La violencia sexual contra las mujeres en Colombia sigue siendo uno de los flagelos sociales que no cesa. De hecho, las cifras cada vez son más alarmantes, pese a que existen tratados internacionales y un marco normativo que las protege legalmente.
En ese sentido, desde la Universidad de la Costa la profesora internacional del programa de Psicología María del Mar Sánchez -en cojunto con investigadores de España- realizó la investigación: ‘Protection against Sexual Violence in the Colombian Legal Framework: Obstacles and Consequences for Women Victims’, para examinar la legislación penal 'sobre los delitos de violencia sexual en el país, con el doble propósito de analizar las garantías procesales de las mujeres víctimas de violencia sexual y determinar los obstáculos para las afectadas de acuerdo con el marco legal'.
La también líder de esta investigación explica que en el desarrollo del trabajo estudiaron, mediante el método de interpretación legal, la legislación penal (códigos penales de 1936 hasta el 2014, decretos y leyes modificados, relacionados con los delitos de violencia sexual en el territorio colombiano). A su vez, en dicha revisión, tuvieron en cuenta las sentencias de tutelas: T-211 de 2019, T-126 de 2018 y T-418 de 2015, obtenidas a través de la página web de la Corte Constitucional.
'En estas sentencias observamos que la Corte Constitucional fallaba señalando la necesidad de que las instituciones ofrecieran una atención especializada, con enfoque de género a las víctimas'. Frente a este hallazgo determinaron que el principal obstáculo es la violencia institucional porque como consecuencia ocurre la victimización secundaria, que hace referencia a la prolongación en el tiempo del juicio, las fallas en la intimidad y la protección de la víctima, la falta de información sobre el proceso, la subjetividad y/o la falta de especialización por parte de los profesionales, así como -incluso- la propia tipificación de los delitos y la credibilidad a la víctima.
