El Heraldo
Opinión

Hambre e inseguridad alimentaria

Una de las principales conclusiones extraídas del Primer Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, desarrollado en días recientes en Barranquilla, es que siguen siendo dramáticos los indicadores de hambre, desnutrición y deficiente seguridad alimentaria en la población que habita el Caribe colombiano.

En este evento –al que asistieron gobernadores y diversos alcaldes de la región, expertos de seguridad alimentaria del país y representantes del sector privado– se revelaron preocupantes estadísticas que indican que la inseguridad alimentaria en el hogar costeño es del 58%, superando con amplitud el promedio nacional del 24%, mientras que la anemia en menores de 5 años es de 29.4% y la desnutrición crónica alcanza el 15% de nuestra población.

Las cifras son contundentes y hablan por sí solas, pese a las miles de promesas que año tras año y durante décadas han hecho mandatarios y políticos de la región y a los programas de las diferentes alcaldías y gobernaciones dirigidas a fortalecer las cinco líneas de acción de la Seguridad Alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico e inocuidad) y el mejoramiento de las condiciones nutricionales y de pobreza de los habitantes del Caribe colombiano.

La gravedad de estas estadísticas es que reflejan los altos riesgos de padecimiento de graves enfermedades y las altas probabilidades de muerte de las poblaciones que van desde la primera infancia hasta el adulto mayor, pasando por las mujeres cabeza de hogar, los niños en edad escolar, adolescentes y jóvenes.

El director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Bruce Mac Master, evidenció que esta negativa problemática producida por la desnutrición y el hambre, la cual afecta en mayor medida a los niños, tiene un nefasto efecto sobre el desarrollo humano, especialmente en el rendimiento escolar y cognitivo de los menores, así como incide en la reducción de la esperanza de vida de nuestros habitantes, a la vez que incrementa los costos de salud pública a las administraciones departamentales y distritales de la Región.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo 925 millones de personas padecen hambre crónica y malnutrición a causa de su situación de miseria, lo cual se refleja en que mueran más personas cada año por esta causa que por el sida, la malaria y la tuberculosis juntos.

En América Latina y el Caribe, un total de 53 millones de personas se acuestan sin comer cada día. En Colombia, pese a producirse suficientes alimentos, no todos tienen acceso a ellos, pues se estima que el 18 % de los ciudadanos (unos 8,1 millones de personas) padecen hambre.

Estas personas son principalmente desplazados y campesinos que están en áreas marginales y desempleados en ciudades intermedias y grandes, en especial de la Región Atlántica (Bolívar, Magdalena) y la zona Pacífica (Chocó y Cauca), que son las más afectadas por la falta de condiciones que suplen sus necesidades mínimas de alimentación saludable.

Lo deseable es que esta famélica radiografía del hambre y la desnutrición de nuestra población no sirvan para simplemente añadirse a la larga lista de flagelos sociales que nos azotan, sino para que nuestros gobernantes aprovechen al máximo el presupuesto nacional existente de $1,2 billones para desarrollar proyectos y programas de seguridad alimentaria en los departamentos y ciudades del Caribe colombiano y así dar cumplimiento a la política nacional definida por el Conpes 113 de garantizar que toda la población disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna en suficiente cantidad, calidad e inocuidad.
 

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