En el históricamente olvidado departamento de La Guajira, en donde el año pasado se registraron 85 muertes por desnutrición y 1.954 casos del mismo déficit en niños y niñas de primera infancia, las esperanzas de que haya un cambio estructural en el sistema para atender las necesidades urgentes y de vieja data de las poblaciones –sobre todo- del norte del territorio, donde en su mayoría conviven comunidades indígenas, son tan lejanas y escasas como los es encontrar agua potable en las rancherías de Manaure.
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El drama parece que no va a cambiar por ahora. Luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto de estado de emergencia económica y social en La Guajira varias organizaciones wayuu y palabreros de la zona mostraron su desazón; sin embargo, lo cierto es que desde hace más de cinco años de la publicación de la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional, la situación no cambia, los niños se siguen muriendo de hambre, el agua es casi un espejismos y los discursos de los políticos se han quedado en solo palabras.
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'Lamentamos que la Corte Constitucional haya tumbado el decreto de Estado de Emergencia en el Departamento de La Guajira. Sin embargo, somos respetuosos de estas decisiones de las altas Cortes, pero finalmente quienes quedan en la mitad de esta polarización que nos viene afectando a nosotros es el pueblo indígena Wayuu, porque a buena hora el Estado había decretado este Estado de Emergencia para solucionar los temas de desabastecimiento de agua, la muerte de niños, por física, hambre y sed', señaló José Silva, líder indígena.
'Finalmente los únicos perdedores en esta contienda es el pueblo indígena wayuu, son los niños indígenas que esperan una solución de fondo frente a las problemáticas que tanto nos aquejan', agregó.
