El 13 de enero del 2013 comenzaron las pesadillas para la multinacional carbonera Drummond, luego de que por un accidente industrial vertiera al mar Caribe, desde una barcaza averiada, aproximadamente 500 toneladas de carbón. A partir de ese momento sucedieron hechos con repercusiones en las operaciones y en el normal desarrollo de sus actividades portuarias.
Hoy como ayer, la empresa norteamericana está en la mira de los ambientalistas y de los entes con competencia en el tema. Desde el primero de enero pasado, de manera particular, está en el centro de las críticas a nivel nacional por el incumplimiento a una norma que la obligaba a implementar, desde ese día, el sistema directo del cargue del mineral al barco.
La compañía norteamericana, que diariamente le genera al país 11.471 millones de pesos en regalías, impuestos, tasas y contribuciones, además de otros, tiene hoy una orden de suspensión por parte de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag y una investigación sancionatoria del Gobierno Nacional que le exigiría el pago diario de 3 mil millones de pesos hasta tanto cumpla con la ley.
Suspensión de licencia. La situación de Drummond pasó de castaño a oscuro el 13 de enero del 2013, cuando una barcaza con carbón tuvo una emergencia. Llevaba una carga de 2.957 toneladas del mineral, de los cuales 1.100 fueron depositados en una embarcación y otra parte en una nueva barcaza.
Aunque el caso se mantuvo oculto, la publicación a los pocos días de unas fotografías que mostraban el percance, dejaron al descubierto el problema y mostraron la realidad del hecho.
Poco tiempo después del incidente, la casa matriz de la compañía, con sede en Alabama, EE. UU., reconocía que varias toneladas habían caído al mar y tras lamentar el suceso, se aseguraba por los directivos de la empresa que revisarían el plan de contingencia para evitar que hechos similares se repitieran.
Fue el 6 de febrero del 2013 cuando la multinacional recibió el primer golpe. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendía su licencia para cargue y descargue de carbón en el puerto de Papare, en Ciénaga.
La que fue considerada como 'noticia histórica' la entregó en Santa Marta la entonces directora de la Anla, Luz Helena Sarmiento, hoy ministra de Ambiente.
La decisión quedó oficializada con la expedición de la resolución 123 de esa fecha, la que advierte que el cierre de las actividades por parte de la Drummond se mantendrá hasta cuando presente y actualice el plan de contingencia.
Paralelo a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación daba inicio a una indagación preliminar para determinar responsabilidades de índole penal. La apertura de este proceso estuvo a cargo de la unidad de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Levantan sanción. El primero de marzo, es decir, 22 días después de la sanción, la Anla levantaba la suspensión de las actividades de cargue de carbón mediante barcazas que se impuso sobre la operación del puerto carbonífero de American Port Company - Drummond.
La entidad ambiental aclaraba, que 'la reapertura de la actividad de cargue mediante barcazas no significaba la terminación de la investigación, pues estaba en curso un proceso sancionatorio que determinaría si lo ocurrido el 13 de enero fue un accidente o una negligencia'.
'Hasta tanto no se culmine la investigación se no podrá determinar una eventual sanción. Es posible que se configure una falta grave y si es el caso, la sanción será proporcional al daño y ejemplarizante', dijo en su momento Luz Helena Jaramillo.
Los cargos. El 22 de mayo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —Anla— volvía a aparecer en escena, esta vez con formulación de cargos a las empresas American Port Company Inc, Drummond y a Transport Services, por alterar, deteriorar o afectar el ecosistema marino, por el evento ocasionado el 13 de enero de 2013. Los cargos se dieron luego de las pruebas recaudadas y el avance en la investigación.
Anla precisaba que entre las consecuencias que dejó la emergencia, estaban la afectación de más de 188 mil metros cuadrados de área marítima, la extinción de especies animales y vegetales y la alteración del paisaje natural y que 'ante esto el ecosistema marino tardaría más de 10 años para recuperarse'.
Igualmente revelaba que en las fotografías que fueron publicadas sobre el evento se observaba que 'la barcaza con identificación TS 115, se escoró hacia un lado, con un ángulo superior a 30 grados; situación que sumada al oleaje de la zona, permite concluir que más del 50 por ciento de la carga interior de la barcaza fue vertida al mar'.
La multa. El 18 diciembre de 2013 acontece un hecho histórico. Por primera vez se sancionaba con una multimillonaria suma a una empresa por afectar el medio ambiente. 7 mil millones de pesos debe pagar la Drummond por la contingencia del 13 de enero y sus efectos nocivos al ecosistema.
La sanción, impuesta por el Ministerio del Ambiente, contempla, además de la multa, la realización de un trabajo comunitario y la limpieza del lecho marino afectado.
Al calificar la decisión como un hecho sin precedentes, la ministra Luz Helena Sarmiento - quien en otrora fuera la directora de la Anla - destacó que lo más relevante de la penalidad, más allá de los recursos económicos que pasarán al erario, es el hecho de que se obliga a la empresa infractora a resarcir el daño al medio ambiente.
Indicó que la Drummond 'contará con un año para extraer el carbón del lecho marino y limpiar las playas afectadas por el cargue y el transporte del mineral'.
Al explicar el porqué de la determinación, la funcionaria dijo que 'la Drummond no activó el plan de contingencia de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo, pues no le informó a las autoridades locales la ocurrencia del evento y el manejo oportuno eficaz para que la emergencia se atendiera de manera adecuada'.
En respuesta a la medida, el presidente de la multinacional norteamericana, José Miguel Linares, afirmó que acataban la decisión pero advertía que la multa era muy alta. Frente a la sanción económica la comunidad de Ciénaga manifestó que eso es 'como quitarle un pelo a un gato', se decía.
Nueva suspensión. El comienzo del año 2014 fue tan traumático para Drummond como el anterior. El no haber cumplido con la obligación del cargue directo a partir del primer de enero, le acarreará sanciones que van desde multas hasta el cierre temporal o definitivo de las operaciones.
La empresa ya había anunciado que no iba a cumplir con lo establecido por el Gobierno, debido a que una huelga de 53 días que realizaron los trabajadores había demorado las obras del nuevo muelle y que solo hasta finales de marzo tendrían todo listo.
El 3 de enero, mediante resolución 0001, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de cargue o descargue de carbón por parte de la empresa American Port Company Inc, del grupo Drummond, a raíz del incumplimiento en la norma de cargue directo de este mineral.
Según el ente ambiental, la empresa no cumplió con el decreto que obligaba a todos los puertos marinos del país a realizar el cargue de carbón a través de bandas transportadoras y no por medio de barcazas.
La medida, que deberá ser oficializada por la Anla, estará vigente, hasta tanto se implemente el nuevo sistema de cargue.
'No se afectó el ecosistema'
La Drummond, a través de su presidente José Miguel Linares dijo que un estudio realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que contó con la veeduría de la Fundación Ambiental Fiatmar estableció que no se encontró alteración de la calidad del agua, ni afectación a los organismos en la zona donde ocurrió el incidente el 13 de enero.
'Aunque se reportó presencia del carbón embebido en el fondo lodoso, este ya está siendo colonizado por organismos del suelo marino y ha empezado a hacer parte del mismo', afirmó Linares.
