La prescripción de deudas, en Colombia, es una figura legal que permite a los ciudadanos liberarse de compromisos económicos antiguos.
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Este mecanismo no elimina la obligación moral del pago, pero sí impide que el acreedor continúe con acciones judiciales para exigirlo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley.
La prescripción ocurre cuando transcurre un periodo definido sin que el acreedor haya tomado medidas legales para reclamar el dinero adeudado. A partir de entonces, el deudor tiene derecho a solicitar el reconocimiento de este vencimiento legal.
No se trata de un proceso automático, pues requiere documentación y, en la mayoría de los casos, intervención judicial. Los tiempos de prescripción dependen del tipo de deuda.
Por ejemplo, los títulos valores como pagarés y letras de cambio pierden validez ejecutiva luego de tres años. En cambio, las deudas derivadas de contratos civiles, actas de conciliación, promesas de compraventa u obligaciones similares prescriben tras cinco años.
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Estas reglas están respaldadas por normas como el artículo 2536 del Código Civil, que diferencia entre acciones ejecutivas (prescriben en cinco años) y acciones ordinarias (prescriben en diez años). Pero, ¿cómo saber si una deuda ya prescribió? Para iniciar el trámite, el deudor debe contar con evidencia clara.
Es decir, el documento que originó la obligación, la fecha en la que debió cumplirse, y, si hubo pagos, comprobantes que indiquen la fecha del último abono. Si el caso pasó por juzgados, también deben anexarse copias de las resoluciones o demandas, en caso de existir.
Una vez recopilada la información, el paso siguiente es solicitar que se reconozca la prescripción. A diferencia de lo que muchos creen, esta solicitud no se dirige directamente al acreedor, sino a un juez. Solo una decisión judicial puede declarar formalmente que una deuda ha prescrito y, por tanto, que el acreedor ha perdido su derecho a cobrarla por vías legales.
Es recomendable contar con un abogado, ya que se trata de un procedimiento que exige precisión legal. Un error en las fechas, en la identificación del tipo de obligación o en el análisis del expediente puede invalidar la solicitud.
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Ahora bien, es fundamental comprender que la prescripción no borra la deuda del historial crediticio, señala el Banco Finandina. Aunque no pueda ser cobrada judicialmente, la obligación sigue existiendo en los registros de las centrales de riesgo, afectando el puntaje financiero y la posibilidad de acceder a créditos.
