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“El turno ahora es para Maduro”: Duque a la CPI tras decisión sobre Putin

El expresidente colombiano celebró la decisión que tomó la Corte Penal Internacional frente a los crímenes cometidos por Vladimir Putin y les solicitó actuar con la misma rapidez contra el mandatario venezolano.

El expresidente Iván Duque, solicitó este viernes 24 de marzo que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con la misma rapidez con la que lo ha hecho contra el líder ruso, Vladímir Putin.

“Todos los que defienden la democracia en el mundo”, según dijo a EFE, deben exigir que intervenga “con la misma celeridad” que con Putin y que “adicionalmente se declare a Venezuela como país patrocinador del terrorismo por la protección que le da a miembros del ELN, de la disidencia de las FARC y del narcotráfico”.

Duque (2018-2022) se pronunció en el Centro Wilson, un laboratorio de ideas (“think tank”) con sede en Washington en el que comenzó a trabajar en el otoño de 2022 como miembro distinguido, centrado en investigar desplazamientos de población, crisis climática y democracia.

Que se declare a Venezuela como país patrocinador del terrorismo.

En una sesión sobre la crisis en Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente, destacó en su discurso que hay suficientes pruebas contra Maduro como para que ese tribunal emita una orden de arresto contra él.

La lanzada este mes contra Putin y contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, se produjo por la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, según el fiscal de la CPI, Karim Khan.

Para Duque, Venezuela es la mayor amenaza a la democracia y a la seguridad en la región, y el “blanqueamiento diplomático” a lo que sucede en ese país es “lo peor que puede pasar”.

La compra de petróleo venezolano, añadió, solo contribuye a reforzar al régimen: “Cada barril de petróleo comprado a Venezuela es un barril contaminado con las mayores violaciones a los derechos humanos”.

Duque, que finalizó su mandato en agosto 2022 y fue sucedido en el cargo por el izquierdista Gustavo Petro, criticó además el cierre de medios de comunicación y de universidades en Venezuela, las amenazas a la Iglesia y “a todo aquél capaz de decir cualquier cosa negativa sobre el brutal ejercicio de autoritarismo”.

El exmandatario reprochó igualmente el desarrollo del proceso de negociaciones en México entre el Gobierno venezolano y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria.

El pasado noviembre estos firmaron un pacto social que contempla la recuperación de más de 3.000 millones de dólares del Estado venezolano que están bloqueados en el sistema financiero internacional.

El jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, criticó a principios de mes que aún no se haya cumplido y señaló que se debe a que la oposición “no tiene palabra”, lo que no ha permitido concretar lo acordado, la creación de un fondo fiduciario -manejado por la ONU- para canalizar partidas destinadas a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades.

“No creo que en México haya un diálogo, allá lo que hay es un monólogo. Es un monólogo de la dictadura tratando de ganar tiempo para debilitar aún más a la resistencia democrática y volverse a presentar a unas elecciones fraudulentas para mantenerse en el poder”, añadió Duque a EFE.

El expresidente advirtió de que no se deben liberar esos activos. Liberarlos “y dárselos a la dictadura sería burlarse de todas las víctimas de las atrocidades que ha cometido Nicolás Maduro en materia de derechos humanos”, dijo.

Duque, del uribista Centro Democrático (derecha), interpuso una denuncia contra Maduro ante la CPI en 2017 cuando era senador.

Posteriormente, cuando ocupaba la Presidencia, Colombia y otros cinco países (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá) pidieron a la CPI que abriera una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, algo a lo que el Fiscal de la CPI accedió en noviembre de 2021.

Actualmente, ese proceso judicial está en desarrollo y la Corte está analizando los testimonios que ha recibido tanto del Estado venezolano como de posibles víctimas, según figura en la web de ese organismo. 

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