Las fallas del PAE en la región Caribe

Tras dos meses de haber iniciado el calendario escolar en Colombia, la región Caribe ha acaparado los focos de todos los órganos de control del país por las constantes fallas, presuntas irregularidades y atrasos en la prestación del Plan Alimentación de Escolar, PAE.

La situación es verdaderamente preocupante y no es para menos. En las distintas instituciones educativas oficiales de la Costa Caribe se presentan todos los problemas habidos y por haber con respecto a la iniciativa nutricional.

Según la Procuraduría y la Contraloría, las principales deficiencias son: incumplimiento por parte de los operadores, falta de planeación por parte de las autoridades locales en materia de contratación, carencia de comedores y equipos de refrigeración aptos para mantener la calidad de los alimentos que ingieren los estudiantes y el suministro de raciones incompletas o en mal estado.

Hasta el corte del pasado primero de abril, el panorama más crítico se registra en el departamento de Sucre, en donde se observa que la entrega de raciones a cerca de 50.000 beneficiarios por parte de la Gobernación solamente se dará hasta el mes de mayo, pese a que el calendario escolar se inició el 24 de enero.

A raíz de esto, y con el objetivo de que se garanticen los derechos a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los beneficiarios del PAE, la Procuraduría instauró acciones de tutela contra la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo. A la fecha se ha accedido a las pretensiones del Ministerio Público en el municipio de Sincelejo y parcialmente frente al departamento.

Igualmente, dada la afectación de los derechos de la niñez y el presunto incumplimiento de sus obligaciones en el Programa de Alimentación Escolar, la Procuraduría Regional de Sucre abrió indagación preliminar contra el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, y el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez.

A su vez, la Procuraduría Provincial de Sincelejo abrió indagación preliminar contra los alcaldes de los municipios de Caimito, Corozal, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Morroa, Colosó, Chalán, Tolú, Coveñas y Sampués.

'Las fallas se deben principalmente a la demora en el inicio de los procesos contractuales por falta de planeación, lo que impide que los niñas, niñas y adolescentes reciban este servicio desde el inicio del calendario escolar, que generalmente se da en la tercera semana de enero y, como se puede apreciar, hay ETC que aún sigue en etapa precontractual, con fechas probables de inicio hacia finales de abril o mayo', indicó Viviana Mora, Procuradora delegada para la primera infancia.

Agregó que: 'la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa presentando importantes debilidades en temas de control a la calidad e inocuidad de los alimentos recibidos por los beneficiarios. Persisten los hallazgos frente a las condiciones de las instalaciones en las que se preparan o consumen los alimentos. Varias ETC no cuentan con mecanismos efectivos de supervisión o estos se limitan a la formalidad, sin que se impongan controles efectivos a la operación'.

Asimismo, la Procuraduría indicó que de 18 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) que se ubican en la región Caribe, once presentan algún problema con la prestación del servicio de alimentación escolar, principalmente porque no han dado inicio a la prestación del servicio para la población mayoritaria, por cuanto los procesos contractuales se encuentran en etapa precontractual o en etapa de alistamiento.

'Estas ETC son los departamentos de Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre y las alcaldías de Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, siendo la capital del Cesar la que ha reportado fecha de inicio. En Cartagena se presenta incumplimiento de los operadores, a los que al parecer ya se les han impuesto multas', explicó Mora.

Por otro lado, en Lorica se presentaron quejas por la preparación en sitio, debido a que solo se está prestando en 13 instituciones educativas.

Según el Ministerio Público, esta situación no es nueva y ha sido un problema frecuente durante los años anteriores. En su momento, tras un informe de 2021, se efectuaron requerimientos a las ETC de Córdoba, Lorica, Sucre, Sincelejo, Bolívar y Valledupar.

Además de los territorios mencionados, varias alertas por incumplimientos se han reportado en Riohacha. Asimismo, la Procuraduría se encuentra indagando la situación del Plan de Alimentación Escolar en el Magdalena, ya que en el proyecto están en juego recursos de regalías.

Sobre este tema, cabe recordar que en la quinta sesión del OCAD Caribe se tomó la decisión de que la Gobernación del Magdalena no fuera la ejecutora del Plan de Alimentación Escolar 2022 y, en su defecto, esta responsabilidad se le endilgó a la Región Administrativa y de Planificación, RAP.

Lo cierto es que hasta el sol de hoy, más de 141.000 niños del departamento siguen sin recibir ninguna ración nutricional mientras estudian.

'Inquieta de manera importante la situación en el departamento del Magdalena y por eso se hace seguimiento a ese proyecto que el departamento adelanta con recursos de regalías ante la Ocad Caribe. Asimismo, en el departamento del Cesar muchos de los municipios de esa entidad territorial aún no cuentan con contrato para la prestación del servicio', dijo Mora.

Explicó además que 'la Procuraduría hace seguimiento a todas las ETC del país teniendo en cuenta que el no cumplimiento en la prestación oportuna del Programa de Alimentación Escolar afecta el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del mismo. Ellos son la población más vulnerable del país'.

A pesar de que en muchos departamentos el PAE inició en los tiempos estimados, lo cierto es que en muchos casos el manejo de los alimentos no ha estado a la altura de las exigencias del Gobierno con respecto a calidad.

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, reveló que en muchas instituciones educativas las bebidas líquidas se han dañado por falta de infraestructura adecuada en materia de refrigeración, una carencia que el funcionario cataloga como grave debido a las circunstancias climáticas de la región, donde reinan las altas temperaturas en los salones de clases.

'Hay temas muy puntuales. En la Institución Educativa 11 de Noviembre de Cartagena se habla de que no existe como tal un adecuado manejo de refrigeración de los alimentos porque no hay neveras. Así los niños no tienen condiciones dignas para su alimentación', explicó Pineda.

'Es lamentable que esto suceda. Ahora con los nuevos lineamientos pasamos de hacer raciones en casa, a que se hagan en sitio. Cuando se preparan en sitio debe haber todos los elementos. Lo que hemos conocido es que efectivamente los alimentos no están llegando con la calidad que deben llegar y esto no debe pasar en la región Caribe, que es más caliente y que necesita de buenos equipos de refrigeración', agregó.

Según la Contraloría, los atrasos en la implementación del PAE obedecen a la falta de planeación y logística por parte de las distintas autoridades departamentales, ya que los recursos de este programa (2.7 billones de pesos) fueron garantizados por el Gobierno nacional desde el año pasado.

'Se observa una falta de planeación porque el PAE debe iniciar junto al calendario escolar y estamos observando casos en los que se han superado barreras de los 70 días sin que arranque el programa, es decir 70 días donde se ha pagado, pero no se ha prestado el servicio. Esto genera riesgos de índole fiscal y de vulnerabilidad porque los niños van a las instituciones por su comida y no se les está dando', indicó Pineda.

Asimismo, el funcionario explicó que en 2022 se han abierto cuatro indagaciones preliminares por 3.180 millones de pesos y se han abierto 74 procesos de responsabilidad fiscal por 23 mil millones de pesos en la región Caribe.

En ese sentido, el órgano de control lamentó que el 77 % de las instituciones educativas no cuente con comités de veedurías que pongan la lupa en el PAE.

Lo anterior es compartido por la Procuraduría, entidad que explicó que persisten los hallazgos frente a las condiciones de las instalaciones en las que se preparan o consumen los alimentos, ya que varias ETC no cuentan 'con mecanismos efectivos de supervisión o estos se limitan a la formalidad, sin que se impongan controles efectivos a la operación'.

'La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa presentando importantes debilidades en temas de control a la calidad e inocuidad de los alimentos recibidos por los beneficiarios', reiteraron.

Por último, el Ministerio Público señaló que si bien el PAE no es una estrategia de nutrición, ni reemplaza el cuidado y alimentación adecuada que deben recibir en el interior de sus familias, sí es incentivo para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema escolar, que tiene impactos aún más importantes en la materialización de los derechos a la salud, a la educación y acceso a una alimentación equilibrada en las familias de mayor vulnerabilidad.

La Contraloría Móvil reveló que el Colegio María Auxiliadora, en el corregimiento San Pedro del municipio de Guamal (Magdalena), carece de un comedor idóneo para la alimentación de los estudiantes.

Ante esto, la Contraloría determinó citar a una mesa de trabajo donde se acuerden compromisos que permitan una solución definitiva.

'Es lamentable estas obras inconclusas y que los estudiantes no tengan condiciones óptimas para alimentarse en estas instituciones', informó Luis Carlos Pineda, contralor delegada para la Participación Ciudadana.

'Desde la Contraloría General de la República, y de acuerdo con el especial seguimiento que se viene realizando, estamos formulando un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE', informó el funcionario.

El Programa de Alimentación Escolar en Cartagena inició de manera oportuna; sin embargo, desde finales de febrero se han presentado varias interrupciones en el servicio por malos manejos de los operadores, según informó la Alcaldía de la capital de Bolívar.

Ante esta situación, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó su malestar y explicó que evaluó la posibilidad de caducar el actual contrato para garantizar el bienestar de los estudiantes.

'Este contrato se vence en abril, y esperamos contratar con otra empresa. Ya se están haciendo los trámites para iniciar el proceso. Adicionalmente, a este contratista (refiriéndose a los operadores que han incumplido) se le han impuesto multas, y al parecer, no les han pagado a los empleados, quieren buscar la posibilidad de anticiparles algo y eso no va a suceder, entonces vamos a tener que declarar la caducidad del contrato', indicó el mandatario en un comunicado de prensa.

'La idea es que para el próximo año escolar se va a hacer con licitación pública. Cartagena está trabajando en establecer unos precios macro de referencia del PAE, de tal modo que no vuelvan a cobrar pechugas a 60 mil pesos y los panes a 5 mil cuando cuestan 500 pesos', agregó.

Durante los últimos meses, la comunidad educativo denunció que los operadores han entregado raciones incompletas o dañadas. Asimismo, las manipuladoras de alimentos han denunciado que los contratistas les adeudan varios pagos por su labor prestada.

A la fecha, la Alcaldía de Cartagena informó que a la UT Por los Niños de La Heroica se les aplicaron descuentos por el orden de los 357 millones de pesos aproximadamente por la no entrega de paquetes completos, moras y retardos.

En los últimos días, la Secretaría de Educación Distrital (SED) realizó la Primera Mesa Pública 2022 del Programa de Alimentación Escolar de Cartagena en la que la ciudadanía tuvo la posibilidad de presentar su visión del servicio prestado en las escuelas públicas y entregar propuestas de mejoras para que los estudiantes beneficiados reciban el complemento nutricional de manera óptima.

Durante esta primera mesa también participaron representantes de los entes de control como Roberto Pareja, procurador provincial de familia y Marlith Herrera Terán, personera delegada. Por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), interactuó Andrea del Pilar González.