Irregularidades e incumplimientos de contratos le encontró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a tres operadores wayuu en La Guajira.
EL HERALDO conoció un informe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad del ICBF que indica que en las unidades de atención de la Fundación Watepichin de Riohacha hallaron que incumplían el menú que debían darles a los niños y no encontraron soportes de las entregas de los refrigerios.
En uno de los días de inspección el menú debían ser espagueti con cordero, pero a los niños les estaban dando espagueti con galleta y las porciones se entregaban 'tanteando que alcance para todos'. Igualmente, encontraron cuatro niños con riesgo de bajo peso y una niña con desnutrición crónica. Sin embargo 'no llevaban a cabo' acciones de articulación con salud ni les daban orientación a las familiar para la atención de estos menores.
Adicionalmente, el personal vinculado al programa no cumple con el perfil definido en el Manual operativo de Primera Infancia y los pagos de seguridad social de febrero, marzo y abril de 2016 los realizaron de forma extemporánea.
Durante la visita a la unidad de atención Juyaa, donde atienden 19 beneficiarios de la comunidad Wasimo, en el kilómetro 5 en la vía entre Riohacha y Maicao, se evidenció que el agua para consumo humano no era potable y que no han realizado acciones de intervención nutricional a tres niños identificados con riesgo de bajo peso para la talla.
Este operador firmó el contrato el 11 de febrero y termina el 31 de mayo por $2.797.412.990. Su representante legal es Éder Eduardo Espitia Estrada.
En Uribia inspeccionaron la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu, de la zona de la Makuira, contratada para brindar atención a 492 niños y niñas en la modalidad tradicional familiar y a 1.050 beneficiarios en la modalidad familiar, que incluye menores de 5 años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. El contrato es por $ 841.628.550.
Allí el ICBF encontró que la estructura no cumplía con los requisitos de acuerdo al número de beneficiarios. Al momento de la visita, el 20 de mayo a las 10 de la mañana, no había servicio. De acuerdo con una madre comunitaria ya se habían acabado las actividades del día.
De acuerdo con la madre comunitaria a esa hora ya había suministrado desayunos, refrigerios y almuerzos, información que ratificaron miembros adultos de la comunidad, indica el informe.
Además, en el lugar no encontraron los documentos de los niños ni aquellos que permitieran evidenciar la entrega de las raciones.
En este centro, cuya representante legal es Omaira Fernández Fernández, no se evidenció planeación ni ejecución del proyecto pedagógico. También quedó en evidencia la ausencia de material de consumo y didáctico, y la falta de soporte documental de las actividades realizadas.
El 18 y 19 de mayo el ICBF inspeccionó el hogar de la Unidad de Atención Cartón Guajiro de la Fundación Arregopine en Riohacha y encontró que esta cambió de razón social sin solicitar la aprobación a la regional.
También hallaron que la alimentación no contemplaba el enfoque diferencial, de acuerdo con la comunidad indígena atendida, y que no realizaban la intervención nutricional ni acciones de orientación a las familias de acuerdo con las recomendaciones nutricionales. El contrato de Arregopine es por $ 240.465.300. Su representante Adony Arregocés, indica el ICBF.
Por estas irregularidades los contratos no serán renovados, atendiendo órdenes de la directora general, Cristina Plazas, quien anunció meses atrás que si los operadores no cumplían no volverían a trabajar para el Instituto.
