Una de las problemáticas que se le ha dado gran relevancia en el presente año en Colombia y en el resto de América ha sido el tráfico de personas, considerado como el segundo delito más lucrativo del mundo, después del narcotráfico. El tercero es el tráfico de armas.
Se calcula que este inhumano negocio reporta ganancias ilícitas de más de 32.000 millones de pesos anuales en el planeta, pues mientras un kilo de cocaína puede ser vendido una sola vez, una víctima de trata de personas puede ser vendida en múltiples ocasiones, por lo que las ganancias de los traficantes se multiplican.
La trata de personas equivale a decir esclavitud en pleno siglo XXI, debido a que no solo se trata de traficar mujeres con fines de prostitución, sino también extraer a hombres, mujeres, niños y niñas de su entorno para explotarlos sexual o laboralmente. En el II Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias ‘Prevención del delito de trata de personas en América Latina’, reunido hace dos semanas en Medellín con la presencia de autoridades de 18 países de América, Europa, Asia y Oceanía, se conoció que en el mundo aproximadamente 2 millones de personas son víctimas de este flagelo y de ellas unas 700.000 en América. Según el último informe del Departamento de Estado de EU, países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son los más afectados en el continente en origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.
Por su parte en el encuentro nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas realizado en octubre último en Cali, con la asistencia de delegados de 32 departamentos y un representante de la ONU, el Ministerio del Interior reveló que este fenómeno afecta en el 71% a mujeres y el 12 % a menores de edad. En el consolidado nacional en el Valle del Cauca existe un 41% de casos denunciados; seguido por Antioquia, con 22%; Quindío, con 16%, y Risaralda, con 13%. Según un informe estadounidense allí presentado, Medellín y la Costa Norte son destinos para el turismo sexual infantil por extranjeros. La ONG Centro de Pensamiento contra Trata de Personas ha denunciado que Cartagena, La Dorada y Buenaventura están azotados por este fenómeno.
Como en el laureado clásico garciamarquiano La cándida Eréndira y su abuela desalmada, en el 46 % de los casos los reclutadores son personas cercanas e incluso de la misma familia de la víctima. El 70 % de las víctimas fueron atraídas a la prostitución por una falsa oferta laboral de modelaje o concursos de belleza a través de amistades, Internet y redes sociales. Si bien el 75 % de los casos denunciados corresponde a explotación sexual de mujeres, otras modalidades son los trabajos forzados, los matrimonios serviles, el reclutamiento para grupos subversivos, la extracción de órganos y la mendicidad. Esto explica en Barranquilla algunos casos de personas desaparecidas.
La impunidad, la pobreza y la falta de recursos son obstáculos para combatir este problema. Colombia cuenta con una ley contra la trata de personas (Ley 985 de 2005), sin embargo según la ONG mencionada, el Estado carece de recursos específicos para su aplicación, pues esos rubros alcanzan, a duras penas y no siempre, para el retorno de las víctimas a su lugar de origen. Es necesario que en el orden nacional, departamental y local se trabaje en materia de prevención, lucha en flagrancia y judicialización de este delito transnacional. También es importante que los padres de familia, las instituciones educativas y la comunidad en general denuncien ante las autoridades y el ICBF, a través de la línea nacional gratuita habilitada, la existencia de este delito que no reconoce género, estrato social, raza y es una clara violación a los Derechos Humanos.
Así mismo se debe aprovechar la cooperación internacional para generar estrategias efectivas para identificar rutas, modalidades y demás problemáticas que van ligadas a este negocio en que caen muchas jovencitas, versiones modernas de la cándida Eréndira, así como niños y adolescentes, las víctimas más comunes de estas organizaciones criminales.
