¿Qué pasa en las regiones donde entes de control tomaron decisiones?
Mandatarios en Malambo, Cesar, Sincelejo y Cereté, enfrentan diversos procesos sancionatorios, disciplinarios y hasta judiciales por contratos hechos durante la emergencia santiaria de la COVID-19.
El alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, calificó como injusta y desproporcionada la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo por tres meses y la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por el caso de los mercados entregados durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Monsalve Álvarez aseguró que ha hecho las cosas con dignidad y con respeto bajo el marco de la legalidad.
“Hoy hemos sido afectados por una decisión administrativa que no comparto porque sé que las cosas las hemos hecho bien”, dijo el alcalde, quien anunció que “atacarán con todos los medios legales” previstos en el estado social de derecho para comprobar su “legítima inocencia”.
El mandatario municipal reconoció que no duda del trabajo de las instituciones, ya que está a favor de la justicia y en contra de la corrupción, por lo que demostrarán “con todas las pruebas y con todas las ayudas”, su inocencia. Expuso que el municipio de Malambo tiene un endeudamiento de $104.000 millones y “nunca fue investigado”.
Monsalve Álvarez aseguró que las contrataciones que hicieron “otros movimientos políticos”, todavía están sin terminar y que nunca fueron investigadas. Resaltó que su gestión –los últimos meses– ha contrarrestado la corrupción ya que no hay coimas en educación ni en otras secretarías “como se venía presentando”.
Rummenigge Monsalve señaló que su intención no es evadir a la justicia, sino lo contrario y que sus acciones “se encuentran dentro del marco legal y debidamente soportada”.
El ente de control disciplinario abrió la investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Malambo, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del Contrato 001 de 2020, con la Fundación Lirio de los Valles, por $4.000 millones, para adquirir kits de mercados para la población vulnerable del municipio, con ocasión a la emergencia.
También se abrió investigación contra Doris Emilse Monsalve Parra, profesional universitaria adscrita al despacho del alcalde, en el Área de Programas Sociales, quien figura como supervisora de la entrega de 80.000 mercados a la población vulnerable del municipio.
Las otras actuaciones. La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, por irregularidades durante la emergencia sanitaria. El ente de control dice que ha podido establecer que el alcalde inicialmente suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por $4 mil millones con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) para suministrar 80 mil kits de mercados para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa.
El 13 de abril fue suscrito otro sí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato.
Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativa de la libertad. La Contraloría General también ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Monsalve, la Fundación Lirio de los Valles, la supervisora del contrato Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597.
Cereté quedó con alcalde y secretario de Desarrollo encargados
Por Oscar Cuello
Una vez posesionado como alcalde encargado de Cereté, el también secretario general de la Gobernación de Córdoba, Luis Gabriel Degiovanni, realizó la designación de su secretario de Desarrollo Económico e Inclusión Social.
La dependencia fue asumida por Luis Miguel Aicardy Cogollo, quien a su vez seguirá fungiendo como secretario de Gobierno municipal; es decir estará a cargo de las dos carteras. Aicardy Cogollo llega en remplazo de Juan Felipe Angulo, el funcionario que junto al alcalde titular fue separado del cargo por la Procuraduría, luego de que se considerara que habría incurrido en presuntos sobrecostos para la compra de mercados que iban a ser destinados paras las familias vulnerables en medio de la pandemia por el coronavirus.
Precisamente la Fiscalía anunció que procesaría alcalde titular Luis Antonio Rhenals Otero por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales, por lo que se espera que el partido político Colombia Renaciente, el cual inscribió la candidatura, elabore la terna de candidatos que podrían asumir las riendas del municipio.
Precisamente luego de la separación del cargo del alcalde titular, en Cereté hizo presencia el gobernador Orlando Benítez Mora, quien se reunió con la secretaria de Educación Municipal, Indira Petro Plaza, y el rector de la Institución Educativa Marceliano Polo Edgar Otero, para la entrega de 2.327 computadores del programa Computadores Para Educar, los cuales serán entregados a estudiantes de estratos 1 y 2.
La Procuraduría notificó la suspensión provisional por tres meses de sus cargos a la secretaria general de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández, y a la directora de la oficina de Gestión de Riesgo, María José Páez, por presuntas irregularidades en la contratación, y ejecución de contratos, de kits alimentarios para familias vulnerables en medio de la emergencia sanitaria.
Según el órgano de control, las dos funcionarías habrían incurrido en faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados, e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales.
El Ministerio Público señaló que con la suscripción de los contratos pudo haberse desconocido los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación estatal.
Por María V. Bustamante
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a cargo de Giancarlo Marcenario Jiménez llamó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo y a varios de sus funcionarios por los sobrecostos en la compra de los 26.666 mercados en medio de la pandemia por la COVID-19.
Este ente consideró que los funcionarios incurrieron en falta y culpa gravísima. Además del alcalde Andrés Gómez Martínez, el Ministerio Público vinculó a la investigación disciplinaria a la jefe de la oficina jurídica, Katiuska Fernández Castillo; a la jefe de contratación, Andrea Gutiérrez Ahumada; y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto.
En el auto de citación a audiencia pública, la Procuraduría les imputa cargos a los cuatro y les reprocha el no haber realizado la labor que a cada uno le compete en el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos por la alcaldía con Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., por la emergencia por COVID-19. A la fecha a cada una de estas sociedades les adeudan el 50% de los contratos que son $769.514.095.
Sobre Gómez, la Procuraduría dice que habría incurrido en falta disciplinaria gravísima y culpa gravísima en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa; mientras que de Katiuska y Andrea, que omitieron un estudio jurídico adecuado a las propuestas presentadas por los cotizantes, privando a la administración municipal de conocer la realidad del mercado para establecer la viabilidad de los precios presentados en estas ofertas; y del secretario de desarrollo dijo el ente disciplinario que este omitió verificar si dichas propuestas se ajustaban a los precios del mercado reales y permitió que se contratara con sobrecostos, además de haber certificado que recibía a satisfacción la totalidad de los kits de alimentos contratados con destino a la población vulnerable cuando no fu cierto porque a través de Contraloría lograron establecer que muchos de estos estaban incompletos.
Además de esta investigación disciplinaria hay un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde en la Contraloría por más de $1.000 millones y otro en la Fiscalía que también involucra a estos funcionarios, al mandatario y a los contratistas de los mercados, como al contratista de una publicidad Hugo Tabares Sierra y el jefe de prensa de la alcaldía, Gustavo Pérez Mier.
El alcalde de Coveñas, Rafael Tapias, tiene un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $229 millones por presuntos sobrecostos en los kits de alimentos y de aseo, además de una investigación penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado, y se está a la espera de que la Fiscalía lo haga comparecer a la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento que el Fiscal General le notificó públicamente el jueves.
