El miedo y la zozobra se han convertido en los acompañantes de *Carolina, según dice, desde hace un par de años. En julio del año pasado huyó de la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de San José de Uré (Córdoba) junto a otras 276 personas, motivado por las amenazas de muerte realizadas por hombres armados, que perpetraron una masacre en la que cayeron dos adultos mayores y un hombre de 36 años.
'La guerra de por acá no se ha ido. Todo está igual, la paz en este territorio no la conocemos. Llegamos a albergar en algún momento la esperanza de que todo esto acabaría, pero no ha sido así. Uno no sabe qué hacer, cómo trabajar, cómo proyectar su futuro estando bajo estas condiciones', manifiesta Carolina.
El censo de las autoridades indica que en ese episodio de desplazamiento 67 familias compuestas por 52 niños, 105 mujeres y 2 personas con discapacidad tuvieron que movilizarse.
Pero esta situación acaecida en San José de Uré no fue el único caso de desplazamiento que se registró en la Costa durante el 2020. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo se presentaron siete eventos, incluyendo Achí, jurisdicción de Bolívar (Magdalena medio).
En dichos eventos se vieron afectadas 327 familias (871 personas), principalmente campesinas del sur de Córdoba, en cuatro desplazamientos masivos, un caso en los Montes de María y un desplazamiento masivo interurbano en Barranquilla.
La entidad detalla que el 30 de enero de 2020, en el municipio de Achí, Bolívar, 21 familias conformadas por 73 personas fueron desplazadas; el 4 de febrero de ese mismo año, pero en Barranquilla, 14 familias (36 personas) fueron víctimas del desplazamiento en el conjunto Las Gardenias; posteriormente, el 23 de febrero en San José de Uré, 15 familias (31 personas) tuvieron que abandonar sus tierras.
Luego el 27 de febrero ocurrió el episodio que afectó a Carolina; seguidamente el 12 de agosto en El Carmen de Bolívar 38 familias (120 personas) huyeron de sus territorios. El 10 de octubre otro caso se registró en San José de Uré, allí 120 familias (303 personas) abandonaron sus casas, y el último caso que reseña la Defensoría se presentó el 3 de noviembre en Puerto Libertador, Córdoba, donde 11 familias (32 personas) fueron desplazadas.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, asegura que la entidad 'observa con preocupación la alarmante acción de los grupos armados ilegales que aprovechando la crisis de salud y sus repercusiones sociales y económicas en el país y la región, victimizaron a 327 familias en Montes de María, Bajo Cauca y también en el área interurbana del departamento del Atlántico', dijo.
Camargo Assis destaca que el desplazamiento forzado y las víctimas 'no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos', debido a que los eventos ocurrieron a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios y cometen delitos como hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, amenazas, contaminación por minas antipersona, secuestro y desapariciones.
