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De izquierda a derecha, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el senador Roy Barreras, durante la lectura de un comunicado.
EFE
Colombia

Acuerdo de paz se blindaría en Constitución

Negociadores del Gobierno y las Farc anunciaron ayer un mecanismo para brindar seguridad jurídica al pacto y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

Los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc anunciaron ayer desde La Habana un mecanismo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

“Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir” con esos objetivos e introducir el acuerdo final de paz en el ordenamiento jurídico colombiano, según el comunicado conjunto dado a conocer por los negociadores.

El futuro acuerdo de paz tendrá la consideración de “Acuerdo Especial” y pasará a formar parte del llamado “bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio”, según explicó el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle.

La consideración de “acuerdo especial” se realiza con base en los Convenios de Ginebra y este se incorporará al derecho interno por medio de un acto legislativo, que se tramitará como una ley ordinaria, se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas en Congreso y Senado, así como en los plenos de las dos cámaras.

Según lo acordado, el Gobierno planteará ante las cámaras legislativas, antes del próximo 18 de mayo, la tramitación del mecanismo acordado, incluida una propuesta de artículo transitorio dentro de la Constitución que supone el desarrollo del derecho a la paz.

Acuerdo político. De la Calle explicó que el acuerdo de paz es un “acuerdo político”, fruto de una negociación entre un Gobierno y una guerrilla, por lo que “requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo”, así como garantías para su cumplimiento.

“Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando procedimientos internos propios del Estado de Derecho”, subrayó el jefe negociador del Gobierno.

Las partes anunciaron que el acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario; y que una vez se firme la paz, habrá una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas para que ese organismo ampare el acuerdo de paz.

Además de apoyarse en el marco del derecho internacional, De la Calle aclaró que, entre estas medidas de seguridad jurídica de la paz, habrá un mecanismo de “refrendación popular”, aunque aún no ha sido pactado en la mesa de La Habana, podría derivar en un eventual plebiscito.

El Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. “El jefe de la delegación de las Farc hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular (...) Lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado”, señaló.

De la Calle reiteró  que el Gobierno continúa “trabajando intensamente en las fórmulas para convenir el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas”.

Jerarquía Normativa. De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Moncada, lo acordado en la jornada en la capital cubana equivale a “otorgar a los papeles de La Habana la misma jerarquía normativa de nuestra Constitución...”.

Pero para llegar al objetivo de lo acordado por las partes en Cuba, advirtió Moncada a es necesaria una reforma constitucional que podrá ser tramitada en el Congreso.

En tanto, el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, calificó el acuerdo del jueves como “una decisión muy trascendental porque implica nada menos que los acuerdos de paz de La Habana van a quedar a salvo de cualquier tipo de modificación que se les quiera introducir”.

El parlamentario enfatizó en que “ha quedado resuelto, ni más ni menos, el problema de la estabilidad jurídica de los acuerdos” de paz.

“Un golpe de Estado”. El partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, calificó de “golpe de Estado” el mecanismo anunciado por el Gobierno y las Farc para darle seguridad jurídica al acuerdo de paz que negocian en La Habana.

El Centro Democrático afirmó en un comunicado que “incorporar al bloque de constitucionalidad esos acuerdos es una violación de la Constitución Nacional y una imposición indebida e inaceptable”.

“El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para elevar a la categoría de acuerdo especial los acuerdos de La Habana es un golpe de Estado a la democracia colombiana”, expresó el partido de Uribe.

En opinión del movimiento uribista, con este mecanismo lo que se hará será una “modificación de la Constitución desde La Habana” y el Congreso Nacional, que es el encargado de aprobar las leyes, “se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las Farc”.

Por esa razón, el Centro Democrático reiteró su llamamiento a la “resistencia civil” planteada el lunes por Uribe para oponerse a los acuerdos de paz, que considera hacen demasiadas concesiones a las Farc y abren la puerta a la impunidad en los crímenes cometidos por esa guerrilla.

Por su parte, el senador de la U, Roy Barrera, quien estuvo presente en el anuncio del acuerdo, manifestó que “mientras la guerrilla acepta la Constitución, el Congreso, el control constitucional,  el CD invita a desconocerla con resistencia civil”.

ANÁLISIS

El acuerdo tiene una serie  de trampas: Jaime Araújo Rentería

El documento tiene varios temas, el central es darle estabilidad y seguridad al acuerdo final, con ese efectivo buscan elevarlo al rango de norma constitucional y presentarlo a la comunidad internacional para protegerlo. Esto tiene una serie de trampas como el procedimiento, pues a pesar de que tratan de llevarlo a rango constitucional no le dan el trámite de reforma constitucional, sino de una ley.
Es un procedimiento que no es el normal del derecho colombiano y que tiene muchos riesgos, porque con el argumento de la paz todo cabe y con ese procedimiento tan flexible mañana la Constitución queda valiendo nada. Si además de eso se necesita de una mayoría especial para que lo que el presidente pacte no valga, estamos en una dictadura constitucional. O sea hemos constitucionalizado la dictadura del presidente, así sea bajo el pretexto de la paz y eso no es bueno para la democracia.

Jaime Araújo Rentería, ex magistrado de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral

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