La movilizaciones sociales que se vienen presentando en el país concitan la atención y la preocupación de analistas y de la ciudadanía en general.
Esta problemática, por su complejidad, presenta distintas aristas que cubren como pólvora gran parte de la geografía nacional. Estas protestas van desde las protagonizadas por los campesinos del Catatumbo, hasta las de los mineros, los sindicados de la multinacional carbonera Drummond, cafeteros y transportadores.
Al pretender hacer análisis de esta situación encontramos que en gran parte la responsabilidad de estos hechos que se generan se la debemos atribuir sin duda alguna al Estado colombiano y a sus distintos gobiernos.
La actitud contestataria de estos sectores de la economía nacional obedece al olvido, al abandono, a la indiferencia que se ha tenido sempiternamente de estos sectores.
Es sintomático que este gobierno, como los anteriores, ante los reclamos previos que por la vía institucional hacen esos sectores que reclaman que se les reconozcan sus derechos no son oídos con atención, lo que genera esas movilizaciones, creando un grave problema de orden público, y cuando esto ocurre es cuando se nombran las comisiones negociadoras para solucionar esos problemas.
“No vamos a negociar bajo presión”, “que las protestas están infiltradas por la Farc”, es el caballito de batalla que siempre esgrimen los gobiernos a los que le hacen juego como caja de resonancia los medios de comunicación que difunden sin ningún equilibrio informativo las estigmatizaciones que los dirigentes gubernamentales hacen de estas protesta, desconociendo e ignorando los problemas que aquejan al campesino colombiano.
Valmiro De La Hoz Cantillo
Abogado
