Muy conveniente el debate que se ha suscitado en los distintos sectores sociales de Barranquilla acerca del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial que la administración distrital ha dado a conocer desde hace un par de meses a través de su página Internet, pero que no fue objeto de concertación con las fuerzas vivas de la ciudad como lo exige la normatividad básica contenida en la Ley 388 de 1997.
Uno de los aspectos que no se ha debatido en debida forma es el relacionado con el financiamiento del instrumento de planeación en un horizonte de veinte años, tasado en 15.9 billones de pesos, pero el que está suficientemente claro en el proyecto de Acuerdo, artículo 417, llamado Clasificación de instrumentos de financiación. Allí se establece de manera precisa que se podrán utilizar los siguientes mecanismos de financiación: tarifas de servicios públicos, aumentos del predial, industria y comercio, avisos y tableros, concesiones privadas, Sistema General de Participaciones (transferencias del Estado), créditos bancarios cargados a tarifas de consumo e impuestos locales, endeudamiento con la banca nacional e internacional, incremento en la recaudación impositiva, incrementos del predial en áreas desarrolladas, valorización y plusvalía.
Sobre esta última, el artículo 419, se establece que cuando haya modificación en los usos del suelo, las áreas correspondientes serán susceptibles del efecto plusvalía y deberá aplicarse la reglamentación vigente sobre la materia, la cual es nulatoria porque cuando haya cobros de valorización no se aplicará la participación en plusvalía. Es decir, de no ser cambiada la normatividad, acuerdo 014 de 2004, tendremos en Barranquilla valorización de manera indefinida.
Para no dejar cabos sueltos, el artículo 417 del proyecto POT precisa que “se podrán utilizar mecanismos, que son incorporados en el presente Plan y se estructurarán y reglamentarán a través del Estatuto Tributario Distrital y/o decretos reglamentarios complementarios al presente Acuerdo”. En plata blanca, el proyecto POT distrital implica una nueva reforma tributaria territorial, cargada de nuevos impuestos y tasas que generarían situaciones aún mas graves para los sectores populares y capas medias de la población. Ahora sí se podrá entender mejor que el objetivo principal de este POT es el de adecuar a Barranquilla para los negocios de los potentados, del sector financiero y de los tratados de libre comercio.
Norman Alarcón Rodas
Centro de Estudios del Trabajo
