Reforma laboral: ¿reivindica derechos o juega en contra del empleo y la formalización?

Quedó radicada la semana pasada la ponencia de primer debate de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima de la Cámara, con la mitad de los artículos acordada y la otra mitad en veremos con los partidos políticos con asiento en el Congreso, en medio de una reciente coalición que ahora se estrena en la independencia pero que ha venido votando, por ejemplo, a excepción de los conservadores, sí a la reforma a la salud en la misma célula legislativa, aunque con el agravante de que La U, particularmente, presentó una ponencia alternativa.

La coordinadora ponente del proyecto, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le dijo a EL HERALDO que la reforma laboral es una 'deuda con los trabajadores y trabajadoras de este país', que busca actualizar el derecho laboral y el Código Sustantivo del Trabajo a los estándares internacionales, así como las recomendaciones de los convenios de la OIT, de la OCDE, de los tratados de libre comercio con EE. UU., Canadá y la UE, y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

'El mundo cambió y las relaciones laborales también: el mundo del trabajo debe adaptarse a los trabajadores y no al revés. Esta reforma plantea en 82 artículos la necesidad de regular, no solamente el derecho individual, sino también el colectivo, la estabilidad laboral para que los y las trabajadoras puedan realizar sus proyectos de vida, para que el contrato a término indefinido sea la regla y se delimiten los contrato a término fijo y los contratos obra labor según las necesidades del empleador y el empleado', explicó.

Según su mirada, el proyecto persigue formalizar sectores precarizados históricamente como el servicio doméstico, el trabajo rural, familiar y comunitario, el trabajo de plataformas de reparto, el trabajo migrante y el contrato de aprendizaje con el SENA para el primer empleo de los jóvenes.

Charles Chapman, experto en derecho laboral, indicó a este diario que el proyecto no tiene en cuenta las prioridades de este país: desempleados e informales, como tampoco toma en cuenta que el tejido empresarial colombiano está conformado en más del 99 % por mipymes (93,2 % microempresas, 4,8 % pequeñas y 1,4 % medianas), porque los artículos no buscan la generación de empleo formal ni la disminución de las tasas de informalidad, como tampoco contienen un trato diferencial para las mipymes.

'Los altos costos laborales e indemnizaciones, la limitación a la figura de la tercerización laboral, la extensión de beneficios a empleados de contratistas y a trabajadores en misión generarán un gran impacto en las tasas de desempleo e informalidad, como también en las mipymes', puso de presente el jurista.

Así mismo, advirtió que ante el Ministerio del Trabajo y el Congreso alertó por la falta de argumentos técnicos y económicos de la reforma, y que por eso el Ministerio de Hacienda nunca se pronunció. Además, previno que le da la espalda a los más vulnerables del mercado laboral, es decir, a personas que no buscan trabajo necesitándolo, por lo que el proyecto adolece de políticas de fortalecimiento de trabajo por hora y pago de seguridad social por hora para 14,2 millones de colombianos, el 70 % mujeres.

Y concluye Chapman: 'Los derechos laborales en Colombia son los más altos en América Latina. No hay precariedad en la legislación laboral colombiana, como erradamente lo ha querido presentar el Gobierno en aras de tratar de sustentar los injustificados incrementos de costos laborales. De cara a los países de la región y comparando los diferentes sistemas laborales, Colombia tiene las más altas tasas en materia de recargo nocturno, trabajo en día de descanso obligatorio y de licencia de paternidad'.

David Barbosa, experto laboralista, señaló a este medio que ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada de la reforma, así que la mayoría de los temas que están allí planteados llevarán a un orden legal aspectos que ya están en la Constitución.

'El gran generador de empleo formal en el país es el Estado y en segundo lugar están las mipymes, que generan más del

80 % del empleo formal, y por ello en la reforma que se le hace tanto al contratista independiente como el de la empresa de servicios temporales lo que preocupa es que los elementos que se están incorporando en torno a la solidaridad, así como a las cargas que deben asumir quienes contratan para tratar de dar las mismas condiciones a sus trabajadores realmente van a ser muy difíciles para la gran mayoría de las mipymes', plantea.

En Colombia, comenta Barbosa, el promedio del trabajo formal es del 40 %, por lo que esta reforma va a ser aplicada al

'El Gobierno debería hacer un esfuerzo en lo que tiene que ver con generación de empleo de calidad, superar esta idea de que el único trabajo de calidad es con un contrato de trabajo, con una relación empleador-trabajador, y más hoy en día cuando cada vez la subordinación jurídica es menos relevante para que las personas puedan trabajar, por lo que se deben atender aspectos mucho más acordes con lo que es la dinámica del trabajo en el mundo, no solo en Colombia'', finaliza.

La reforma presentada no contribuiría a resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo en Colombia, y aunque avanzaría en la garantía de derechos y protección de trabajadores, particularmente con lo que demandan los sindicatos, aumentaría costos laborales, generaría inflexibilización del mercado laboral y pondría en riesgo una dinámica de creación de empleo formal en el corto plazo.

Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, expuso en EL HERALDO que, en su criterio, 'tampoco nos prepara para enfrentar dinámicas de trabajo de mercados que cada vez van ser más disruptivos, más complejos, que van a requerir mayor flexibilidad, una fuerza laboral mucho más cambiante y creo que el foco no está pensado en el mercado laboral del futuro, sino en intereses ya creo yo muy puntuales de ciertos segmentos de trabajadores que no necesariamente contribuyen al bienestar de todos', señala.

El presidente de la CUT, Francisco Maltés, afirma que la ponencia recoge algunos de los aspectos que se acordaron entre los trabajadores y el Gobierno en la comisión de concertación, conserva el núcleo fundamental de los acuerdos, que es el contrato de trabajo a término indefinido para todos aquellos que cumplen funciones permanentes; contempla la abolición de los pactos colectivos de los contratos de trabajo y en el tema también de los derechos colectivos mantiene la unidad para negociar los pliegos de peticiones a nivel de empresa, de grupo económico, de sector, o de área, con 15 representantes de los trabajadores independientemente del número de sindicatos.

Frente a la afirmación de que la reforma va a generar desempleo, aseveró: 'Disminuir los recargos nocturnos, acabar las cesantías, exonerar a los empresarios en el 2012 del pago de la salud, aportes al SENA y al bienestar, no generó empleo: lo que generó es que un grupo de empresarios haya obtenido mayores ganancias, por lo que estamos pidiendo es que hoy las empresas ganen un poco menos y mirar la política de reindustrialización que ya empezó el gobierno de Petro: al final del año se estarán produciendo vacunas, viene un proceso de fabricación de medicamentos, ensamblaje de autos, y eso es generar empleos'.

Por último, sobre cómo ve el duro debate que el proyecto tendría en el Congreso, Maltés asegura que el hecho de que algunos partidos se hayan declarado independientes y que tengan observaciones no significa que no se pueda aprobar y que el mismo no pueda sufrir cambios en medio de la concertación política: 'Hay un acuerdo de cerca de 40 artículos, lo que denota que el Gobierno sigue teniendo un amplio margen de maniobra'.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró la radicación de la ponencia que, según dijo, busca la estabilidad laboral, la formalización de los trabajadores y el cumplimiento de las recomendaciones de las organizaciones internacionales.

'Es un proyecto que se está mejorando y esa mejora se debe a los debates que hemos tenido en las más de 11 reuniones', reconoció la funcionaria.

De fondo, comentó que lo que se persigue 'es que en Colombia haya una reflexión en torno a lo que han significado 22 años donde los derechos laborales han sido recortados y este es un punto neurálgico para 1,6 millones de trabajadores que se han visto afectados, porque han perdido en tiempo cada trabajador cerca de 33 millones de pesos por las cuatro reformas que se han realizado'.

Hizo un llamado para que la reforma laboral sea un puente de equilibrio entre empresarios y trabajadores, pero sin precarización laboral.