La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, después de un trabajo investigativo adelantado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas en torno a los patrones que rodearon los asesinatos de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección.
Los investigadores de la UIA concluyeron que, de los 35 casos examinados, transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente. Además, la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos. Así mismo hubo casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo 'ordinario' y los homicidios fueron consumados.
