Treinta y tres parlamentarios del Centro Democrático (que tiene 51 congresistas) presentaron un proyecto de ley a través del cual proponen que se sometan a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y que se refieran a derechos fundamentales.
El proyecto, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 377 del Título XIII de la Constitución, indica: 'Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado almenos la cuarta parte del censo electoral'.
Y en un parágrafo se lee: 'Cuando la Corte Constitucional mediante un fallo interprete materias referidas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título ll y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al congreso, la ciudadanía podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación, si la considera contraria a sus principios fundamentales. Y se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral y cumplan las exigencias del artículo 155 de la Constitución Política'.
El aparte de la Constitución a que alude el proyecto se refiere a los derechos fundamentales a la vida, a la no tortura ni tratos crueles, la igualdad, la personalidad jurídica, intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la no esclavitud, la libertad de conciencia, de cultos, libertad de expresión, a la honra, la paz, peticiones a las autoridades, a circular libremente, al trabajo, a escoger profesión u oficio, libertades de enseñanza y a la libertad.
Así mismo, al debido proceso, al habeas corpus, a la apelación judicial, a capturar delincuentes en su domicilio, a no declarar en contra de sí y de los suyos, al no destierro o prisión perpetua o confiscación, a que el Estado extradite a ciudadanos por delitos en el exterior, al asilo, a manifestación pública, a la libre asociación, a constituir sindicatos, a elegir y ser elegido, al estudio de la Constitución.
Los firmantes del proyecto son Margarita Restrepo, Milton Angulo, Óscar Pérez, Óscar Arango, Óscar Villamizar, Ricardo Ferro, Rubén Molano, Yenica Acosta, César Martínez, Álvaro Prada, Álvaro Uribe, Christian Garcés, Diego Osorio, Edward Rodríguez y Edwin Valdés.
Igualmente, Edwin Ballesteros, Enrique Cabrales, Esteban Quintero, Gabriel Vallejo, Gabriel Santos, Gustavo Londoño, Héctor Ortiz, Hernán Garzón, Jairo Cristancho, Jennifer Arias, John Bermúdez, José Uscátegui, José Carreño, Juan Vélez, Juan Espinal, Juan Daza, Juan Celis y Luis Gómez.
