A una nueva prueba de fuego será sometida la ley 418, –también conocida como Ley de Orden Público–,esto debido a que durante esta semana, la Corte Constitucional aceptó una demanda que busca tumbar el artículo que incluye a los disidentes de la guerrilla de las Farc en los procesos de negociación con el Gobierno de Petro.
Debate legal. El despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez aceptó la acción jurídica del abogado Jorge Enrique Pava, quien señaló hubo vicios tanto de forma como de fondo en la discusión específica del artículo 2 de esta ley para la paz total.
Según explicó en su demanda el abogado Pava dicho artículo no se habría discutido de manera correcta, por lo que viola el principio de 'consecutividad', además que el texto aprobado sería diferente al que se debatió.
Por otro lado, el jurista agregó , que al darle garantías a los disidentes de las Farc, se desconoce un eje central de la Constitución relacionado con la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como una reforma constitucional de 2017 que creó el Sistema Integral de Paz, en el marco del Acuerdo de Paz logrado en La Habana.
Así las cosas, la Corte Constitucional deberá discutir la legalidad de este artículo, por lo que solicitó el concepto de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Centro de Memoria Histórica entre otras entidades para que den su opinión .
Cabe resaltar que durante las discusiones en el Congreso este marco legal que regulará la política de paz total de Petro, el senador y exjefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, argumentó de la inconveniencia de incluir estos grupos en los nuevos acercamientos que liderará el ejecutivo colombiano. En su momento el legislador resaltó que dicha decisión era 'enviar un mal mensaje al país' porque ya tuvieron una oportunidad.
