2.327 procesos en 2020 contra mandatarios costeños
En 2020 la Procuraduría General abrió 2.327 procesos a alcaldes y gobernadores de la región Caribe.
En apenas un año de gobierno muchos alcaldes y gobernadores de la Costa Caribe ya se encuentran bajo los reflectores de la Procuraduría.
El Ministerio Público ha abierto 2.327 procesos entre investigaciones e indagaciones de carácter disciplinario. De estos procesos 2.139 son contra alcaldes de los 197 municipios y capitales de la región, y 164 contra gobernadores.
En esta larga lista, conocida por EL HERALDO, hay casos de todo tipo, desde la amenaza del alcalde de Ciénaga, que enfurecido en una manifestación en su contra ofreció bala corrida contra quien le lanzara piedras a su carro, hasta los improperios del alcalde de Cartagena contra directivos de la estatal Universidad de Cartagena, a los que llamó “ratas”.
Y obviamente no podían faltar los incidentes por corrupción, la mayoría aprovechándose de la pandemia.
Dau, con 28 procesos
En Bolívar hay 72 casos activos, de los cuales 28 son contra el alcalde de Cartagena, William Dau. Otros alcaldes en la lupa de la Procuraduría son el de Achí, Barranco de Lobo, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Mangagué, Hatillo de Loba, Margarita, Mompox, Montecristo, Pinillos, Soplaviento, Río Viejo, San Cristóbal, San Pablo, Santa Rosa del Sur, San Martín de Loba, Talaigua Nuevo y Tiquisio. William Dau es procesado luego de que el ente de control considerara como una falta grave que este llamara “nido de ratas” “corruptas”, y “malandrines” a las directivas de la Universidad de Cartagena, en declaraciones hechas a los medios de comunicación en julio de 2020. También es investigado por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó la demolición del edificio Aquarela, tema que lo ha llevado a enfrentarse al procurador general, Fernando Carrillo, y a asegurar que el 70% de su primer año se la pasó atendiendo los requerimientos del Ministerio Público.
Ofreció un tiro
De los 371 procesos que se llevan en el Magdalena, 51 están activos. Los alcaldes involucrados son los de la capital Santa Marta, Santa Ana, Zona Bananera, Algarrobo, Cerro de San Antonio, Ciénaga, Concordia, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pueblo Viejo, Salamina, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.
Uno de los investigados es el alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, quien ofreció un tiro y, según el ente de control, su conducta comprometería el ejercicio adecuado de la función pública.
“A mí me zampan un piedrazo, me rompen la cabeza, yo veo quién es y le empujo un tiro”, fue la expresión del mandatario.
Por esta razón, la Procuraduría de Santa Marta lo investiga por presuntas irregularidades que comprometerían el ejercicio adecuado de la función pública.
La alcaldesa en fiesta
Bajo la lupa de la Procuraduría están el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, y 22 alcaldes del departamento. En total son 81 procesos disciplinarios que están activos que cobijan a los mandatarios de San Pedro, Morroa, Tolú, Sincelejo, Sincé, Galeras, Betulia, San Benito, Majagual, Corozal, San Onofre, San Marcos, Sucre-Sucre, Coveñas, Buenavista, Chalán, Toluviejo, Colosó, El Roble, Caimito, Galeras y La Unión.
Uno de los procesos vigentes y que más llama la atención es el que le siguen a la alcaldesa de Sucre-Sucre, Elvira Julia Mercado Acevedo, por incumplir las medidas sanitarias en medio de la pandemia por la Covid-19.
La mandataria es procesada por haber realizado una fiesta en su casa el Día de la Santa Cruz, patrona en ese pueblo. Por este hecho la mandataria fue suspendida tres meses.
En apuros el alcalde de Uribia
En La Guajira son cinco los alcaldes con procesos en la Procuraduría. Los de Albania, Barrancas, Manaure, Villanueva y Uribia.
A este último el ente de control le abrió indagación preliminar para establecer si violó las medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19.
Se indaga si el mandatario habría compartido con un grupo de personas, entre quienes se encontraría el cantante vallenato Mono Zabaleta, al parecer sin tapabocas y sin conservar el distanciamiento social recomendado.
Alcaldes en Córdoba
Durante el año 2020 la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación a una veintena de alcaldes de Córdoba.
Entre los municipios con mayores procesos iniciados se encuentra San Carlos, Montelíbano, Puerto Libertador, Montería, Tierralta, San Bernardo del Viento, La Apartada, Puerto Escondido, San Antero, Moñitos, Cotorra, y Chinú.
En mayo del año pasado, la Procuraduría General de la Nación separó de su cargo de manera provisional al alcalde de Tierralta, Daniel Enrique Montero Montes, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Una medida disciplinaria similar cobijó a su similar de Cereté, Luis Antonio Rhenals Otero.
29 casos en el Cesar
En el Cesar hay 29 casos activos en los que están involucrados el alcalde de Valledupar, Tamalameque, Aguachica, Becerril, Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, González, La Jagua de Ibirico, Pelaya, Pueblo Bello, San Alberto y San Martín.
El caso más sonado, sin embargo, fue contra la secretaria general de la Gobernación del Cesar, Lorena Hernández, y la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, María José Páez, a quienes la Procuraduría las suspendió por tres meses de sus cargos por presuntas irregularidades en la contratación de kits alimentarios para familias vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria.
En septiembre la sanción fue prorrogada por tres meses más.
Rumbas y manejo Covid
El Atlántico registró 186 casos, en los cuales están involucrados los alcaldes de Baranoa, Candelaria, Luruaco, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, Suan y Tubará. Se destaca la investigación disciplinaria a los alcaldes de Ponedera y Baranoa, Diana Carolina Martínez Forero y Roberto Celedón Venegas, respectivamente, por presuntamente violar los protocolos de bioseguridad para prevenir la transmisión del Covid-19, al participar en una fiesta de cumpleaños y una parranda vallenata, respectivamente.
También la suspensión provisional por tres meses al fallecido alcalde de Repelón, Eduardo Polo Mendoza, por presunta falsedad ideológica en documento público. Igualmente fue suspendido el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve, por presuntos malos manejos de recursos para atender la emergencia por Covid, y quien ya retornó a su cargo, mientras avanza la investigación.
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