Crece el miedo por el plan pistola en la región Caribe

Por la ‘cabeza’ de cada uniformado hay recompensa. Según información entregada por Mindefensa, el Clan del Golfo ofrece desde $5 hasta $20 millones a los criminales que afecten la integridad de los miembros de la Policía en cualquier rincón del país.

La región Caribe no ha escapado de esta oscura realidad. Seis policías han muerto y diez han resultado heridos producto de estos ataques en la costa norte del país, específicamente en Córdoba, Sucre y Bolívar.

El caso más reciente ocurrió en Tuchín, Córdoba, donde sicarios asesinaron a Emilio Borja Yanes, en el barrio Belén. En ese mismo hecho resultó lesionado el también patrullero Armando José Vidal Espitia.

Y, hace menos de una semana, en el corregimiento Las Palomas, zona rural de Montería, delincuentes acabaron con la vida del patrullero de la Policía Kevin Daniel Mejía Arrieta, quien se encontraba de descanso en una barbería del sector. Horas después  pistoleros mataron a Kevin José Martínez, quien estaba en la intimidad de su morada.

“Uno siente mucho miedo la verdad. Porque uno sale a trabajar y la familia vive todo el día con el miedo de que lo maten a uno por portar un uniforme. Se siente uno como vulnerable, pero toca cumplir con el servicio”, contó un patrullero de Córdoba que prefirió reservar su nombre.

En Bolívar, por su parte, el Clan del Golfo atacó el martes la Estación de Policía de San Jacinto. La organización ilegal también pretendía causar  daños en la de Magangué, pero uniformados alcanzaron a frustrar el ataque de dos sujetos.

Asimismo, el comandante de la Policía de Zambrano ha recibido amenazas. Además, se han registrado intimidaciones en Hatillo de Loba, María La Baja y el Carmen de Bolívar.

“Nuestra fuerza pública está para proteger a nuestra gente de los bandidos y ante esta arremetida delincuencial contra ellos pedimos que por favor redoblemos acciones y que el Gobierno nacional nos ayude a detener esta escalada violenta en nuestro territorio. Perdimos a nuestros compañeros, soldados y policías en ataques cobardes. Abrazo a sus familias y convoco toda la atención nacional a Bolívar con este SOS por la seguridad de nuestro departamento”, expresó Vicente Blel, gobernador de Bolívar.

En alerta se encuentran las autoridades del Cesar ante la puesta en marcha del llamado plan pistola por parte del Clan del Golfo en contra de la fuerza pública en el país.

“Estamos con alertas de inteligencia, atendiendo las diferentes fuentes de información con las que contamos, afortunadamente las autoridades y comunidades nos apoyan en estos temas de seguridad operacional; diríamos que es a nivel regional, entonces no se puede bajar la guardia en ninguno de los municipios”, indicó el comandante de la Policía en este departamento, coronel Luis León.

 Precisó que en el Cesar hay algunos focos de interés por parte de esta estructura armada como el norte y el extremo sur del departamento.

“Todos conocemos las condiciones de una geografía tan importante que tienen los 25 municipios del territorio, entonces estamos atentos a contrarrestar cualquier acción criminal”, explicó.

En tal sentido, se ha reforzado la vigilancia a las estaciones e instalaciones de la Policía, la coordinación con labores de inteligencia y operativos, a fin de evitar que se presenten ataques en este departamento.

El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, ofreció este jueves al presidente electo del país, Gustavo Petro, un alto el fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel, y que incluya a los presos en el exterior que “tengan el compromiso honesto” de “esclarecer la verdad”.

Para esto, se muestran abiertos a “coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto”, día en que tomará posesión Petro, a desarmarse “en el momento indicado” y a “pedir perdón” aportando “verdad total e integral”, algo que vendría de la mano de “reparar y, sobre todo, no repetir los actos criminales”.

Ante esto, Álvaro Leyva, canciller designado del gobierno electo, aseguró que el gabinete de Gustavo Petro dialogará con los grupos ilegales que en la actualidad mantienen una escalada de violencia en diferentes partes de Colombia, sobre todo en la región Caribe, donde han realizado constantes hostigamientos a estaciones de policía.

“Claro que habrá diálogo. Ellos lo saben. Vamos a buscar la paz total”, dijo Leyva. “Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie. A propósito con el ELN también habrá revisión de fechas, fortalecimiento para la JEP”, agregó.

Luego de que 27 grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, propusieran al presidente electo, Gustavo Petro, un alto el fuego, pero sin pagar cárcel, EL HERALDO consultó a varios expertos en temas de seguridad sobre la viabilidad que tendría esta propuesta.

Reynell Badillo, investigador del Centro de Pensamiento UNCaribe, indicó que esos grupos armados tienen de sí mismos una lectura. 

“Estos grupos no se ven como narcotraficantes. Justifican su existencia en el débil funcionamiento del Estado y reconocen que contribuyen a sostener ciertos órdenes en la comunidad, por lo que el presidente electo (Petro) debe tener esto en cuenta para planear su estrategia de paz y seguridad”, asegura Badillo, al tiempo que expone que estos grupos “no están dispuestos a un sometimiento cualquiera”.

El experto sostiene que estas estructuras “no buscan ir a la cárcel” y, por el contrario, esperan un proceso de justicia transicional. “Para que funcione, no basta con que el Gobierno haga una propuesta de sometimiento (como hizo Santos), sino que es necesario dialogar al menos sobre unos mínimos. El camino es establecer algún mecanismo de interlocución”.

Lo anterior para el académico deja grandes riesgos que pueden hacer que este proceso fracase: el primero es la desmovilización de estos grupos armados sin la identificación de la cadena de criminalidad transnacional que los sostiene, “puede ser problemática”, ya que otros grupos pueden asumir sus funciones. “Solo cambiamos de actores en el escenario de violencia”.

Otro aspecto es que hacen falta varios grupos locales. “Es necesario identificar esa cadena de criminalidad tanto a nivel transnacional, como a nivel local”.

Para César Niño, profesor de Conflicto y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, el anuncio le parece “una buena noticia” en el sentido en que a nadie le conviene, en términos de construcción de paz, mayor conflicto y mayor guerra contra grupos armados organizados como el Clan del Golfo y otro tipo de grupos.

“Creo que la intención hay que verla desde un punto de vista muy objetivo. La carta que han enviado al gobierno entrante hay que analizarla desde un punto de vista bastante objetivo. Hay que ver un poco cómo este tipo de grupos, en particular el Clan del Golfo, empieza a ver al futuro gobierno del presidente Petro en las dimensiones en la cual se puede intentar entablar una agenda de conversación y por supuesto una mesa de diálogo”, argumenta el académico.

Pese a que Niño califica la acción como “mensaje alentador”, también hay que verlo con “bastante reserva”.

Hugo Acero, experto en seguridad, señaló que la “carta intención” tiene algunos límites impuestos por las propias organizaciones criminales que la suscriben, pues solo están dispuestos a desarmarse, no repetir los actos criminales, aportar, con sus versiones, a la “verdad total e integral”, pedir perdón por sus actos y cumplir con la justicia restaurativa.

“Con esto esperan que ninguno de sus miembros pague con cárcel o sean extraditados por los delitos que han cometido”, dijo Acero.

Destacó el experto que en  la carta no hablan en ninguna parte de la entrega de fortunas ilegales, ni de las rutas del narcotráfico y los negocios de minería ilegal y otras rentas criminales que controlan, ni de asumir responsabilidad penal por los miles de crímenes que han cometido.