Bogotá. El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, aseguró este miércoles que el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, no tiene razón cuando señala que el acuerdo de justicia con las Farc 'es un pacto de impunidad', pues este incluye penas.
El procurador 'no tiene razón, claramente el acuerdo habla de penas y mientras haya penas no hay impunidad', manifestó Reyes en declaraciones difundidas por su despacho.
Ordóñez envió una carta este martes a la Corte Penal Internacional (CPI), afirmando que el acuerdo de justicia entre el Gobierno y las Farc 'es un pacto de impunidad' porque 'estimula la repetición de los crímenes atroces en el país y el surgimiento de nuevas víctimas', pues los culpables no tendrán penas de reclusión.
El jefe de la cartera de Justicia explicó que la CPI tiene la opción de intervenir frente a casos concretos siempre y cuando se reúnan dos condiciones 'una fundamentalmente que la justicia del país no opere', cosa que no ocurre en Colombia, y la otra se refiere a la justicia transicional.
Agregó que 'aquí no puede decir nadie que no se han adelantado procesos en contra de las Farc, o que no se han adelantado procesos por hechos cometidos por paramilitares, luego la justicia colombiana ha actuado permanentemente'.
En cuanto a la segunda condición, Reyes afirmó que 'se está creando en acuerdo con la guerrilla una juridicción especial para la paz que supone que todos los hechos relacionados con el conflicto van a pasar por ella, de tal manera que los presupuestos para que intervenga la CPI no están dados'.
El pasado 15 de diciembre los negociadores del Gobierno y de las Farc firmaron el acuerdo sobre víctimas, que incluye la creación del mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado.
El sistema integral de justicia lo componen cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Las dos partes establecieron que cuando termine el conflicto armado se podrá otorgar la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida, ni habrá indultos para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos.
