El Pozón, sector La Unión, se pudo evidenciar que las obras no cumplían con lo contratado ni en calidad, cantidad y oportunidad.
“En este caso los presuntos funcionarios responsables de la época son la directora de Corvivienda del Gobierno distrital de Judith Pinedo; Marina Mosquera, del interventor Luis Carlos Vélez Carrasquilla y de Carlos Alberto Suárez Roca, representante de Funcoldes”, explicó el contralor Distrital, Mario Félix Monsalve.
Monsalve comentó que durante la investigación, a la Contraloría Distrital le llamó poderosamente la atención que el convenio interadministrativo entre Corvivienda y Funcoldes se hubiera hecho con esa fundación, la cual, para el momento de la firma, y según registro de la Cámara de Comercio de Cartagena, tenía menos de un año de haber sido creada y contaba apenas con un patrimonio de 20 millones de pesos, para manejar un contrato de 571 millones de pesos.
“Corvivienda entregó un anticipo del 100 por ciento para las obras de mejoramiento y según testimonios de la misma comunidad, muchos de los inodoros y puertas que aparecen en las fotografías que hacía el contratista para entregar informes a Corvivienda eran las mismas, es decir, ponía estos acabados temporalmente en cada casa para tomar las evidencias. Estas declaraciones de la comunidad son muy graves”, comentó Monsalve.
En abril de este año, durante la administración del director de Corvivienda, William Amín, la entidad le declaró la ocurrencia de siniestro de incumplimiento contractual a Funcoldes por 268 millones de pesos, correspondientes al valor de las obras sin ejecutar.
“Las pocas obras que se hicieron fueron de mala calidad y esto no tienen ninguna justificación. Aquí no solo hay hallazgos fiscales, sino que podrían repercutir implicaciones penales y disciplinarias para los funcionarios públicos y de la fundación. Se viene ahora un proceso de responsabilidad fiscal”, comentó el Contralor Distrital.
