Bogotá. En el marco de un nuevo debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la canciller María Ángela Holguín reportó las acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional para paliar la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela.
Informó la ministra de Relaciones Exteriores que, además, ayer, en la reunión en Quito entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, la delegación colombiana le reiteró a Maduro la necesidad de investigar los asesinatos de los dos indígenas wayuu al parecer del lado venezolano.
También, dijo, se le pidió al cónsul de la localidad vecina de Maracaibo una pesquisa al respecto.
Por ahora se señala que las víctimas, identificadas como Daiver Fernández y Henry Ipuana, habrían sido asesinados por militares venezolanos mientras se transportaban en una motocicleta por la región del Zulia, en donde asistirían a un funeral.
Indicó además la ministra que de 211 familias colombianas deportadas por orden de Caracas y que se encontraban sin reunificar, restan al menos 30 por volver a encontrarse con sus seres queridos, sobre todo, a falta de trámites como el registro civil de sus hijos.
'Muchas de estas familias han logrado reunificarse porque sus hijos pasaron a través de las trochas', dijo la funcionaría, quien advirtió que la traída de los enseres 'ha sido más difícil. Ayer lo estuvimos conversando y esperamos que esta semana se pueda lograr'.
Holguín estuvo respondiendo por segunda ocasión, tras el debate de control político citado la semana pasada en la plenaria de la misma cámara baja, donde recibió el apoyo de las mayorías oficialistas por la gestión realizada frente al tema de la frontera.
A la célula legislativa también asistió la ministra de Comercio, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa.
Mañana, según lo pactado ayer en Ecuador, un equipo de ministros colombianos y venezolanos se reunirán en Caracas para abordar varios asuntos, entre los que se encuentra la 'progresiva normalización de la frontera', cerrada desde el pasado 19 de agosto por mandato unilateral de Maduro.
