El Heraldo
Vista de una de las calles de un barrio en el municipio de Palmar de Varela, donde las aguas negras se represan cuando llueve. Luis Rodríguez Lezama
Región Caribe

Bonos del agua ‘ahogan’ finanzas de 42 municipios en la Costa

La deuda adquirida por los entes territoriales del Caribe asciende a $148.000 millones, para la cual se comprometieron vigencias futuras hasta por 20 años. Algunas de las obras no terminaron de ejecutarse.

Con excepción de La Guajira, los demás departamentos del Caribe se endeudaron con los llamados ‘bonos de agua’, que hoy tienen en el ‘ojo del huracán’ al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien en el pasado, ocupando el mismo cargo, creó la figura que le permitió a los municipios acceder a líneas de créditos para la ejecución de proyectos de acueductos y otras obras de saneamiento básico.

En la Costa, 42 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, accedieron a más de $148.000 millones en préstamos para contratar obras que buscaban superar, en su mayoría, las dificultades para el suministro de agua potable, tanto en las cabeceras como en las zonas rurales. 

Sin embargo, fue peor el ‘remedio que la enfermedad’, porque los recursos llegaron, pero muchos de los proyectos no se terminaron, quedando las finanzas de los entes territoriales ‘ahogadas’ con préstamos a largo plazo, y las comunidades sin solucionar el problema de abastecimiento del vital líquido.

Uno de los municipios caribeños con mayor endeudamiento a través de los bonos de agua es Valledupar, que logró un empréstito por $36.765 millones, para la ejecución de cuatro contratos de obras que quedaron a medias, y por los cuales los organismos de control abrieron investigaciones.

Entre estos se cuenta el caso del acueducto del corregimiento de Camperucho, donde la Contraloría determinó un detrimento de $538 millones, tras quedar inconcluso. Según las pruebas recogidas por el grupo auditor, se evidenció que la tubería no pudo llegar a esa población, faltando 2.348 metros, lo que no permitió que el acueducto funcionara.

El veedor ciudadano de Valledupar, Jaime Mora, dijo que a pesar de que la Contraloría estableció un detrimento de $538 millones por las obras inconclusas del acueducto de Camperucho, y que la Fiscalía asumió una investigación para determinar responsabilidades penales por lo mismo, no existen sanciones al respecto. Mora indicó que “es lamentable y preocupante, el hecho de no cumplir con el objetivo de una obra tan importante para la comunidad. Además, el caserío se quedó con la necesidad que era primordial resolver”.

El crédito agudizó la crisis financiera del municipio, al punto que fue uno de los detonantes para que este entrara en Ley 550.

En 2010, bajo el mandato del entonces alcalde Luis Fabián Fernández, la administración local acudió a los ‘bonos de agua’, comprometiendo vigencias futuras del Sistema General de Participación (SGP) por 19 años. La mayoría de las obras quedaron siniestradas, y en cambio los pasivos de Valledupar ascendieron a $211.000 millones, que fue el total de las acreencias que entraron en reestructuración con la llamada Ley de Quiebras, que empezaron a pagarse en 2014.

La tasa de interés fue generosa, al punto que tal como se concibió el crédito, Valledupar en los 19 años terminaría pagando unos $90.000 millones, prácticamente el triple de lo que recibió el Municipio.

A través del Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, los concejales autorizaron a Fernández asumir compromisos de crédito. Al recibir la administración, el exalcalde Fredys Socarrás Reales advirtió que las inversiones no se habían hecho y que el empréstito era el principal motivo para llevar a Valledupar a Ley 550.

La Contraloría municipal adelantó una investigación sobre este crédito y en un informe de 54 páginas reveló inconsistencias. Para el préstamo se comprometió el 75% del SGP.

Dentro de los hallazgos más relevantes el ente de control encontró que se aprobaron unas vigencias futuras sin realizar los estudios previos de tipo financiero, por lo que a la hora de la aprobación del empréstito no se consideró cuántas obras se iban a construir ni el valor de cada una, ni mucho menos el tiempo de ejecución de las mismas.

Por otra parte también la Contraloría encontró sobrecostos en los materiales utilizados por contratistas.

Sustituyeron al crédito 

La Secretaría de Hacienda en el actual gobierno, logró la aprobación de un crédito para sustituir dicha cartera. “Era muy onerosa para el Municipio y se estaba pagando un costo muy alto al servicio de la deuda. Con esta operación se generó un ahorro importante en la renta reorientada que es el SGP de agua potable y saneamiento básico. Se está hablando de un ahorro de $2. 500 millones anuales”, explicó el secretario de Hacienda, Eudes Fuentes Mejía.

El convenio inicial se realizó con una tasa del DTF + 11 puntos, y a través del acuerdo de reestructuración de pasivos realizado en 2014 sufrió una modificación con IPC+11 puntos. En la actualidad, se surte la negociación que se cerró con BBVA, a través de mejores condiciones de intereses para la entidad territorial.

En Cesar, además de Valledupar se endeudaron Bosconia con $2.365 millones, El Paso con $2.438 millones, y La Gloria con $2.367 millones.

 

Préstamos en Córdoba superaron los $13.500 millones

En Córdoba los préstamos ascendieron a $13.513 millones, a través de cinco poblaciones que contrataron con la firma Konfigura Capital, en la que supuestamente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fungió como socio.

En este departamento, los municipios de San Pelayo, Montelíbano, San Carlos, San Antero y Purísima adquirieron deudas durante el periodo 2008 - 2011, comprometiendo vigencias futuras hasta por 20 años y compromisos en el Sistema General de Participaciones (SGP) hasta por el 80%. Según fuentes, Purísima, San Carlos y Montelíbano fueron los municipios que adquirieron los “bonos Carrasquilla” por un precio más alto en este departamento.

En Montelíbano, ubicado en el valle del río San Jorge, con una población aproximada de 85.000 habitantes, la deuda adquirida fue por  $2.990 millones, de los cuales $1.834 millones fueron pagados por intereses de la deuda y $540 millones como abono al capital. Actualmente se adeudarían $2.200 millones, con el 20% del SGP comprometido para estas obligaciones.

Según el reporte de la fuente consultada, en este municipio algunos de los recursos se han invertido en la optimización del agua potable, redes e interventoría. Otros $2.000.000.000 millones de pesos fueron girados para el Plan de Aguas de la Gobernación de Córdoba y actualmente se pagan $136.000.000 millones trimestralmente.

En el municipio de San Pelayo, sus habitantes definen el proyecto de agua que se inició  con un crédito de $1.702 millones como un “elefante blanco”. Para este préstamos se habría comprometido el 17.90% del Sistema General de Participaciones (SGP) lo que afectó las arcas de la localidad. Actualmente poblaciones, como el corregimiento Las Guamas, tienen que recibir agua potable por medio de camiones cisterna, tras una acción de tutela presentada contra la Alcaldía.

San Antero, ubicado al norte de Córdoba, comprometió vigencias futuras por 20 años para amparar el empréstito de $1.227 millones. Con esos recursos se contrató la construcción de los acueductos rurales Naranjo N° 1 y 2, y San José. Según los reportes, las obras fueron culminadas y hoy se tiene una deuda vigente por el 20% del SGP.

De otra parte, el municipio de Purísima asumió una deuda con bonos de agua por $1.885 millones, con el 40% de su SGP, mientras que el San Carlos, solicitó un préstamo por $5.707 millones. Hasta el momento no se ha establecido el destino de los recursos con relación a estos dos municipios.

 

Sabanagrande, Polonuevo, Baranoa y Palmar, ‘asfixiados’ en el Atlántico
Una de las calles de Polonuevo, Atlántico.

Una semana después de que el periodista Daniel Coronell manifestara que cuenta con soportes que comprobarían que una ley impulsada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el 2007, habría beneficiado con $14 mil millones anuales a la empresa de la cual él es socio, Konfigurar S.A., se dio a conocer que cuatro municipios del Atlántico acogieron dicha reforma.

Se trata de una reforma constitucional promovida por Carrasquilla en el 2007 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que más tarde se convirtió en ley como una manera de abrirle la posibilidad a que los diferentes alcaldes de los municipios empeñaran futuros recursos, los cuales estaban destinados para agua y saneamiento básico. Hoy en día quienes se acogieron a la reforma en el Atlántico (Baranoa, Palmar de Varela, Sabanagrande y Polo Nuevo) se han visto afectados en sus finanzas, ya que para adquirir dicho servicio (el adelanto de dinero) debían pagar una alta tasa de interés a través de un intermediario.

Polo Nuevo. Bajo el gobierno de la exalcaldesa Darling Luz Cárdenas, el municipio de Polonuevo atendió a los ‘Bonos de agua’ en 2010, por lo que se le facilitaron en calidad de préstamos $2.000 millones, de los cuales hoy, sigue debiendo el mismo capital a pesar de haber pagado durante los últimos ocho años $38 millones mensuales, es decir, cerca de $3.600 millones en solo intereses. Así lo expuso el actual alcalde municipal, Dagoberto Luna Orozco.

“Con el préstamo de $2.000 millones de se hizo el 50% del alcantarillado del corregimiento de Pitalito (el restante no se logró hacer porque terminar la obra tiene un costo mucho más elevado) y actualmente el municipio todavía debe los mismos $2 millones debido a que todo lo que ha pagado han sido los intereses”.

Añadió que pagar esos $38 millones mensuales les ha generado una deuda de $400 millones en Triple A y que además el municipio se vio en la obligación de bajarle a los subsidios para tener un poco más de ingresos. 

Sabanagrande

En 2010, el municipio de Sabanagrande acogió el préstamo de los ‘Bonos Carrasquilla’ a un plazo de 19 años, por $1.200 millones, bajo el gobierno del ex alcalde Rafael Fernández, esto para llevar a cabo las obras de alcantarillado de los barrios Frías y Villa Marcela, obras que sí fueron terminadas, pero que dejó al municipio con una suma de $25 millones que debe pagar mensualmente. Esto de acuerdo con el secretario encargado de Hacienda municipal, Evaristo Barrios de la Rosa.

“A partir de la fecha de desembolso del préstamo, el municipio empezó a pagar cerca de $20 millones mensuales únicamente en intereses, esto hasta el 27 de octubre de 2016, fecha en la que se empezó a amortiguar tanto los intereses como el capital, dejando los pagos mensuales de $25 millones”.

Baranoa

El alcalde municipal, Lázaro Escalante, explicó que el municipio se acogió a los ‘Bonos de agua’ en el año 2010, bajo el gobierno del alcalde en turno, por la suma de $1.900 millones con un plazo para pagar de 19 años. 

Con ese monto, la administración llevó a cabo unas obras de alcantarillado en los barrios Santa Elena y Villa Andrea, los cuales hoy en día se han ejecutado en un 80%.

“El préstamo de los ‘Bonos Carrasquilla’ fue refinanciado a través de Findeter por la suma de $2.100 millones a 14 años con 2 años más de gracia. Actualmente se vienen pagando $90 millones trimestrales que suma más de $1.400 millones que ya se han pagado de la deuda, pero todavía se adeudan $1.800 millones para pagar hasta junio de 2028”.

Palmar de Varela

En el caso de Palmar de Varela, el municipio se endeudó con un bono por $3.394 millones, para lo cual comprometió el 59% del Sistema General de Participación. EL HERALDO consultó a la Alcaldía de Palmar de Varela, para establecer qué había ocurrido con estas inversiones, pero el alcalde Félix Fontalvo, no se encontraba en el lugar. Su secretaria, Annie Cuant, informó que el alcalde se encontraba atendiendo asuntos de su agenda y que podía atender las preguntas vía telefónica, pero finalmente no respondió.

Sucre no se salvó de los bonos

Sobre los tan cuestionados bonos ‘Carrasquilla’, de los que el municipio de Sincé (Sucre) recibió $1.611 millones, la alcaldesa Lucy García Montes, dijo que cuando llegó a la administración encontró esta deuda por concepto de unos trabajos de saneamiento ambiental en un emisor final de una picadora de donde emanaban malos olores, recursos que fueron incluidos dentro de los pasivos que tiene el municipio y que se están cancelando progresivamente a través de la Ley 550 a la que está sometido el ente territorial desde hace varios años, por lo que esto no ha generado ningún contratiempo.

En este departamento, también el municipio de San Onofre comprometió sus finanzas con un crédito por $1.985 millones. Sin embargo, no se reportan inversiones en esa población.

Bolívar, el más endeudado

De la Costa, Bolívar es el que aparece con la mayor deuda a través de los bonos de agua. En total, 20 municipios  de este territorio adquirieron una deuda superior a los $52.000 millones.

Estas poblaciones comprometieron sus recursos futuros en la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico, y solo ocho los invirtieron, pero de manera ineficiente o no terminaron las obras proyectadas con esos recursos.

En Santa Catalina el ‘bono’ fue invertido en el acueducto del corregimiento de Loma Arena, pero este no es funcional.

Morales también invirtió recursos en su sistema de acueducto, al igual que San Fernando, pero sus acueductos hoy presentan un avanzado estado de deterioro y no ofrecen agua de calidad a sus habitantes.

Santa Rosa de Lima utilizó los recursos del ‘Plan Carrasquilla’ para construir un sistema de alcantarillado que nunca se consolidó. En San Estanislao se planteó utilizar los recursos comprometidos para implementar un sistema innovador para el tratamiento de los residuos orgánicos, pero no se logró concretar el proyecto y, por el contrario, una parte de los recursos se utilizó para atender la emergencia de las inundaciones originadas por el Fenómeno de La Niña de 2011. 

En situación similar se encuentran las inversiones para el alcantarillado de Norosí, que es funcional solo en el 50% de la población de la cabecera del municipio.

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