La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) analizará desde el martes próximo en Brasilia las supuestas violaciones de esos derechos ocurridas en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia de Colombia, sobre las que espera sentenciar en 2014.
Las dos audiencias previstas sobre ese caso serán celebradas en el marco del 49ª período de sesiones extraordinarias de la CorteIDH, que será inaugurado mañana en Brasilia con una ceremonia a cargo del presidente de ese organismo, el peruano Diego García-Sayán.
El martes y el miércoles, la CorteIDH escuchará a tres víctimas, tres testigos y tres peritos que declararán sobre lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, desde el momento en el que el hoy disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) entró al Palacio de Justicia en la capital colombiana.
El día 6, unos 35 miembros de ese grupo guerrillero ocuparon ese emblemático y céntrico edificio bogotano, en el que mantenían a unos 350 rehenes, y las Fuerzas Armadas lo recuperaron al día siguiente mediante una cruenta acción militar en la que murió un centenar de personas y en la que hubo doce desaparecidos.
Los nueve testimonios que se escucharán en Brasilia supondrán la conclusión del 'capítulo oral' del proceso, tras el cual se abrirá un plazo para que las partes presenten sus argumentos por escrito.
Según explicó el mes pasado García-Sayán, la corte estará en condiciones de dictar sentencia durante el primer semestre de 2014.
En el proceso abierto contra el Estado colombiano, hay 147 personas 'que se consideran víctimas' y entre ellas se incluyen aquellas que dicen haber sido torturadas por el Ejército, así como familiares de fallecidos o desaparecidos durante la toma del Palacio de Justicia.
La demanda fue planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual consideró que las autoridades de ese país no hicieron los esfuerzos necesarios para investigar las supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante aquellos hechos.
Los organismos humanitarios que presentaron la demanda sostienen que, en 1985, el Estado colombiano 'no fue sorprendido' por la toma del Palacio de Justicia y que no sólo no hizo nada para impedirlo, sino que hasta lo facilitó.
'Desde agosto de 1985, el Ejército tenía información que indicaba que el M-19 tomaría el Palacio de Justicia', señala un documento sobre el caso facilitado a Efe por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que es una de las partes demandantes en el proceso.
El documento añade que, a pesar de tener información sobre la inminente acción del M-19, 'dos días antes de la toma, de forma repentina e inconsulta, fue retirada la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y al personal' que trabajaba en el lugar.
El CEJIL denuncia que, 27 años después de los hechos, 'aún se desconoce el paradero de once de las doce víctimas desaparecidas' y que 'la situación de estas personas es responsabilidad del Estado, dado que no cumplió con su obligación de realizar la investigación necesaria' para aclararla.
El caso de la toma del Palacio de Justicia colombiano será el único que analizarán los magistrados de la CorteIDH durante el 49ª período de sesiones extraordinarias, que concluirá el próximo jueves con un seminario sobre derechos humanos.
El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Joaquim Barbosa, explicó que las audiencias serán abiertas, pues uno de sus objetivos es que juristas, estudiantes y el resto de la sociedad brasileña conozcan el funcionamiento de la CorteIDH.
