Consejo de seguridad por roces entre campesinos y Ejército en Córdoba
Los impases se han reportado en el sur del departamento por causa por erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Las autoridades en el sur de Córdoba sostuvieron una reunión para evaluar los hechos de alteración al orden público que se han registrado por causa de roces entre el Ejército y los campesinos cocaleros que se rehúsan a la implementación de labores de erradicación forzada de hoja de coca.
El consejo de seguridad departamental se realizó en el municipio de Montelíbano, subregión del Alto San Jorge, sur de Córdoba, en el que además se analizaron los recientes homicidios, las amenazas contra líderes y lideresas, las protestas por efecto de erradicación de cultivos ilícitos y hechos de violencia contra la mujer.
“Participamos en un consejo de seguridad Departamental en Montelíbano, para analizar los homicidios, las amenazas contra líderes y lideresas, las protestas por efecto de erradicación de cultivos ilícitos y hechos de violencia contra la mujer”, se informó desde la defensoría del pueblo regional Córdoba.
La entidad agregó que “hacemos un llamado al Ejército nacional y a la Policía para realizar las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en el sur de Córdoba garantizando los derechos humanos de las comunidades y evitando confrontaciones con la población campesina”.
Cabe recordar que en rechazo a las labores de erradicación forzada que realiza la Fuerza Pública en el sur del departamento, cerca de 450 familias campesinas que viven de los cultivos de coca en el alto San Jorge, se estarían desplazando a la zona urbana de Puerto Libertador.
Así lo advirtió la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, luego de reseñar que el pasado 11 de abril expusieron a la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Puerto Libertador y a la Fuerza Pública la problemática social que afrontan por los operativos.
“Se solicitó el cese de los operativos de erradicaciones forzadas adelantados por la Fuerza Pública, puesto que los cultivos de coca son la mayor fuente de trabajo e ingresos económicos en la zona y su erradicación forzada está afectando a cientos de familias de esta región del Sur de Córdoba”, indicó la asociación defensora de derechos humanos.
También exigen la implementación inmediata de todos los puntos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
“Mientras no existan soluciones de fondo no permitiremos arrancar ni una sola mata de coca más”, concluyó.
