La terna presentada por el presidente Iván Duque para que la Corte Suprema de Justicia elija al noveno fiscal general de la Nación a dos años de que el ente acusador cumpla 30 años de existencia cumple, en teoría, con todos los requisitos; sin embargo, penalistas y constitucionalistas, en diálogo con este diario, plantearon algunos reparos, pero también hicieron guiños.
Entre los problemas está el de la cercanía con el jefe de Estado, el riesgo de politización de la labor judicial, la no consideración de un mecanismo de meritocracia para dar los nombres, el desconocimiento de la política criminal de los aspirantes y el momento de interinidad que hay en el alto tribunal de la justicia ordinaria.
No obstante, los juristas también destacan ciertos rasgos deseables en la terna: la ausencia de conflictos de intereses con los grandes procesos penales del país y la proveniencia académica y el conocimiento y experiencia de los postulados.
La Corte, por ahora, anunció que citará para el próximo martes a las 2 de la tarde una sala plena extraordinaria para elegir a los magistrados que le hacen falta, ya que en este momento solo tiene 16 togados y debe tener 23. Y la elección del fiscal, que iría en otra sala plena extraordinaria el próximo miércoles a las 8 de la mañana, tiene que ser por mayoría cualificada, es decir que para que haya titular del ente acusador la votación debe ser unánime por uno solo de los ternados.
Uribista, duquista y conservador
En la terna, la cuota uribista está representada en Clara María González, la secretaria jurídica de la Presidencia, quien acompañó en la campaña presidencial al exministro Óscar Iván Zuluaga y en la segunda campaña al expresidente Álvaro Uribe. De hecho, el exmandataro le propuso ser una de sus ternadas a fiscal, pero ella no aceptó e hizo parte de la terna a fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.
Entre tanto, el más duquista, por ser el más cercano a Duque, es el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, quien estudió derecho con el jefe de Estado en la Universidad Sergio Arboleda y son buenos amigos desde hace 20 años. Aspiró a la JEP y defendió este sistema de justicia transicional en un libro que escribió, pero desde el Gobierno lo ha criticado, por ejemplo, al abanderar las objeciones presidenciales.
Y Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica, representa el conversatismo, toda vez que fue integrante de la campaña y secretario privado del expresidente Andrés Pastrana. Por esa misma vía es cercano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con quien hizo dupla como candidato a vicepresidente en 2014.
¿Subordinados?
Para el exdirector de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, la terna presentada por Duque para fiscal es 'opaca'.
Primero, 'por el procedimiento, pues Duque derogó el decreto que hacía un poco más transparente el proceso, estableciendo, por ejemplo, que los postulantes debían inscribirse y sus hojas ser públicas'.
Además, dice el jurista, hay 'falta de independencia' en los aspirantes 'pues todos son subordinados del presidente', por lo que se pregunta: ¿Qué independencia tendrán como fiscal, que se supone que es un funcionario independiente del Gobierno?
Y concluye Uprimny que los tres carecen de 'un buen conocimiento de política criminal' y del 'sistema penal'. Agrega que aunque no cree que un fiscal general deba obligatoriamente ser penalista, 'debe tener un conocimiento suficiente del sistema penal y de la política criminal. Y ninguno de los tres tiene ese conocimiento'.
