El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el senador Iván Cepeda protagonizaron un tenso intercambio de señalamientos durante el debate de control político realizado este martes 27 de octubre en el Senado de la República. La discusión estuvo marcada por cuestionamientos a la política agraria del Gobierno, presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y acusaciones relacionadas con el acceso y la distribución de tierras.
Durante la sesión plenaria, Cepeda, excandidato presidencial, anunció que acudiría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para denunciar al presidente Abelardo De la Espriella. También manifestó su intención de presentar acciones ante la Fiscalía en relación con el ministro de Agricultura.
En su intervención, el congresista del Pacto Histórico lanzó una serie de cuestionamientos contra Dangond por su gestión al frente de la cartera de Agricultura. Entre los señalamientos mencionó posibles delitos como fraude en resolución judicial, prevaricato por omisión y falsedad ideológica.
Además, lo responsabilizó de presuntas conductas de discriminación y hostigamiento contra las comunidades campesinas. Cepeda también indicó que pondría en conocimiento de los organismos de control posibles conflictos de intereses que involucrarían a funcionarios del Ministerio de Agricultura.
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El senador sostuvo que contaba con elementos probatorios para respaldar sus afirmaciones y cuestionó las decisiones del funcionario en asuntos relacionados con la política de tierras.
En particular, aseguró que las medidas impulsadas por el ministro podrían afectar a las comunidades rurales y a los territorios destinados a la producción agrícola. En ese contexto, acusó a Dangond de querer “acabar con los campesinos convirtiéndolos en sujetos que no tienen derecho” y de “acabar las zonas de reserva campesina, los territorios agroalimentarios”.
A estos señalamientos agregó que, según su interpretación, el funcionario buscaría “poner la tierra al servicio de la minería del oro, del carbón y también del monocultivo industrial”.
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Frente a las acusaciones, el ministro rechazó los cuestionamientos y defendió su actuación. Durante su intervención, aseguró que no tenía motivos para inquietarse por las afirmaciones del senador y sostuvo que no había tenido problemas con las autoridades.
“Nunca he pisado siquiera una inspección de policía. Yo no me preocupo por todas esas cosas que usted está diciendo ahí”, expresó Dangond.
El funcionario también se refirió a las afirmaciones relacionadas con su entorno familiar y negó que sus allegados hubieran participado en negocios de tierras cuestionados por el congresista. En ese sentido, aseguró que su familia “no le ha vendido tierras a nadie”.
Uno de los momentos más tensos de la sesión ocurrió cuando el ministro dirigió un comentario a Cepeda que generó molestia entre integrantes de la bancada opositora, quienes le reclamaron respeto durante el debate.
“Vea, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted, para ver si hace algo productivo en su vida”, manifestó.
Ante las reacciones que provocaron sus palabras, Dangond respondió: “Ah, no, pero a mí sí me faltan el respeto y yo no digo nada”.
El ministro también defendió su gestión al señalar que la labor de los funcionarios públicos debe evaluarse a partir de sus resultados y no de sus posiciones políticas.
“El deber de un servidor público no es defender ideologías. Es defender resultados. Y cuando los resultados son insuficientes, la obligación ética es reconocerlo, corregir el rumbo y decirle la verdad al país”, dijo.
Durante el debate, Dangond puso sobre la mesa otro cuestionamiento relacionado con el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el Gobierno de Gustavo Petro, administración con la que Cepeda comparte afinidad política.
Según el ministro, a la entidad le habrían girado 9 billones de pesos, pero únicamente 5,6 billones se habrían utilizado para la adquisición de predios.
El funcionario cuestionó el destino de los recursos restantes y señaló que una parte importante se habría empleado en la contratación pública y en otros gastos que, a su juicio, no correspondían a las necesidades del sector rural.
“Los otros 3,8 del resto, 1,6 billones los destinaron a más de 39.500 contratos en los 4 años. Esto es gravísimo. La plata de los campesinos, la plata que le correspondía a los productores, la escogieron para hacer contratos, para gastar en aviones, en helicópteros, en viajes, en todo lo que no debían de haberse gastado ese dinero”, expresó.
