Tras renunciar como secretaria general de la Alcaldía de Santa Marta, la abogada Vanessa Bermúdez, dijo que se sentía agotada sicológica, emocional y físicamente y que la causa de ello eran los gritos y las groserías de su jefe, el mandatario Distrital Carlos Caicedo Omar.
Dijo haber sido víctima de un 'bullying institucional'.
Aunque la carta de dimisión no ha sido contestada, ni ha sostenido conversación con Caicedo porque hasta el contacto por WhatsApp se lo bloqueó, sostiene que no volvería a trabajar con él. 'Mi renuncia fue irrevocable', anotó.
'Trabajaba tensionada, con estrés y en un ambiente laboral tóxico. Por eso presenté mi renuncia al cargo, la cual no fue voluntaria como dice la ley, si no forzada y obligada', añadió.
Bermúdez había sido suspendida disciplinariamente por 3 meses, sin salario, tras una investigación por extralimitación de funciones, según ella, porque le puso candado a una puerta.

Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta.
Su ingreso al gobierno de Carlos Caicedo se produjo el 5 de junio del 2013, cuando llegó por recomendación del entonces jefe jurídico Fabián Enrique Granados. 'No lo acompañé en su campaña, fui un accidente político', precisó.
Añadió que estaba en Bogotá y que le asesoró jurídicamente en un tema del sistema estratégico de transporte. Luego se vino para Santa Marta siendo contratada por el gobernante debido a sus capacidades.
Dijo que la última vez que había hablado con el alcalde, a través de una llamada telefónica, 'sus palabras fueron desobligantes y groseras'.
Manifestó tener testimonios de miembros del gabinete que le decían que el alcalde Caicedo les daba instrucciones para que le buscaran la caída y que les expresaba que 'hicieran algo para sacar a la loca esa'.
Vanessa Bermúdez indicó que este es un caso de persecución laboral que ya está en manos de las autoridades competentes.
Sobre las denuncias de la funcionaria dimitente, el alcalde Carlos Caicedo no se ha pronunciado con profundidad en el tema y solo expresó que no lo hace porque es segunda instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta contra la funcionaria.