Las dos caras de la moneda de un conflicto

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha registrado aproximadamente 6,8 millones de personas afectadas directamente por el conflicto armado interno colombiano desde 1985. Del total de estas víctimas, 218.370 están en Atlántico y 136.633 en Barranquilla.

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde  2003 –fecha en la que se desmovilizaron los primeros grupos armados al margen de la ley–, Colombia ha recibido 57.378 desmovilizados, de los cuales 834 están en Atlántico y 217 en Barranquilla, en su mayoría paramilitares, que fue el actor hegemónico en el Departamento y su capital.

En este contexto, los alcaldes y gobernadores que ganen las próximas elecciones tienen desafíos que cumplir, y no son mínimos, pues serán responsables de administrar e implementar proyectos –tanto para estas personas afectadas, como para las afectadas indirectamente– que deriven de la firma del acuerdo de paz en el que actualmente trabaja el Gobierno Nacional.

Un desmovilizado que se refugia en su guitarra

Natalio Contreras* ha soñado toda la vida con ser artista y con componer canciones vallenatas que se escuchen alrededor del mundo, pero una mala elección lo hizo cambiar la guitarra con la que improvisaba sus notas musicales por las armas: en 1999 se vinculó a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“No hay día en el que no me arrepienta de haber tomado esa decisión. Si bien no tengo cicatrices de guerra, tengo una cicatriz grande en el corazón por haber hecho que mi familia sufriera por estar en eso”, expresó con voz melancólica el hombre, de 47 años.

Natalio cuenta que su labor dentro del grupo armado al margen de la ley consistía en investigar a qué personas debían cobrar las ‘vacunas’.

“Yo supervisaba quiénes habían pagado, quiénes no y a quiénes se les debía empezar a cobrar. Después les pasaba el reporte y los otros se encargaban de lo demás”, indicó.

Tras siete años de pertenecer al grupo, se desmovilizó por órdenes de su máximo líder, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Actualmente, Natalio es una de las 411 personas que han dejado las armas en el Atlántico y que hacen parte del programa de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.

El excombatiente, oriundo de Chiriguaná (Cesar), está cobijado por la Ley 1424 del 2010, que está establecida para que las personas desmovilizadas resuelvan su situación jurídica por los delitos relacionados con la pertenencia al grupo armado ilegal.

“He vuelto a la vida y he encontrado nuevamente en mi guitarra la mejor arma. Logré estudiar y ahora tengo un buen trabajo, atrás quedó ese mundo, ahora quiero componerle a la vida, al amor y a la paz”, expresó antes de empezar a entonar una de sus canciones, en un parque ubicado a las afueras de la ACR, lugar en el que cumple con actividades de convivencia, reconciliación y corresponsabilidad.

“El proceso de reintegración a la vida no es fácil, empezando porque hay personas que no te aceptan y que te señalan porque piensan que toda la vida serás malo”, dijo.

La ACR indica que busca impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Por eso les brinda educación, formación para el trabajo, apoyo psicosocial y les ayuda para impulsar sus proyectos productivos.

*Nombre protegido por petición de la fuente.

Víctimas de la violencia que marchan por la paz

Después de la incursión armada de 200 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, frente José Pablo Díaz, a la vereda Pita, en el corregimiento Las Tablas, Repelón, José Polo y su esposa Ana Romero fueron las únicas personas que tuvieron la osadía de quedarse en el lugar.

“Estaban armados y nos decían que nos fuéramos, pero mi mujer me dijo que si no habíamos hecho nada no teníamos por qué irnos”, expresó.

Tras 12 años de la tragedia, que dejó un saldo de dos personas masacradas y 33 familias desplazadas y saqueadas, don José recuerda “como si hubiese sido ayer” aquel 30 de septiembre de 2003, en el que a las 10:30 a.m. llegaron a su casa encapuchados y con tono amenazante les ordenaban a él y a su esposa que salieran al parque porque tenían algo qué decirles.

“En el parque, delante de todos, torturaron a mi compadre y a otro amigo, luego se los llevaron y los mataron en Cienaguita (vereda ubicada a unos metros de Pita). Dijeron que ellos eran guerrilleros y que no podíamos llorar porque nos mataban también”, contó el campesino, de 64 años.

José asegura que por el ataque perpetrado por el frente que era comandado por Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, todos los pitaleros se marcharon, pero él se resistió a abandonar la casa con paredes de bahareque, techo de paja y columnas de madera en la que ha vivido toda su vida.

“Era la segunda vez que esto pasaba: en el 2000 este mismo grupo había matado a cinco amigos en Cienaguita, y cuando las personas en Pita se enteraron se fueron, pero luego regresaron. En 2003, cuando llegaron hasta acá el susto fue más grande, así es que todos volvieron a irse. Esta vez nos saquearon, quedamos en el pueblo solos, con miedo y sin un solo animalito, pero en nuestro hogar”, afirmó.

Con pasos lentos y sujetando fuerte una bandera con mensajes esperanzadores, don José marchó hace unos días por las polvorientas calles de su pueblo por la paz del país, junto a su mujer y a las otras 32 familias que habitan en el sector y que están a la espera de una reparación colectiva.

“En estos años hemos sanado. Ahora queremos que llegue la paz al país y que estos hechos no se repitan”, dijo el campesino.

La Unidad de Víctimas señaló que en Pita hay 128 personas reconocidas como víctimas, que ya cumplieron con el programa de asistencia de atención y reparación, mientras que la reparación colectiva y la indemnización individual deben hacerse efectivas antes de finalizar este año.