El Heraldo
El presidente Petro ordenó la instalación de un PMU en Neiva para investigar la masacre de 7 policías. EFE
Política

La Ley del Montes | ¡No más muertes inocentes...!

La masacre de siete policías en el Huila demuestra el grado de crueldad de los grupos criminales con los que el Gobierno quiere negociar.

La respuesta a la generosa oferta del gobierno de Gustavo Petro de negociar una “paz total” con todas las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el país no pudo ser más demencial y cruenta: un ataque con explosivos y ráfagas de fusil que acabó con la vida de siete agentes de la Policía Nacional, quienes se dirigían en una camioneta de la institución entre Neiva y el corregimiento de San Luis, departamento del Huila.

Los informes preliminares de las autoridades indican que el acto de terror habría sido cometido por integrantes del frente ‘Ismael Ruiz’ en alianza con la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, quienes hacen parte de las llamadas disidencias de las Farc. Ambos grupos criminales actúan en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca.

Según testimonios de campesinos residentes en el sector, los terroristas activaron un campo minado en momentos en que el vehículo transitaba por la vereda Corozal y luego remataron a las víctimas con ráfagas de fusil.

De acuerdo con informes de inteligencia, el atentado tendría como motivación la consolidación de un “corredor estratégico”, que les permita a las organizaciones criminales poder movilizar sin ningún obstáculo la droga que se cultiva y procesa en el norte del Cauca hacia distintos lugares del país.

El presidente Petro se solidarizó con las familias de las víctimas al tiempo que calificó la masacre como “un claro saboteo a la paz total”. “El gobierno debe apersonarse –dijo Petro, quien se desplazó hasta Neiva– desde mañana mismo para que todas esas familias tengan un mejor vivir y eso con el presupuesto del Ministerio de Defensa”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su parte, sostuvo que “las Fuerzas Armadas deben responder con contundencia a este ataque a la paz”.

La acción criminal fue condenada por dirigentes políticos nacionales, así como por la comunidad internacional, que siempre ha acompañado los procesos de paz que se han llevado a cabo en el país, entre ellos el realizado por el entonces presidente Juan Manuel Santos –a nombre del Estado colombiano– y las Farc, diálogos que se desarrollaron en La Habana, Cuba.

El ataque a los agentes de Policía en el Huila se convirtió en la primera masacre contra integrantes de esa institución durante el gobierno de Gustavo Petro, quien desde que inició su mandato ha mostrado un especial interés por alcanzar “la paz total”, que ponga fin a décadas de violencia en el país.

De todas las organizaciones armadas ilegales que operan en Colombia, tanto insurgentes como narcotraficantes, los primeros acercamientos efectivos del Gobierno han sido con el Eln, algunos de cuyos voceros permanecen en La Habana, después del rompimiento de los diálogos con el gobierno de Iván Duque en 2019. La ruptura se produjo luego del ataque del grupo guerrillero a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá.

En su propósito por alcanzar la “paz total”, el gobierno de Petro ha mostrado una generosidad sin precedentes, que va desde el ofrecimiento de no extraditar a los narcotraficantes que negocien con el Gobierno, hasta un cese al fuego multilateral a los grupos guerrilleros. Nunca antes ningún gobierno se había mostrado tan generoso con los grupos criminales del país. Dichas ofertas han recibido duras críticas por parte de sectores políticos opositores al Gobierno, en especial del Centro Democrático, que sigue las orientaciones del expresidente Álvaro Uribe. “Un gobierno no puede hacer la paz solo a punta de zanahoria. Se requiere también de mucho garrote y contundencia por parte del Estado”, sostiene la senadora Paloma Valencia.

Sectores afines al Gobierno, que hacen parte del Pacto Histórico, sin embargo, mantienen su apoyo irrestricto al presidente Petro, quien cuenta, además, con una favorabilidad superior al 56 por ciento, según recientes encuestas.

¿Qué hay detrás de la masacre de los agentes de la Policía en el Huila? ¿Cómo afectará este hecho criminal a la “paz total” de Petro?

El Estado no puede renunciar a combatir a narcotraficantes

Las organizaciones criminales a las que Petro les ofrece la paz total no son más que grupos narcotraficantes, carentes de cualquier motivación política. Lo suyo es el negocio del narcotráfico con los miles de millones de pesos que entran a sus bolsillos todos los días.

El Estado colombiano no puede renunciar a su obligación de combatirlos sin pausa y sin tregua. Punto. Los policías asesinados en el Huila transitaban por una zona que es fundamental para poder sacar la droga del Cauca hacia los mercados internacionales.

Es un corredor estratégico fundamental para sus intereses. Nuestros policías eran, son y seguirán siendo un estorbo para quienes viven del tráfico de narcóticos. Ni siquiera la oferta de no extraditarlos –realizada por Petro– les interesa a estos narcotraficantes, porque hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría en los 80, ellos prefieren una cárcel en Estados Unidos que una en Colombia.

Allá negocian con el Estado y en cinco años están libres, mientras que acá deben afrontar penas de hasta 30 años de cárcel. De manera que mientras la comunidad internacional entra en sintonía con la propuesta de Petro y cambia la política antidroga, la obligación del gobierno de Colombia es combatir sin contemplación a los grupos narcotraficantes que operan en el país.

No es una opción: es una obligación.

El falso poderío militar de los grupos armados ilegales

Desde hace décadas las organizaciones armadas ilegales –sean narcotraficantes o subversivas– ponen en marcha una estrategia criminal cuando ven cercana la posibilidad de negociar con un gobierno. También lo hacen para tratar de llevar a la fuerza al Gobierno para una eventual mesa de negociación.

La estrategia criminal consiste en atentar contra la fuerza pública, sea en las ciudades o en el campo. Lo hizo Pablo Escobar en los tiempos del Cartel de Medellín, cuando pagaba un millón de pesos por un agente, dos millones por un suboficial, tres por un oficial y cinco millones por un integrante del Bloque de Búsqueda.

Las Farc también secuestraban soldados y arrasaban con las estaciones de policía cuando se acercaba una negociación con un gobierno. Las expectativas de una negociación lleva a estos grupos ilegales a realizar la mayor cantidad de acciones criminales para tratar de mostrar un poderío que les permita “llegar fortalecidos a la mesa de negociación”.

Se trata –obviamente– de una estrategia macabra y perversa que se vale de humildes soldados y policías a quienes utilizan para mostrar un poderío militar del que carecen. La expectativa de una negociación con el gobierno de Gustavo Petro podría prestarse para reactivar una estrategia demencial que no solo pondría en peligro la vida de cientos de soldados y policías, sino que terminaría comprometiendo la suerte misma de la “paz total” que tanto promueve Petro.

¿Qué pasó con la inteligencia policial?

El retiro de decenas de altos oficiales de la Policía Nacional, entre coroneles y generales, varios de ellos dedicados a labores de inteligencia durante años, causó malestar en varios oficiales, quienes consideran que dicha medida fue tomada por el presidente Petro más por razones políticas que estratégicas.

Algunos creen, inclusive, que se trató de “viejas cuentas de cobro”. La inteligencia es fundamental para combatir y derrotar a los grupos armados ilegales. La formación y capacitación de oficiales dedicados exclusivamente a combatir a los grupos armados ilegales toma mucho tiempo y requiere millonarias inversiones.

Ese tiempo y esos recursos no se pueden arrojar por la borda por simples malquerencias. ¿Qué información de inteligencia se tenía sobre el riesgo que corrían los policías en el Huila, al transitar por una zona donde operan disidencias de las Farc?

¿Tomaron las precauciones necesarias para evitar un ataque de esa magnitud? Son algunas de las preguntas que surgen después de la masacre de los policías en el Huila. De su respuesta dependerá la eficacia a la hora de diseñar una estrategia que permita encontrar a los culpables de esa acción demencial.

¡Es el narcotráfico, estúpidos!

Desde sus años de congresista y luego como candidato presidencial, Gustavo Petro ha sostenido que la política antidrogas, liderada por Estados Unidos, fracasó tanto en el mundo como en Colombia. Es una guerra desigual y carente de muy pocas probabilidades de éxito en la que los países productores, como Colombia, ponen los muertos y los países consumidores, como Estados Unidos, definen la suerte de los primeros, desde las cómodas oficinas de funcionarios en Washington y Nueva York.

Petro sostiene que ese modelo “imperialista” colapsó y hoy no tiene ningún futuro. Su ambiciosa propuesta apunta hacia la eliminación de la prohibición de las drogas. “Nos toca poner sobre la mesa mundial la discusión de acabar con la prohibición. Este gobierno debe comenzar esta discusión, primero en Latinoamérica, que es nuestra casa y es la que está sufriendo las consecuencias.

Naciones Unidas incentiva la prohibición y eso también tenemos que discutirlo”, sostuvo Petro, una vez elegido presidente de la República. El debate planteado por Petro, por supuesto, requiere del compromiso de toda la comunidad internacional y no solo del sacrificio de un país como Colombia, donde grupos narcotraficantes asesinan, como acaba de suceder en el Huila, inocentes policías, quienes ofrendan sus vidas por garantizar las de millones de colombianos.

Mientras esa comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, no se ponga la misma camiseta que propone Petro, su ambiciosa iniciativa no pasará de ser un inútil y simbólico saludo a la bandera.

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