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Trabajadores de Valledupar en huelga de hambre para presionar los pagos.
Cortesía
Región Caribe

“Salvamos vidas, pero no nos pagan”: trabajadores de salud

Médicos y demás personal asistencial coinciden en que la contratación en hospitales a través de terceros agravó la crisis del sector en la Costa.

Once meses sin recibir un solo peso por su trabajo, cumplido puntual y eficazmente, ha obligado a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar a vender sus salarios a usureros que les cobran intereses entre 20% y 30%.

En Sucre, en tanto, muchas enfermeras cumplen turnos de más de ocho horas en hospitales públicos que hace 32 meses no les pagan, y luego asumen el cuidado de pacientes particulares para poder recibir un dinero que nivele sus ingresos. A su vez los médicos de Montería se quejan porque algunas clínicas, por la baja producción, le recortaron el salario al personal contratado a través de terceros.

Para el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud seccional Bolívar, Roberto Bustamante, la dramática situación económica de los trabajadores de la salud de la Costa hizo que echaran por la borda su proyecto de vida. “Muchos han perdido los bienes que habían adquirido a lo largo de los años. Salvamos vidas, pero no nos pagan, qué paradoja”, confiesa, y pone de ejemplo la crisis en el hospital del municipio de Altos del Rosario, donde hace 23 meses no reciben salarios.

Para la presidenta nacional de Sindes, Doris González, la tercerización, que según ella es del 90%, ha sido un gran daño, tanto para la red hospitalaria como para las organizaciones sindicales. En mayo pasado, mediante Resolución 753 de 2020, el Gobierno nacional aprobó $213.000 millones a los hospitales  para cubrir la “deuda histórica” que se tenía y que representaba una inequidad para los trabajadores.

Al Atlántico le giraron $3.789 millones, a Bolívar $6.715 millones, al Cesar $3.332 millones, a Córdoba $7.807 millones, a La Guajira $7.338 millones, al Magdalena $4.196 millones y a Sucre $10.496 millones.

“Estamos a punta de préstamos”

Por *Óscar Cuello

Si bien los médicos y funcionarios de la salud han sido convocados a hacer parte de la llamada ‘primera línea’ de contención frente a la lucha contra el coronavirus, muchos de ellos en Córdoba acuden a las salas de emergencia sin recibir un pago oportuno de sus salarios, con retrasos de hasta cinco, seis y 13 meses. Con tarjetas de crédito, préstamos y otros métodos para sobrevivir pasan los días centenares de médicos y personal paramédico contratados por prestación de servicios. Recientemente en Montería cuatro intensivistas renunciaron a sus labores tras considerar que se les habían violado todos los acuerdos laborales al estar trabajando, según ellos, sin recibir salario durante más de un año.

El cirujano general, Iván Fajardo, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, y empleado por prestación de servicios en varias clínicas en Montería, asegura que “al contrario del discurso populista y farandulero de nuestros políticos, a nosotros el personal de la salud se nos agravó la situación económica, dado que a pesar de que el presidente dice que han llegado los recursos para equipos e infraestructura, no han llegado para pagarles a los médicos”. Dijo que en agosto muchos empleados de la salud están apenas comenzando a recibir los pagos atrasados, correspondientes a los meses de febrero. “Hay que ser coherentes”, dijo el profesional.

Llevan 29 meses sin recibir salarios

Por *Agustín Iguarán

El hospital del municipio Cerro de San Antonio, Magdalena, es la muestra más clara de la corrupción administrativa que se presenta en la red hospitalaria de este Departamento, y quizas de la Costa Caribe. A sus empleados les adeudan 29 meses de salarios, prestaciones y vacaciones. Lo triste es que los trabajadores –según Sindes– “fueron engañados con un plan de saneamiento fiscal y financiero”.

La enfermera, de 54 años, Luz Estela Jiménez, es el símbolo de ese desgreño oficial, pues asegura que en sus 29 años de servicio laboral no había visto semejante “horror”.

Dijo que hoy, con la nueva gerencia, hay optimismo. “He subsistido porque le he pedido a mis familiares que me regalen para comer”, asegura. Sin embargo, no pudo evitar que su hija Luz Adriana Castro abandonara durante tres años sus estudios de medicina en la Universidad Libre. Hoy está en séptimo semestre. La deuda de los hospitales con los trabajadores asciende a $20 mil millones. Según la Gobernación del Magdalena, 9 de los 25 hospitales permanecen en malas condiciones físicas, lo que equivale al 36% de la red pública hospitalaria. Doce están en regulares condiciones, lo que representa el 48%; y solo 4 se encuentran en buen estado. La red hospitalaria cuenta con mínimas garantías laborales, siendo el 34% del recurso humano correspondiente al área administrativa y 66% al área asistencial.

“Tenemos vendidos salarios”

Por *Miguel Barrios

A muchos de los médicos, enfermeras y auxiliares del hospital Rosario Pumarejo de López, en paro hace más de 30 días por falta de pago de hasta 11 meses de salarios, les ha tocado recurrir a las casas de empeño o a los usureros que les compran los sueldos hasta con 20 y 30% de intereses. “Son alternativas indignas a las que nos hemos sometido cada jefe de hogar velando por llevar sustento a sus hijos, empeñando los objetos de valor que tienen en sus casas, empeñando los sueldos, es una situación de extrema indignidad”, sostuvo el médico ginecólogo Julio Peralta, vocero del personal asistencial.

 La médico general Lilia Díaz Maya indicó que “tenemos compañeros que han acudido a vender sus sueldos con porcentajes altísimos de intereses, y lo peor es que a veces quienes los compran son personas vinculadas a las mismas cooperativas que los contratan; no tenemos primas, ni vacaciones, trabajamos de lunes a viernes, y muchos se ven abocados a vender los sueldos que no han recibido para  poder subsistir, esto es terrible”. 

Juan Rojas, auxiliar de enfermería al que le adeudan 7 meses de sueldo, y uno de los trabajadores que decidieron encadenarse en la puerta asistencial y declararse en huelga de hambre, dice que han pasado “penurias” porque han sobrevivido del rebusque.

“Hay enfermeras que salen trasnochadas de aquí a cuidar adultos mayores durante el día de manera particular para que les paguen 30 mil pesos”.

“Nación debe retomar pagos”

Por *Alix López

El pago atrasado de los recursos de las EPS a los hospitales y la contratación del personal a través de cooperativas terminó de agravar la situación de la salud de los trabajadores y de los usuarios, asegura el presidente de Anthoc Bolívar, Roberto Bustamante.

Dice que la emergencia que se vive en la región Caribe por el impago de los salarios afecta también a Bolívar, en donde la deuda supera los $25.000 millones.

Cita el caso del Hospital del municipio de Mariangola, que hace 13 meses no les paga salarios ni seguridad social, al igual que el asilo Casa de Recuerdo de Mompox, antiguo hospital San Juan de Dios que fue liquidado y dejó una deuda de 20 meses de salarios a sus trabajadores. Igual ocurre con Santa Catalina, en donde hace un año sus trabajadores no reciben su sueldo. El panorama es muy similar en Turbaco y Mahates, asegura.

Como alternativas a la crisis asegura que los diferentes sindicatos de la salud  coinciden en que el Gobierno nacional debe crear un modelo alterno a la Ley 100 para que el Estado recupere el manejo de los hospitales y que las nóminas de los trabajadores del sector salud sean financiadas directamente por el Estado. Este esquema permitirá además garantizar los servicios a la población, seriamente afectada.

Pagaron con giro de Minsalud

Por *Sandra Guerrero

La mayoría de los hospitales públicos de La Guajira se encuentran al día con los salarios del personal médico asistencial gracias a los recursos enviados en mayo por Minsalud para pagar las deudas laborales en hospitales, según el Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Fidel Loaiza, de Sindess, asegura que en Uribia, Nazareth, Villanueva, Albania y Riohacha pagaron hasta julio, mientras que la próxima semana lo harán en Dibulla, Maicao, Fonseca y Distracción. En Hatonuevo y Urumita les deben varios meses a los empleados. El gerente del hospital Armando Pabón López, de Manaure, David Cotes, explicó que están al día en este 2020, pero se deben salarios de vigencias anteriores. Son ocho meses acumulados del 2015 al 2019. Agrega que debido a la pandemia mucho personal de nómina con comorbilidades y mayores de 60 años están en aislamiento preventivo por lo que han sido reemplazados por personal por prestación de servicio, lo que incrementa la tabla salarial y el presupuesto. 

Leonel León, gerente del hospital de Barrancas, asegura que están al día hasta junio y la próxima semana lo harán con julio. La gerente del hospital San Rafael de San Juan del Cesar, María Isabel González, indicó que con los recursos del Minsalud pagaron de enero a julio a médicos, especialistas y enfermeras, aunque existen deudas de vigencias anteriores que suman entre 6 y 8 meses.

“En Sucre acudimos al rebusque porque nos deben hasta 32 meses”

Por *María V. Bustamante

“Increíble que para nosotros, en medio de la pandemia, el Gobierno no haya decretado que nos paguen todas las deudas que nos tienen y de las que no sabemos ya ni a quién cobrarle, porque son tantas las cooperativas que nos han tenido trabajando”, asegura una enfermera que completa 12 años de labores en el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), y a quien le adeudan 25 meses, seguridad social y dotación de uniformes. En lo que va de este año solo ha recibido pago de 4 meses a través de la cooperativa San Pablo que empezó a funcionar desde mayo de 2019 cuando la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino ese ente asistencial. El pago más reciente fue hace un mes y correspondió a los salarios de marzo y abril.

“He tenido que aprender a vivir en medio de las precariedades. Tenemos plata y es como si no la tuviéramos porque cuando la necesitamos no la tenemos. Les vamos a cobrar a los dueños de las cooperativas y nos dicen que no nos pagan porque el hospital no les ha pagado a ellos”, dice esta mujer que subsiste en su hogar con lo poco que su esposo se gana manejando moto y una que otra cosa que aportan sus hijos cuando trabajan.

Como ellas hay otras tantas, al igual que camilleros, personal de servicios generales y hasta médicos a los que les adeudan desde antes de la primera intervención al HUS y esas deudas siguen allí, congeladas, y sin nadie que les diga cuándo se las van a pagar porque la agente interventora, Inés Guerra Loaiza, nunca se ha referido a ese tema con ellos y tampoco les da audiencia para preguntar.

A otro empleado que le deben 32 meses, y que pide al igual que la enfermera no revelar su identidad por miedo a que tomen represalias en su contra, asegura que se ha tenido que dedicar al comercio de toda clase de productos en los días que no labora en el HUS para poder subsistir. Al personal que es de planta le están adeudando dos meses.

Desde mayo de 2019 cuando se inició la intervención se paralizaron las protestas en el HUS por el no pago oportuno, y no es porque el personal no tenga razones para hacerlo, sino porque son temerosos de las represalias y además ven, según ellos, que este Gobierno no se ha interesado por ellos, “nosotros vemos que aquí el remedio fue peor que la enfermedad porque con el cuento de que está intervenido ya ni el gobernador viene a mediar para que nos paguen y el sindicato está callado”, anota una enfermera del HUS que dice que en su casa se alimentan gracias al sueldo de su esposo que es vigilante.

Quienes tienen medio de transporte, moto o bicicleta, resuelven cómo llegar y cómo salir del trabajo, pero la mayoría de las enfermeras y auxiliares, así como las de servicios generales, dicen que caminan desde sus hogares para cumplir en un trabajo por el que no reciben remuneración oportuna.

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